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ÓRGANO JUDICIAL

No arranca reparación del edificio de la Sala V

Aunque la Asamblea ya aprobó una partida para su operación, no hay detalles de cuándo serán nombrados sus magistrados.

Después de siete meses de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia acordara reactivar la Sala Quinta de Instituciones de Garantías, el funcionamiento de esa nueva instancia todavía es incierto, a pesar de que la Asamblea aprobó en julio pasado la primera partida de un presupuesto de operación acordado en 1.8 millón de dólares.

Aunque dicha partida (por 626 mil dólares) está destinada al pago de salarios de los nuevos magistrados y personal de apoyo, a la adquisición de equipos de oficina y a la remodelación del edificio que servirá de sede a la Sala, para esta fecha ni han comenzado esos trabajos ni se ha traspasado el inmueble, y ni el presidente, Ricardo Martinelli, ha designado a los nuevos funcionarios.

La nueva Sala, encargada de resolver los recursos de hábeas corpus y amparos de garantías que lleguen al Órgano Judicial, funcionará en el edificio 238 del Ministerio de Salud (Minsa), en el mismo cerro Ancón, cerca del Palacio de Justicia.

Se trata de un inmueble de mil 200 metros cuadrados, donde está previsto, por ahora, albergar a los tres nuevos magistrados principales y a los tres suplentes de la Sala, así como a su personal de apoyo.

Pero según confirmaron fuentes del Minsa, el departamento de Asesoría Legal de ese ministerio aún espera que las autoridades de la Corte le notifiquen la fecha en que empezarán las remodelaciones, para entonces proceder a firmar el acuerdo de traspaso y comenzar a desalojar al personal que todavía trabaja allí.

Se trata de por lo menos 46 funcionarios destacados en la Unidad de Gestión Administrativa Financiera, la Asociación de Funcionarios de Salud y los departamentos de Provisión de Servicios, Provisión de Suministros Sanitarios y Almacén, quienes ya fueron informados del desalojo, pero no tienen fecha definida ni les han dicho dónde serán reubicados.

La clínica del Minsa será el único departamento que no será reubicado, de acuerdo con las fuentes consultadas para este reportaje.

En tanto, el departamento de Infraestructura de la Salud del Minsa detalló, a través de Relaciones Públicas, que una vez se firme el acuerdo serán traspasados los 633.44 metros cuadrados de la planta baja, primer y segundo piso del edificio, mientras que los restantes 566.66 metros cuadrados serán entregados a la Corte, una vez sea reubicado el Departamento de Almacén.

El costo del traspaso es de un millón 350 mil dólares, que el Órgano Judicial deberá pagar al Minsa en tres partidas, según informó Asesoría Legal.

El primer pago, de 250 mil dólares, deberá ser con la firma del acuerdo. Luego, dos meses después, la Corte debe abonar 550 mil dólares, y dos meses más tarde los restantes 550 mil dólares.

LO QUE SE VE

En un recorrido realizado por este diario se pudo apreciar que, en general, la estructura del edificio 238 está deteriorada como consecuencia de la falta de mantenimiento.

Por ejemplo, las paredes externas están desgastadas a causa de la humedad y en el pasillo de la planta baja, que comunica con los estacionamientos de la Corte, los herbazales se han tomado buena parte del espacio.

Dentro del inmueble, mientras tanto, hay ventanas y mallas en mal estado. Asimismo, el deterioro es evidente en las estructuras de los departamentos de Provisión de Servicios, Provisión de Suministros Sanitarios y Almacén.

Las oficinas de la Unidad de Gestión Administrativa Financiera son las únicas en buen estado.

Tras el recorrido por el edificio, este diario solicitó al Órgano Judicial información actualizada sobre el funcionamiento de la Sala Quinta, pero se informó que la persona encargada estaba de viaje.

No obstante, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas, ha dicho que el Ejecutivo asignó 2 millones de dólares para contratar el personal administrativo y de secretaría que usarán los tres nuevos magistrados, y que todo ese procedimiento marcha conforme a lo establecido.

En julio pasado, después de la aprobación de la primera partida del presupuesto, Salas declaró a los medios de comunicación que ese primer monto cubriría los primeros cuatro meses de operaciones de la instancia, entre septiembre y diciembre de 2011.

Aquella vez, el magistrado también dijo desconocer cuándo serán designados los nuevos magistrados, pero indicó que “lo importante es estar preparados para recibirlos, una vez sean ratificados por la Asamblea Nacional”.

“La idea de esta Sala Quinta es que los hábeas corpus y los amparos tengan una rápida solución, que es uno de los reclamos de la sociedad panameña”, dijo.

Radiografía de una sala de la Corte

La Sala Quinta de Garantías Constitucionales fue creada mediante la Ley 32 de julio de 1999, al final del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, en 1999.

Sus primeros magistrados principales fueron Óscar Ceville, Elitza de Cedeño y Mariblanca Staff, quienes laboraron por dos meses y 24 días.

Luego de asumir Mireya Moscoso la Presidencia de la República, la Sala Quinta fue derogada por la Ley 49 del 24 de octubre de 1999.

Tras dicha derogación, Miguel Bush, Jorge Zúñiga, Mario Velásquez Chizmar y Nelson Rojas, este último actual secretario general en la Procuraduría de la Administración, presentaron cada uno demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 49.

Esas cuatro demandas fueron acumuladas en un solo expediente y asignadas para su conocimiento al magistrado Adán Arnulfo Arjona, quien fue reemplazado durante el año 2010 por el magistrado Alejandro Moncada Luna.

Después de más de 10 años, Moncada Luna emitió un fallo el 25 de enero de 2011, que declaró inconstitucional la Ley 49 que derogó la Sala Quinta.

Ceville es el procurador de la Administración; de Cedeño es magistrada jubilada del Primer Tribunal Superior, y Staff ejerce como abogada litigante.

Staff anunció que presentaría una demanda por daños y perjuicios en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero no lo ha hecho.

Rubén Polanco

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