candidatos al cargo de Relator especial para la libertad de expresión

Los candidatos activistas

Algunos miembros de la sociedad civil temen que gobiernos críticos de la Relatoría de la CIDH estén detrás de los finalistas.

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Edison Lanza critica el gobierno de Uruguay por la negación de información pública a los medios. LA PRENSA/Archivo. Edison Lanza critica el gobierno de Uruguay por la negación de información pública a los medios. LA PRENSA/Archivo.
Edison Lanza critica el gobierno de Uruguay por la negación de información pública a los medios. LA PRENSA/Archivo.

El cambio de mando en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es uno de los retos que debe enfrentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio próximo, cuando se elija a quien reemplazará a la abogada colombiana Catalina Botero, quien ocupa el puesto desde hace seis años.

La incertidumbre se debe a que miembros de la sociedad civil de varios países han hecho señalamientos en contra de candidatos seleccionados por la CIDH en diciembre pasado, a los cuales vinculan a los respectivos gobiernos de sus países, que, a su vez, han sido fuertes críticos de la Relatoría.

Uno de los que advirtió sobre una supuesta “estrategia” para “neutralizar” la Relatoría fue el exembajador de Argentina en las Naciones Unidas, Emilio Cárdenas.

Cárdenas dijo que la estrategia es colocar a una persona que sea “complaciente” con gobiernos como los de Venezuela y Ecuador, que han sido críticos de la labor de la Relatoría. El exdiplomático señaló que uno de los que pondría a la Relatoría en una situación “preocupante” es su compatriota Damián Loreti.

Días atrás, Botero dijo al diario El Tiempo de Bogotá, que existe un retroceso en los gobiernos “a la crítica, el debate público y vigoroso...”.

Se espera que la persona designada por la CIDH en el puesto de relator continúe con la lucha contra las violaciones a la libertad de expresión en el hemisferio.

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Relatoría Especial fue creada para “promover la conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información, en consideración al papel fundamental que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos”.

En la carrera para presidir la Relatoría también están Edison Lanza e Ileana Alamilla, de Uruguay y Guatemala, respectivamente.

Ellos se disputan el puesto con otros aspirantes de Perú, Chile, Ecuador y Argentina, estos dos últimos vistos con cautela por los medios de comunicación de sus respectivos países, dada la afinidad con sus gobiernos.

Estos finalistas estarán bajo el escrutinio público hasta el sábado 31 de mayo, fecha tope para que la OEA reciba las observaciones de los Estados miembros y de la sociedad civil a los candidatos al puesto de relator.

Los candidatos se entrevistan con siete comisionados de la CIDH durante el 151 período de sesiones, entre el 14 y 26 de julio próximo.

Se espera que el próximo 6 de octubre la persona seleccionada asuma el cargo por un período de tres años, cargo para el cual puede ser reelegido por un período adicional.

EL ACTIVISTA

“Cuando el Estado niega la información, debe explicar cuál es el interés de proteger esa información y cómo ese interés es más alto que el daño que se le produce a la ciudadanía que desconoce esa información”, afirmó Edison Lanza, durante la conferencia: “Libertad de expresión y acceso a la información”, realizada en septiembre pasado en Panamá.

Esta es la lucha que impulsa Lanza en su país, para que el Estado uruguayo proporcione información a los medios de comunicación sobre las compras que realiza y los servicios que contrata.

“En Uruguay hay severas dificultades para los ciudadanos y para los periodistas de acceder a la información pública. Esto claramente repercute en el derecho a recibir y a investigar”, afirmó.

Lanza, periodista y abogado en casos de libertad de expresión, impulsa la creación de un instituto nacional de acceso a la información en su país a fin de regular la clasificación de la información.

Según el periodista, es “lamentable” que en su país exista la “cultura del silencio” y no se concrete la iniciativa de crear el mencionado instituto.

Actualmente, este comunicador social preside el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, una sociedad creada en 2009.

A través de este movimiento social, ha incidido, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, en la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, la despenalización de los delitos de comunicación, la Ley de Acceso a la Información Pública y otros sobre libertad de expresión, medios y derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fue uno de los críticos de la penalización por el delito de desacato en Uruguay, al considerar que se buscaba “privilegiar el honor de un funcionario, ubicándolo sobre el resto de los ciudadanos. Ahí hay opiniones de la CIDH, [y] de la Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión que claramente establecen que son delitos contrarios a los instrumentos internacionales que se han aprobado”.

El delito de desacato en ese país se eliminó el 11 de junio de 2009.

Durante su visita a Panamá, también expresó que, “todos los países de la región somos tributarios de una historia de secretismo, de opacidad. No es algo de países en particular, pero esperamos que este proceso [de leyes sobre acceso a la información pública] cambie esa cultura”.

LA DEFENSORA

La abogada y periodista Ileana Alamilla lleva una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos en Guatemala, de donde tuvo que salir al exilio –por más de 20 años– durante el conflicto armado en su país.

A través del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, creado en 1983, Alamilla documenta abusos, su lucha contra la impunidad y defiende a los periodistas.

“La indiferencia y el silencio matan. Hay que construir una coraza para garantizar la seguridad de los periodistas, que ejercen asumiendo los riesgos y peligros del crimen organizado y el narcotráfico”, sentenció.

En el centro que preside la periodista también se hace un recuento de los ataques del Gobierno contra miembros de la sociedad civil.

Alamilla fue reconocida con el premio Emblema de Prensa, de la organización no gubernamental de igual nombre (PEC, por sus siglas en inglés) en junio de 2013, y como “mensajera de la paz” en su país, por el Ministerio de Cultura y Deportes, en 2011.

Ella ha advertido de que los comunicadores sociales guatemaltecos son “vulnerables, como consecuencia de un sistema de justicia y de seguridad débil”.

Este año, Alamilla fue incluida por la organización Reporteros sin Fronteras en la lista de los “100 héroes de la información”.

El Gobierno de su país le propuso en febrero pasado ser la encargada de la Dirección Técnica del Sistema de Protección a Periodistas. Sin embargo, rechazó el ofrecimiento tras indicar que la sacaría de su dinámica y profesión, así como de la militancia nacional e internacional que tiene.

Agregó, además, que está buscando un cargo en un organismo internacional, entre ellos, Reporteros Sin Fronteras, Emblema de Prensa de Ginebra o el Observatorio de los Periodistas.

En su momento, la comunicadora cuestionó el programa por considerar que estaba integrado solo por instituciones de gobierno y no por organizaciones de periodistas o medios de comunicación, quienes gestionaron su creación. Actualmente, el Gobierno guatemalteco busca la figura de un periodista para dirigir el programa de protección.

EDISON LANZA

Fue abogado de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), y del sindicato de periodistas en su país.

Ha representado a víctimas de casos emblemáticos de interés público y derechos humanos en Uruguay y ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Es periodista, consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y preside el Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAInfo).

ILEANA ALAMILLA

Abogada, notaria, periodista y directora de la agencia Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala.

Integrante de la comisión que entregó al Gobierno de Guatemala el listado de periodistas desaparecidos, asesinados, secuestrados o ejecutados extrajudicialmente.

Ha recibido reconocimientos internacionales por su lucha por la libertad de expresión, como los “100 héroes de la información”, de Reporteros Sin Fronteras, y el Emblema de Prensa de Ginebra.

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