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prescripción de ciertos delitos

Finmeccanica en Italia, otro caso que queda impune

Gracias a una ley de la era Berlusconi, se declaró la prescripción del caso y Panamá jamás se constituyó en parte civil del proceso.

Procesos llevados en Italia

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Desde abril de 2016, Finmeccanica cambió su nombre a Finmeccanica-Leonardo SPA. Desde abril de 2016, Finmeccanica cambió su nombre a Finmeccanica-Leonardo SPA.
Desde abril de 2016, Finmeccanica cambió su nombre a Finmeccanica-Leonardo SPA.

Una muy singular ley italiana —que trata sobre la prescripción de ciertos delitos— ha dado fin al proceso que por supuesta corrupción internacional se adelantaba en Italia por el caso Finmeccanica. En dicho juicio se tenían como imputados a los italianos Valter Lavítola y Paolo Pozzessere, ex director comercial del conglomerado que firmó contratos con el gobierno de Ricardo Martinelli por unos 250 millones de dólares.

El colegio de jueces de la II sección penal del Tribunal de Roma concluyó con resignación en la audiencia de este viernes que se encontraba impedido de seguir adelante el proceso penal, ya que habían transcurrido más de 7 años y medio desde la presunta comisión del delito.

El peso de la legislación cayó como una fría losa en el banco donde se sentaba la fiscalía.

El único actor que tenía la potestad de solicitar que se desatendiera el término de la prescripción y se continuara con el proceso era la parte acusada. Sin embargo, los acusados renunciaron, sin pensarlo dos veces, a aquel beneficio sin un pronunciamiento judicial de fondo.

 Valter Lavítola y Paolo Pozzessere.

“El concierto para delinquir y los actos de corrupción se configuraron a finales de 2009, según se evidencia en la instrucción del caso. Después constituyeron Agafia Corp para desarrollar la actividad ilícita. Para entonces Lavítola y Pozzessere ya se habían puesto de acuerdo para cometer el delito”, explicó a la salida del juicio la fiscal Franca Mangano, que sustituyó en la sala al magistrado Paolo Ielo, principal encargado del caso.

Efectivamente, la empresa Agafia Corp fue constituida el 17 de junio de 2010, tan solo unos días antes de que se firmara un Acuerdo de Cooperación por parte de Ricardo Martinelli y Silvio Berlusconi el 30 de junio de 2010.

Según el informe de conclusiones de los fiscales, el fin de esta empresa era “constituir el vehículo para que de forma enmascarada se desviaran las coimas prometidas y acordadas con el Gobierno de Panamá para concluir los importantes contratos con las tres sociedades del grupo Finmeccanica”.

La tesis de los fiscales, explicada al detalle en las más de 10 mil páginas que componen la documentación judicial, sostiene que ambos urdieron un plan con la complicidad del expresidente Ricardo Martinelli, a quien señalaban como “último destinatario de las coimas”, para desviar hasta 25 millones de dólares de los contratos con las sociedades Selex, Telespazio y Augusta Westland, subsidiarias de la empresa semipública italiana.

De hecho, en una de las interceptaciones telefónicas en manos de la fiscalía, Lavítola confía al ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere, que va a llegar a un acuerdo con el entonces presidente Martinelli para quedarse con el 35% de la sociedad Agafia Corp. Esto pone de manifiesto de manera irrefutable para la acusación que tanto Lavítola como Martinelli tenían intereses comunes en Agafia Corp y que él pretendía adjudicarse, al menos, 8 millones de dólares de los 250 millones de dólares que habría pagado el Estado panameño por los contratos firmados con Finmeccanica.

El sobreprecio correspondía —según la investigación— al 10% del total de la venta por 250 millones de dólares de un equipo de radares, helicópteros y cartografía digital adquiridos, sin estudios previos y sin pliegues de referencia y que finalmente resultaron en su conjunto no aptos para erradicar el tráfico de drogas de las costas de Panamá, detalla la documentación a la que este medio tuvo acceso.

"El proceso que por razón de la prescripción se cae en Roma, que era solo contra los italianos, en Panamá ni siquiera ha comenzado”.

Fernando Berguido Exembajador de Panamá en Italia

BERLUSCONI, LEYES A LA MEDIDA

Si hay alguien especialista en sacar adelante argucias jurídicas para evadir la acción de la justicia ese es Silvio Berlusconi. Y es precisamente una de estas bravuconerías de abuso de poder típicas del ex Cavaliere la que ha salvado del proceso a su viejo conocido Lavítola y al que fuera el responsable de las operaciones comerciales de Finmeccanica, Pozzessere.

En 2006, acorralado por los casos de corrupción, financiación ilícita y fraude fiscal, el viejo truhan de la política italiana logró aprobar una ley para reducir los tiempos de los procesos penales y alejar así la temible sombra de la justicia. A partir de entonces los delitos de corrupción iban a extinguirse en poco más de siete años desde su comisión. Y es precisamente esta regulación la que se ha aplicado en el proceso Finmeccanica.

“Es la ley que se aplica porque es la que estaba vigente cuando se configuró el delito”, explica la magistrada del tribunal de Roma. Estas leyes fueron posteriormente modificadas, aumentándose las penas y los tiempos de prescripción.

Otra característica muy singular de la legislación italiana en favor de la impunidad es que, a diferencia de la mayoría de los países europeos, el llamamiento a juicio no interrumpe los tiempos de la prescripción.

EL TORTUOSO PROCESO

Además de afrontar los angustiosos tiempos de la prescripción, el proceso ha tropezado con todo tipo de obstáculos en los más de cinco años que lleva desde que se ordenó la detención preventiva de Lavítola.

Desde sus inicios, el proceso enfrentó todo tipo de acciones que incluyeron desde objeciones en cuanto a la competencia jurisdiccional hasta el cambio de los abogados de los acusados con las consecuentes posposiciones. Las artimañas dilatorias de las que se han servido los abogados de los imputados para retrasar el avance del juicio han jugado su parte.

“Este tribunal ha sido particularmente desafortunado. Normalmente, al menos que se trate de delitos muy graves como asociación mafiosa o tráfico de drogas, si cambia el juez es necesario rehacer todo el proceso y eso también ha sucedido. El motivo más grave por el que ha prescrito este proceso es porque este tribunal ha cambiado de juez dos veces. El primer juez se jubiló y le sucedió un segundo juez que también se ha jubilado”, agrega.

PANAMÁ, AUSENTE

A todo lo anterior se le une la irresponsabilidad política del anterior gobierno, que impidió que Panamá participara como parte civil en el proceso, anulando así cualquier capacidad para pedir un resarcimiento económico a los responsables del delito patrimonial contra el Estado. A sólo 3 días laborales de que se produjera el cambio de gobierno en 2014, la decisión deliberada del presidente todavía en funciones, Ricardo Martinelli, y la falta de competencia legal del nuevo presidente electo, Juan Carlos Varela, sumieron a Panamá en un irreversible bloqueo legal al perder la última oportunidad procesal del Estado panameño de participar.

“El proceso que por razón de la prescripción se cae en Roma, que era solo contra los italianos, en Panamá ni siquiera ha comenzado”, declaró el exembajador de Panamá en Italia Fernando Berguido.

“Es una situación muy lamentable para la justicia panameña no solo porque hace más de dos años se enviaron copias de las evidencias obtenidas por los fiscales italianos a Panamá que sustentan las acusaciones contra nuestro expresidente, sino porque en el acuerdo logrado con Finmeccanica se recuperó aquel sobreprecio disfrazado de comisión, o sea, una evidencia de responsabilidad difícil de refutar”.

Procesos llevados en Italia

Son cuatro los procesos penales seguidos en Italia relacionados con actividades ilícitas en Panamá.  Dos de ellos han concluido con sentencias condenatorias, relacionadas con delitos de extorsión y corrupción asociadas a la empresa Impregilo.

El tercer caso guardaba relación con la acusación de soborno internacional en las contrataciones hechas por el Gobierno panameño con Finmeccanica, el cual ha sido declarado prescrito.

Un cuarto caso, por corrupción y otro delitos, relacionados con las negociaciones para construir cárceles modulares y otras obras, aguarda la decisión judicial de iniciar la audiencia luego de la solicitud de llamamiento a juicio por la fiscalía de Nápoles.

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