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En los negocios de azar

La buena racha de Gaming & Services

Aunque en 2009 la administración Martinelli amenazó con eliminar salas de apuestas a la empresa de capital español, la realidad ha sido otra.
El actual contrato de Gaming & Service vencía en 2017. La Junta de Control de Juegos le aprobó una extensión por 20 años, lo que alarga su estancia en el país hasta 2037, con un contrato de exclusividad. LA PRENSA/Archivo. El actual contrato de Gaming & Service vencía en 2017. La Junta de Control de Juegos le aprobó una extensión por 20 años, lo que alarga su estancia en el país hasta 2037, con un contrato de exclusividad. LA PRENSA/Archivo.
El actual contrato de Gaming & Service vencía en 2017. La Junta de Control de Juegos le aprobó una extensión por 20 años, lo que alarga su estancia en el país hasta 2037, con un contrato de exclusividad. LA PRENSA/Archivo.

Después de iniciar con el pie izquierdo su relación con el gobierno de Ricardo Martinelli, la empresa Gaming & Services de Panamá ha logrado en los últimos tres años inclinar la balanza a su favor. Pasó ilesa a una reforma fiscal, que más bien le favoreció, y ahora recibe una extensión de su contrato por 20 años.

El 11 de septiembre pasado obtuvo de la Junta de Control de Juegos (JCJ) una prórroga para seguir operando, por dos décadas más, las 26 salas de juego de máquinas tragamonedas que tiene hasta este momento.

Por la extensión, que le permitirá mantener el control del negocio de las máquinas tragamonedas tipo A hasta 2037, la empresa pagará $13 millones, tras lograr en un acuerdo con ciertas particularidades.

Según la adenda publicada en Gaceta Oficial el 17 de octubre, y refrendada nueve días después por la Contraloría General, la compañía se compromete a pagar $3 millones antes del 30 de septiembre de 2013, y $10 millones antes del 31 de marzo de 2014.

Es decir, este gobierno aseguró la inclusión de $10 millones en la cuenta corriente del Estado, un mes antes de la convocatoria a las elecciones generales del 4 de mayo.

Por cada sala de juego –la mayoría ubicada en zonas de alto riesgo social– la empresa desembolsará $500 mil.

Con esta jugada, el gobierno dispondrá de fondos que podría haber recibido la próxima administración, ya que el contrato firmado por Gaming & Services de Panamá durante el mandato de Ernesto Pérez Balladares vencía en 2017.

Este esquema es totalmente opuesto al que ha ejecutado Martinelli durante su gestión, cuando contrata proyectos bajo el método de llave en mano, con lo que transfiere la deuda a próximas administraciones.

En el caso de Gaming & Services de Panamá se pacta una prórroga cinco años antes que termine el período actualmente vigente.

Doble discurso

La relación entre Gaming & Services y la gestión Martinelli ha dado un giro de 180 grados en cuatro años.

Fue el 4 de agosto de 2009 cuando el presidente Martinelli informó a los medios de que eliminaría las concesiones para operar salas de máquinas tragamonedas, otorgadas de forma directa en 1996 en la administración de Pérez Balladares.

El anuncio de Martinelli se dio en momentos que la empresa Gaming & Services estaba envuelta en un escándalo por el pago de dividendos a sociedades que eran controladas por allegados del expresidente Pérez Balladares.

Según la JCJ, Gaming & Services de Panamá se negaba a revelar el nombre de sus accionistas minoritarios, es decir, identificar a los que lucraban de un negocio que recibió una concesión para operar salas de máquina.

Un mes después del anuncio del mandatario, la JCJ confirmó que había ordenado el cierre de siete salas de juego operadas por Lucky Games, comprada en 2007 por Gaming & Services de Panamá.

Los negocios estaban ubicados en Las Tablas (Los Santos), Changuinola (Bocas del Toro), Bugaba (Chiriquí), Penonomé (Coclé) y la ciudad de Panamá.

Además del cierre, la JCJ ordenó a la compañía pagar $6 millones, luego de que el Estado no recibiera ningún desembolso por el derecho a explotar las siete salas que había operado Lucky Games.

Sorpresivamente, un año después la JCJ firmó una adenda al contrato de Gaming & Services y así le dio luz verde para que aumentara sus operaciones en un 85%.

De 14 recintos pasaron a operar 26 salas de máquinas tragamonedas en el país, un negocio que deja millones de dólares de ganancia al año.

Al menos siete de las nuevas salas se ubican en áreas donde existen comunidades afectadas por la violencia y la pobreza, como: La Doña, en 24 de Diciembre; la Gran Estación, en el distrito de San Miguelito, y La Chorrera.

controlando el juego

Gaming & Services tendrá la exclusividad de las salas de máquinas tragamonedas tipo A hasta 2037, de acuerdo con la extensión de su contrato.

Cuando la JCJ le permitió ampliar sus operaciones, esta empresa pagó $18 millones, divididos en cuatro pagos. El último debió hacerse efectivo antes del 31 de diciembre de 2012.

Y ahora, tras extender la vigencia del contrato –y antes que finalice el período de Martinelli– la compañía habrá pagado al Estado unos $31 millones.

En la primera adenda, la empresa aceptó pagar $18 millones para abrir 12 nuevas salas, mientras que para obtener la prórroga del contrato se comprometió a pagar $13 millones adicionales.

A esta cantidad habría que agregarle los $20 millones que desembolsó la compañía, en 1997, por el derecho de ingresar al sector panameño de apuestas.

Las apuestas en máquinas tragamonedas tipo A lideran el negocio de los juegos de azar en el país. No en vano se han abierto sucursales en sitios de alto tránsito, lo que le garantiza flujo de clientes y el ruido constante de sus máquinas encendidas.

Gaming & Services no solo ha aumentado el número de salas de apuestas durante el actual gobierno, sino que fue beneficiada con una disminución en el impuesto que debe pagar al Estado.

El año pasado, en el último paquete de reformas fiscales aprobadas por este gobierno, y a pesar de la oposición del resto de los operadores de juegos de azar, Martinelli aprobó el proyecto 421, en el que se equiparó al 18% la tasa que deben pagar sobre los ingresos las máquinas tragamonedas, independientemente de si están en un casino completo o en una sala de máquinas.

El primero de enero de 2012 entró en vigencia la nueva tasa que pagarían los operadores de centros de apuestas.

En la norma se establecía que salas de máquinas tragamonedas pagarían 19% de sus ingresos, y en el caso de los casinos completos, 15%.

Este cambio fue contrario a las intenciones que manifestara el gobierno en 2009, cuando informó en un comunicado de prensa, generado por la Secretaría de Comunicación del Estado el 16 de agosto de 2009, que “los impuestos a las salas de juegos serán renegociados por el Estado a favor del pueblo panameño”.

De acuerdo con los miembros de Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), esta disminución significa que las arcas del Estado dejarán de recibir unos $60 millones.

En ese momento, el gremio que aglutina a los casinos completos envió una carta a Martinelli donde pedían que “no queremos que nuestros contratos sufran cambios. Tenemos contratos firmados con el Estado que tienen establecidas las tarifas. No queremos que las cambien ni para descontar ni para sumar. Queremos que se respete la seguridad jurídica de los contratos”.

Informes de la JCJ dan cuenta de que en el primer semestre del año, las salas de máquinas tragamonedas obtuvieron ingresos brutos por el orden de los $161.7 millones. Un negocio que seguirá vigente hasta 2037.

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