Ejecutivo vetaría ley de aparcaderos gratuitos

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El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reveló la posibilidad de que el Ejecutivo vete parcialmente u objete por inexequible el proyecto de ley 10, que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor y establece el uso gratuito de estacionamientos.

El proyecto de ley 10 espera desde hace dos meses y siete días la sanción o veto del Ejecutivo.

Vetarían ley de aparcaderos

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, advirtió que el proyecto de ley 10 que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor y que establece el uso de los estacionamientos gratuitos, podría ser vetado por inexequible (inviable).

A pesar de que han transcurrido dos meses y siete días desde que fue aprobado en tercer debate, el Ejecutivo aún no ha informado si sancionó o vetó esta iniciativa.

El proyecto establece el derecho al espacio de estacionamiento, por lo que el usuario tendrá derecho a utilizarlo libre de costo por un período de hasta tres horas.

La norma incluye los aparcamientos comerciales de cualquier tipo u oficinas públicas donde se realicen compras, se adquieran bienes o se reciba algún servicio. Las clínicas y hospitales deberán otorgar un período no inferior a dos horas para los pacientes y no inferior a una hora para los visitantes.

El ministro Alemán manifestó que la Dirección Jurídica de la Presidencia está por determinar si ese proyecto de ley es constitucional o no. “Allí hay temas que tienen que ver con la propiedad privada y hay que analizar si eso es exequible o no”.

Precisó que espera esta semana tener ya un criterio para que el presidente Juan Carlos Varela tome le decisión de sancionar esa ley u objetarla. Dijo que si la Asamblea insiste, entonces le tocará a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la constitucionalidad de la ley.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha planteado que el proyecto atenta contra el libre comercio y la competencia, así como con el uso y disfrute de la propiedad privada.

El proponente, el diputado Leandro Ávila, dijo que hay presiones del sector privado para que el Ejecutivo vete la ley. Indicó que se ha violado la ley, ya que la Constitución establece un término de 30 días para que el Ejecutivo devuelva a la Asamblea los proyectos con su objeciones.

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