Ugaz propone presión para cambiar la CSJ

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El peruano José Ugaz, quien lideró los procesos judiciales por los que el expresidente de su país Alberto Fujimori terminó en prisión, ponderó el comportamiento de la ciudadanía para propiciar cambios. El peruano José Ugaz, quien lideró los procesos judiciales por los que el expresidente de su país Alberto Fujimori terminó en prisión, ponderó el comportamiento de la ciudadanía para propiciar cambios.

El peruano José Ugaz, quien lideró los procesos judiciales por los que el expresidente de su país Alberto Fujimori terminó en prisión, ponderó el comportamiento de la ciudadanía para propiciar cambios. Foto por: Gabriel Rodríguez

El panel de la actividad destacó los casos en que la sociedad civil enfrentó a la corrupción. El panel de la actividad destacó los casos en que la sociedad civil enfrentó a la corrupción.

El panel de la actividad destacó los casos en que la sociedad civil enfrentó a la corrupción. Foto por: Gabriel Rodríguez

El abogado peruano José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, sugirió que la sociedad panameña debe establecer “mecanismos de presión” para lograr cambios en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual, según él, “todos deben renunciar”.

Añadió que es al ciudadano a quien le corresponde cambiar el Estado.

La presión propicia el cambio

El funcionamiento correcto de las instituciones y de la justicia recae en el comportamiento de la sociedad civil en tiempos de crisis.

Así lo aseguró el abogado peruano José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Fue enfático en el papel de la población, que debe identificar las consecuencias que acarrean los actos de corrupción en el aparato público.

“Hay que definir un mecanismo de presión para que haya un cambio”, dijo Ugaz en su presentación el jueves pasado, en el American Trade Hotel, durante el XX aniversario de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Ugaz, el procurador que logró que el expresidente de su país Alberto Fujimori, junto a otros, fuera condenado por actos de corrupción, resaltó que en las últimas décadas la corrupción ha pasado a ser un problema sistémico, con raíces más graves y consecuencias más profundas.

“El crimen organizado ha infiltrado sociedades, partidos, gobiernos. Ahora se habla de miles de millones de dólares, que antes no había”, afirmó.

Manifestó que ese cambio por propiciar, a través de la presión pública, debería ser uno de los mecanismos para resolver la crisis en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. “Lo deseable es que renuncien todos. Hay una crisis de credibilidad, la población no tiene confianza, y los magistrados tienen antecedentes sobre su independencia y su trayectoria”, destacó. “Lo ideal es que accedan a la Corte personas de intachable trayectoria”, añadió.

También se refirió a la situación judicial actual por la que atraviesa el país, cuyo presidente y demás magistrados han sido acusados por actos de corrupción.

“Se está haciendo lo que se tenía que hacer. Se tomaron los casos más emblemáticos del expresidente Ricardo Martinelli y su alrededor, que aún generan consecuencias económicas severas a los panameños”, dijo.

Sin embargo, aclaró que aun cuando celebraban los 20 años del capítulo panameño de esta organización, Martinelli continúa “prófugo”. “Una de las contradicciones frecuentes en nuestra región”, acotó.

Ugaz fue uno de los participantes en el debate sobre los avances contra la corrupción, en el que también estuvo Iván Velásquez, miembro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig); Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional, capítulo Honduras, y Kenneth Hurwitz, asesor en la lucha contra la corrupción de la Open Society Justice Initiative (OSJI).

Al igual que Ugaz, los panelistas valoraron el papel que debe tener la sociedad civil, cuya realidad muchas veces queda opacada por el poder económico.

“Los delincuentes tienen mayores recursos que la sociedad civil y que la propia ley”, enfatizó Hurwitz.

Una de las conclusiones a las que ha llegado la OSJI, respecto a los países en América Latina, no es solo que falta unidad entre los diferentes sectores civiles, sino que “los países con mejores recursos naturales son los peores administrados”.

Además, han podido demostrar que la mayor parte de los dineros utilizados en esquemas de lavado de dinero provienen de operaciones fraudulentas con dinero público a través del Estado.

EJEMPLOS EN LA REGIÓN

La presión ciudadana guatemalteca se convirtió en protagonista de la historia de su país en 2015. Durante semanas, decenas de miles de personas salieron a las calles a pedir justicia en el caso de La Línea.

A finales de año, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron sometidos a los tribunales por su participación en una sofisticada red de contrabando en las aduanas.

Uno de los protagonistas en la investigación que desarrolló el Ministerio Público (MP) fue la Cicig. El colombiano Iván Velásquez fue uno de sus integrantes.

Velásquez destaca que en Guatemala existía la necesidad de un cuerpo externo que pudiera ayudar al MP a actuar de forma independiente.

“Que esté un colombiano al frente de la Cicig en Guatemala tiene la ventaja de que no hay influencias que se puedan ejercer frente a la entidad, que actúa como debe actuar”, señaló.

Explicó que la Cicig no es una institución de justicia, sino que coopera con las instituciones judiciales en las investigaciones. “Si la Cicig encuentra actores, el MP se siente acuerpado, y si no actúa, queda en evidencia. Siempre tendría que actuar de forma correcta”, dijo.

La influencia de los sectores de poder no solo se reflejaban en la justicia, sino en los propios ciudadanos. “No fue hasta que la Cicig intervino que la gente se animó a declarar. Todo el mundo sabía que eso estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a decir las cosas”.

Un escenario que, considera, se repite en el resto de la región. “La corrupción en Guatemala y en América Latina no es de coyuntura, sino estructural. Aprovecha al gobierno de turno, pero hay un pase permanente. Son cuerpos criminales dentro del Estado”, explicó.

Basado en su experiencia en tierras chapinas, Velásquez expresó que la mejor forma para iniciar el movimiento ciudadano contra la corrupción es “ponerle un rostro” a este delito.

El hondureño Carlos Hernández también fue testigo de grandes cambios en su país.

“El descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social desencadenó en las protestas, protagonizadas por miles de jóvenes”, explicó.

Durante años, varias empresas se beneficiaron con jugosos contratos provenientes de esta institución. Esas mismas empresas luego se convertían en donantes de los principales actores políticos. “Había mucha frustración”.

Hernández comprendió en aquel momento que la mejor acción para evitar la corrupción es entender sus consecuencias sociales, y que la ciudadanía presionara.

“Es importante que la sociedad se dé cuenta de que la corrupción nos afecta a todos y que, en nuestra región, mata. Es importante que la sociedad no sea cómplice con el silencio, que denunciemos y que nos unamos. Hay que presionar al sistema para que ataque los casos de mayor corrupción, independientemente de la capa económica o política a la que el corrupto pertenezca. Si nos unimos, vamos a empezar a ver algunos cambios importantes”, afirmó.

Resaltó que la sociedad tiene la fuerza suficiente para presionar al sistema para que este responda. “Cuando se empieza a ver a altos funcionarios, políticos, empresarios que son atraídos a la justicia, la sociedad empieza a sentir estímulos de que puede dar resultado. Por ello es importante tener funcionarios honestos, pero si no lo son, hay que presionarlos”, agregó.

Hernández destacó la importancia de compartir experiencias entre los países de la región mediante grupos de la sociedad civil. “Hay una masa crítica muy fuerte que está dormida: los jóvenes. En nuestra región, la mayoría son jóvenes. Es importante que ellos sean desafiados. En Panamá, por ejemplo, que las condiciones económicas son mejores, los jóvenes tienen que darse cuenta de que si no actúan ahora, en unos años el nivel de educación quedará deteriorado, las fuentes de empleos se terminarán, y aumentará la inequidad. Hay que compartir experiencias con los jóvenes universitarios de Honduras, de Guatemala, y en ese contacto puede haber nuevos estímulos para estrategias conjuntas, porque tenemos realidades similares”, resaltó.

LECCIONES PARA PANAMÁ

Ramón Ricardo Arias, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, sostuvo que si bien existe una crisis institucional en el país, aún la situación está en un punto en el que la propia sociedad civil puede resolver sus problemas, contrario a lo que pasó en Guatemala con la necesidad de implementar la Cicig.

“A los panameños todavía nos toca tratar de resolver nuestros propios problemas. Guatemala estaba en una situación distinta a la nuestra, era casi un Estado fallido. Existen las vías dentro de nuestro ordenamiento constitucional para lograr el adecentamiento del Órgano Judicial, por ejemplo”, manifestó.

A su juicio, hay que hacer algo “drástico” para rectificar la Corte Suprema de Justicia. “Tenemos que buscar el camino para enmendar esos entuertos en la Corte y en el poder judicial”, agregó.

Además, Arias señaló que, pese a la mejoría de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, todavía el puntaje es muy bajo y “no hay un verdadero progreso hasta una mejoría considerable”.

El propio Ugaz estuvo a cargo de la presentación de dicho informe. Panamá quedó en el puesto 72 entre 168 países, con una calificación de 39 puntos, en un marcador en el que 100 significa altamente transparente y 0 altamente corrupto. El Salvador, Trinidad y Tobago y Mongolia obtuvieron los mismos puntos que Panamá.

En 2014 recibió una calificación de 37 puntos; en 2013, de 35; y en 2012, de 38.

“No es que haya más corrupción, sino que se percibe más, se destapan los casos”, explicó Ugaz.

Arias, por su parte, fue un poco más crudo sobre el tema. “Me da vergüenza que la gente se jacta de la economía pujante, de que somos del primer mundo, del progreso”, afirmó.

Durante la ceremonia por el XX aniversario de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, cuyo moderación estuvo a cargo del presidente ejecutivo de esta organización, Carlos Gasnel, se le hizo una distinción especial al primer equipo de trabajo.

Se reconoció la labor de Félix Wing Solís, asistente ejecutivo y luego director del programa ciudadano ambiental; Alejandro Villalobos, auditor interno; Marianela Díaz, directora administrativa; Lina Vega Abad, vicepresidenta ejecutiva; Angélica Maytín Justiniani, coordinadora de proyectos y luego presidenta ejecutiva por más de 10 años; e I. Roberto Eisenmann Jr., presidente de la junta directiva.

Asimismo, se reconoció a Gilberto Guardia Fábrega, miembro honorario de la fundación.

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