Los ciclos del agua

VERTIDO. Si bien la hidroeléctrica Ascanio Villalaz es un soporte fundamental en la generación energética de Panamá, también ha sido motivo de situaciones controvertidas, sobre todo para los pobladores del área. LA PRENSA/Archivo VERTIDO. Si bien la hidroeléctrica Ascanio Villalaz es un soporte fundamental en la generación energética de Panamá, también ha sido motivo de situaciones controvertidas, sobre todo para los pobladores del área. LA PRENSA/Archivo
VERTIDO. Si bien la hidroeléctrica Ascanio Villalaz es un soporte fundamental en la generación energética de Panamá, también ha sido motivo de situaciones controvertidas, sobre todo para los pobladores del área. LA PRENSA/Archivo

El 7 de mayo de 1998, la Dirección de Hidrometeorología del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) reportó que el nivel del lago Bayano se encontraba en 51 metros con 24 centímetros. sobre el nivel del mar.

Estaba apenas a un metro y unos cuantos centímetros arriba de su nivel mínimo funcional.

Aquellos no eran tiempos fáciles. El IRHE se encontraba a punto de finalizar un complejo y controvertido proceso de privatización. El país afrontaba una difícil situación energética.

El complejo hidroeléctrico de Bayano, la central Ascanio Villalaz, era uno de los principales pilares de la estructura energética nacional. La más importante central hidroeléctrica del este del país. Una de las más grandes, y responsable de casi la mitad de la capacidad energética generada por agua en todo el territorio nacional.

Bayano fue inaugurada el 14 de marzo de 1976 por el gobierno de Omar Torrijos. Fue la culminación de un proceso que había empezado en la década de 1960.

Unas 35 mil hectáreas del valle del río Bayano fueron inundadas y siete comunidades indígenas fueron desplazadas. El embalse resultante del represamiento del río más importante del este de la provincia de Panamá, creó uno de los lagos artificiales más grandes de Centroamérica después de los del Canal de Panamá, visible incluso desde el espacio.

La mudanza incluyó un enorme operativo de rescate de especies animales, conocido como Arca de Noé II, que ocupó espacios en la prensa internacional.

Torrijos se bañó, con todo y uniforme, frente a las cámaras en las aguas del embalse, de una forma que recordaba mucho el famoso baño del líder chino Mao Zedong en las aguas del río Yangtzé, en 1966.

El 18 de noviembre de 1998, ese año de sequías y privatizaciones, el Gobierno vendió el 49% de las acciones de las hidroeléctricas de Chiriquí y Bayano, con capacidad generadora de 90 megavatios y 292 megavatios, respectivamente, a la empresa AES Panamá, que ofreció por las dos 91 millones 721 mil dólares.

Este dinero debía pasar a formar parte del entonces llamado Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

AES Panamá tenía planes para la modernización de la planta.

Entre tanto, había temas pendientes que no se habían resuelto desde la construcción del complejo.

Uno de estos era el de las indemnizaciones a los pobladores indígenas que perdieron todo tras la construcción del embalse.

Los gunas de la comarca de Madungandí y los emberá del alto Bayano habían denunciado al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a sus derechos fundamentales y el inclumplimiento de los sucesivos gobiernos desde la década de 1970.

En septiembre de 2004, AES anunció la culminación de los trabajos de ampliación de la hidroeléctrica, que habían tenido un costo de 42 millones de dólares.

Entre otras cosas, la modernización había incluido la adición de una tercera turbina a la planta.

Otro tema que empezaba a volverse delicado era el de la demarcación de las zonas inundables en la cuenca del lago. En 2005, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) adelantaba un proceso de esta índole, que no fue bien recibido por los pobladores de la región. Estos ya habían sido afectados por vertidos de la represa, cuando las aguas del embalse subían demasiado de nivel y se hacía necesario abrir las compuertas para liberar agua. La demarcación, decían, comprometía sus sembradíos y sus ganados, entre otras cosas.

Cinco años después se produciría un hecho dramático ligado a esta situación.

Entre el 7 y el 9 de diciembre de 2010 se presentaron las lluvias más intensas de la última década en esa zona. Las aguas se cobraron la vida de más de una decena de personas. El embalse de Bayano llegó a su máxima capacidad. Las compuertas de la represa debieron ser abiertas para uno de los mayores vertidos de los que se tenga noticia. Más de 10 comunidades quedaron anegadas, centenares de personas afectadas, pérdidas de cultivos y animales.

El Gobierno culpó a AES por no haber realizado el vertido antes. La empresa alegó que había seguido el protocolo de seguridad. El caso se volvió una agria disputa entre Gobierno, pobladores y la empresa, que llegó hasta los estrados judiciales.

Dos años después, en septiembre de 2012, la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) exoneró de toda culpa a AES. Sin embargo, el caso seguía su curso en los tribunales.

Mientras, en marzo de ese año había tenido lugar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, para tratar el caso de los gunas de Madugandí y de los emberá de alto Bayano.

Un año después, en febrero de 2013, el expediente fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dio inicio a un nuevo proceso contra el Estado panameño.

Entre tanto, ya en mayo, la prolongación de la estación seca proyectaba otra sombra sobre Bayano: las aguas del embalse volvían a estar bajas, con un nivel de 52.73 metros sobre el nivel del mar.

Así, el Gobierno y también la empresa privada decidieron tomar medidas para racionar el consumo eléctrico ante la posibilidad de una inminente crisis energética.

Las medidas y las alternativas

El esquema energético del país está dominado básicamente por la generación térmica y la hidroeléctrica. La una es costosa y la otra, de momento, es insuficiente. Además, ambas han sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos y ambientalistas, una más por su potencial contaminador y la otra por las alteraciones que produce en el ambiente. Entre tanto se estudian alternativas sostenibles que hagan al país menos dependiente de sus fuentes de energía tradicionales y al mismo tiempo diversifiquen la oferta, a fin de que se abaraten los costos y se optimice la eficiencia. La Secretaría Nacional de Energía y algunos empresarios adelantan proyectos de, por ejemplo, energía eólica, para aprovechar el poder del viento en algunos lugares de la República.

En este sentido, en febrero de este año, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 504 relativo a las centrales eólicas destinadas a la prestación del servicio público de electricidad.

Y en abril, una comisión de la Secretaría de Energía visitó El Salvador para conocer de cerca el desarrollo de la energía geotérmica, para la cual el país también cuenta con potencial.

Mientras tanto, ante la irregularidad de las lluvias en el país, el Gobierno decidió tomar algunas medidas para ahorrar energía que, en principio, afectan solo a las dependencias públicas.

A partir del lunes 6 de mayo regirá un horario de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. para algunas instituciones gubernamentales. El Gobierno dice que por ahora no habrá apagones y confía en que la situación se normalice pronto.

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