´Estado no apoya la defensa de los derechos humanos´

Alianza Ciudadana Pro Justicia hizo público ayer un informe sobre la crítica situación por la que atraviesan los activistas de esta materia en el país.

En los últimos 40 años el Estado panameño ha mostrado pocos avances en la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con organismos internacionales en esta materia.

Así lo refleja el informe de Alianza Ciudadana Pro Justicia, que ayer, en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, hizo público este análisis y otorgó un reconocimiento a 20 panameños que se han consolidado como defensores en esta materia.

El documento resalta que el Estado panameño durante este período en reiteradas ocasiones se ha convertido en un obstáculo al derecho de asociación, libertad de expresión, manifestación y garantías judiciales.

Este estudio se desarrolló en el marco del programa “Fortaleciendo las redes de defensores de derechos humanos”, auspiciado por la Unión Europea, en el que se hace referencia a las acciones, fortalezas, debilidades, relaciones, y en general a las condiciones en que se ejercen las acciones en defensa de estos derechos ciudadanos.

“El informe tiene entre sus objetivos visibilizar las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos, su papel en el desarrollo democrático y prevenir aumentos en los niveles de riesgo”, destaca.

Entre los hallazgos más importante se señala el desconocimiento inicial sobre la figura del defensor (a) de derechos humanos.

Además, de que en los últimos años se ha notado un incremento en las hostilidades hacia las personas y organizaciones dedicadas a estas defensas ciudadanas, mediante un discurso público adverso por parte de autoridades políticas a través de medidos de comunicación, incluyendo campañas de odios, descréditos, descalificaciones y el uso de motivos discriminatorios.

También se reflejó en este análisis que los activistas de defensa de los derechos prefieren no utilizar el sistema judicial para la denuncia y resolución de los conflictos, por diversas causas y optan , en su defecto, por los métodos de movilización social para hacer sus reclamaciones o peticiones.

Se plasma la existencia de otras amenazas como el abuso policial, el acoso judicial, restricciones al derecho de asociación y la falta de acceso a la información pública.

Por tanto, entre sus recomendaciones Alianza Ciudadana Pro Justicia destaca la importancia de aprobar una ley de protección para estos defensores.

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