ESPIONAJE EN EL GOBIERNO MARTINELLI

Víctimas emplazan a Mejía por caso de ‘pinchazos’

Querellantes y el fiscal de la causa, Harry Díaz, se reunieron ayer. Piden que el juez del proceso, Jerónimo Mejía, acate la decisión del pleno.

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Mitchell Doens y Balbina Herrera, víctimas de las interceptaciones de comunicaciones en la gestión pasada, exigen celeridad en el caso. Mitchell Doens y Balbina Herrera, víctimas de las interceptaciones de comunicaciones en la gestión pasada, exigen celeridad en el caso.
Mitchell Doens y Balbina Herrera, víctimas de las interceptaciones de comunicaciones en la gestión pasada, exigen celeridad en el caso. Archivo

Las víctimas del espionaje perpetrado en la administración del expresidente Ricardo Martinelli, emplazaron ayer al magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías de la causa, para que gestione la detención provisional del exmandatario, tal como se lo ordenó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 21 de diciembre.

Luego de una reunión con el magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal del caso, las víctimas expresaron su inconformidad con “la lentitud” de Mejía. Balbina Herrera, quien se querelló contra el exgobernante por este caso, aseguró que existe “gran descontento” por parte de quienes fueron objeto de las escuchas telefónicas por la forma en que se tramitan las pesquisas, y porque no se ha ejecutado la detención provisional de Martinelli.

Manifestó que quiere conocer cómo actuará ahora Mejía y sobre las circunstancias que han impedido la tramitación de la orden de detención. “Pedimos respetuosamente al magistrado Mejía que tome alguna acción en este caso, y que se conozca si se tramitará la orden dada por el pleno”, agregó. Detalló que sus abogados le han explicado que el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Martinelli no detiene la tramitación de la orden emitida por el pleno.

Por su parte, el dirigente perredista Mitchell Doens, otro de los espiados por el pasado gobierno, manifestó que es necesario que la Corte se pronuncie en torno a las acciones tomadas por el juez. Mientras que el abogado Carlos Herrera Morán, quien representa al médico Mauro Zúñiga, otra de las víctimas de los pinchazos, estimó que Mejía tiene la responsabilidad de cumplir con el mandato del pleno.

El jurista reconoció que la defensa de Martinelli ha intentado, por todos los medios, dilatar el proceso y provocar que tanto el fiscal como el juez de garantías no avancen.

Dijo, además, que Mejía tiene múltiples mecanismos para hacer efectiva la orden de detención provisional contra Martinelli, entre ellos el Tratado de Asistencia Legal Mutua suscrito entre Panamá y Estados Unidos. Además, aseguró, se puede presentar una solicitud de extradición a través de la Cancillería o echar mano de acuerdos bilaterales entre ambas naciones.

EL CASO DE TELLO

Por otro lado, hasta ayer, los miembros del pleno de la CSJ no se habían pronunciado sobre la solicitud de impedimento presentada por el magistrado suplente Efrén Tello para conocer el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Martinelli.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia explicaron que la solicitud de impedimento de Tello se encuentra en lectura por parte de los magistrados.

Ya en este caso, el magistrado Luis Ramón Fábrega, quien presidió la audiencia del pasado 21 de diciembre, se declaró impedido para resolver este recurso con el argumento de que había dirigido la diligencia en la que ordenó la detención provisional del exmandatario. El pasado jueves, la defensa de Martinelli, que hasta el momento ha presentado, al menos, 16 acciones legales por este proceso, recusó a los magistrados que participaron de la audiencia de ese día para que se declaren impedidos de tramitar el habeas corpus.

LOS HECHOS

A Martinelli se le acusa de espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas a través del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que se le investiga por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado.

Esta investigación mantiene tras las rejas a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno pasado Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, mientras que dos exfuncionarios de esa entidad se encuentran prófugos de la justicia.

Entre los espiados se cuentan miembros de la sociedad civil, empresarios, sindicalistas, políticos de todos los partidos, periodistas, entre otros.

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