INFORME DE VENEZUELA (PRIMERA ENTREGA)

Transparencia Internacional desnuda la crisis venezolana

El capítulo local del organismo detalla unas 68 acciones que probarían una colusión entre el TSJ y el Ejecutivo para anular la labor de la Asamblea.

Temas:

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, calificó de acción terrorista en contra de la entidad un supuesto ataque de un funcionario a bordo de un helicóptero el pasado martes, y pidió que se investigue el hecho. El presidente del TSJ, Maikel Moreno, calificó de acción terrorista en contra de la entidad un supuesto ataque de un funcionario a bordo de un helicóptero el pasado martes, y pidió que se investigue el hecho.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, calificó de acción terrorista en contra de la entidad un supuesto ataque de un funcionario a bordo de un helicóptero el pasado martes, y pidió que se investigue el hecho. Federico Parra

Un informe elaborado por la oenegé Transparencia Internacional (TI) Venezuela deja en evidencia, con cifras y hechos concretos, la realidad de esa nación en siete materias, que van desde la separación e independencia de poderes, derechos políticos, crisis económica, alimentaria y del sistema de salud, hasta la inseguridad ciudadana y la restricción del derecho a la identificación y al libre tránsito.

El documento, de 30 páginas y fechado el 14 de junio, fue elaborado con datos obtenidos del presupuesto de ingresos y gastos del país para la vigencia fiscal 2017, la memoria y cuentas del Ministerio Público, las sentencias emanadas del Poder Judicial, denuncias sobre violaciones de derechos humanos, así como investigaciones e informes preparados por diversos actores de la sociedad civil, detalla el documento al que tuvo acceso este diario.

El reporte abona a los argumentos sobre la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, denunciada por diferentes sectores de la oposición, organizaciones no gubernamentales y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, así como por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),Luis Almagro, quien en su más reciente mensaje sobre la crisis, publicado el pasado 24 de junio, reiteró su postura de que el orden democrático de Venezuela se ha roto. Asimismo, aseguró que “en la OEA no hay silencio cómplice”, y recordó que en el marco de la 47 Asamblea General, efectuada en México, 20 países llamaron “al régimen a detener la violencia” y que muchos de ellos lo denunciaron “con su propia voz” en la sesión plenaria.

En esta entrega, detallamos lo relativo a los poderes públicos y derechos políticos.

SEPARACIÓN E INDEPENDENCIA DE PODERES

El primer apartado del informe de TI Venezuela incluye 27 puntos que implican acciones y/o decisiones efectuadas por el Poder Judicial que han significado un apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, en detrimento de la aplicación de la ley y el cumplimiento de la Constitución, entre ellas, que “todas las sentencias” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionadas con reclamos contra políticas gubernamentales “han sido declaradas inadmisibles o improcedentes”, al tiempo que “todas las demandas interpuestas por el Ejecutivo para obviar controles, debilitar instituciones y concentrar competencias, han obtenido sentencias favorables”.

También destaca TI que la Sala Constitucional del TSJ ha declarado la constitucionalidad de cinco estados de excepción y cuatro prórrogas decretadas por el presidente –el primero de ellos el 14 de enero de 2016–, “a pesar de exceder los límites temporales y sustantivos establecidos en la Constitución y en la ley, y de haber sido rechazados por la Asamblea Nacional”.

Otro elemento al que alude el documento es que para la fecha del informe –y a partir de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional asumió la presidencia en enero de 2016– esa sala había emitido 57 decisiones en las que, basándose en el supuesto desacato en que se encuentra el Legislativo, ha despojado a ese poder del Estado de sus competencias para aprobar los estados de excepción, así como sus funciones para ejercer el control político sobre los poderes públicos para realizar, entre otras cosas, investigaciones administrativas en Pdvsa (Petróleos de Venezuela), ejercer control sobre las Fuerzas Armadas, y aprobar las leyes de Endeudamiento y de Presupuesto Nacional.

Este accionar de la Sala Constitucional quedó en evidencia nuevamente la noche del pasado martes, cuando al resolver un recurso de interpretación interpuesto por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, resolvió que la Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias de actuación, las cuales no son solo preventivas sino también de acción y reparación, entre ellas, facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del poder público, y que en función de ello puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público (Ver nota relacionada).

El informe de TI Venezuela también reporta que al menos 30 demandas interpuestas por ellos, por solicitudes de acceso a la información sobre la ejecución de la gestión pública, han sido declaradas inadmisibles por el TSJ. Asimismo, que la Sala Constitucional estableció que la inhabilitación de cargos públicos puede ser declarada por un órgano administrativo, pese a que el artículo 42 de la Constitución señala que los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por sentencia judicial en firme.

TI desnuda la crisis venezolana Expandir Imagen
TI desnuda la crisis venezolana

El caso más reciente del uso de esta prerrogativa contra opositores es el del excandidato presidencial Henrique Capriles, a quien en abril pasado la Contraloría de la República inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por supuestas “irregularidades administrativas ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, en el desempeño de sus funciones como gobernador del estado Miranda”.

Lo mismo le sucedió a María Corina Machado en 2015, por lo que no pudo correr para las legislativas, y a Leopoldo López, cuya inhabilitación comenzó a contarse en diciembre de 2008, cuando venció su período como alcalde de Chacao, restricción que vencerá en diciembre del presente año.

ASAMBLEA NACIONAL

TI detalla que además de la anulación, vía judicial, la Asamblea Nacional ha sido objeto de ataques del Poder Ejecutivo y del Poder Ciudadano, que está integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría.

Entre las 41 acciones listadas se encuentran que basado en el estado de emergencia económica decretado por Maduro, este administra los fondos públicos y dicta toda clase de medidas económicas eludiendo el control legislativo, y que el Banco Central de Venezuela omitió la presentación de cifras oficiales a la Asamblea.

En este grupo también se menciona una serie de declaraciones del mandatario en las que acusa a la Asamblea, en general, o a diputados de manera específica, de planear acciones terroristas y de ejecutar planes desestabilizadores; así como de ataques físicos a al menos 32 diputados en el marco de las protestas que tienen lugar a diario desde el mes de abril.

Un caso que destaca en el informe es la detención del diputado Gilbert Caro en enero de 2017 –por agentes de inteligencia–, quien luego de 142 días de estar detenido fue imputado por “traición a la patria”, violentando su inmunidad parlamentaria, y ante un tribunal militar, a pesar de su condición de civil.

Entre las acciones que se mencionan para entorpecer la labor de la Asamblea se incluyen cuatro efectuadas por la Contraloría, entre ellas, la instrucción de intervenir la Unidad de Auditoría Interna de la Asamblea y una orden girada a los funcionarios estatales y municipales de que todo requerimiento de la Asamblea deberá ser remitido a esa “entidad fiscalizadora superior”.

“La inacción ha sido la conducta de la Contraloría ante los más graves casos de corrupción”, apunta TI al señalar que la entidad no ha verificado la legalidad del presupuesto, los límites de endeudamiento, los más de 30 contratos suscritos con la constructora Odebrecht, la denuncia del Parlamento de graves irregularidades en Pdvsa, los contratos millonarios otorgados a empresas de maletín, entre otros.

Los derechos políticos conculcados Expandir Imagen
Los derechos políticos conculcados

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Los resultados de los laboratorios de sustancias controladas reflejaron que los 221 paquetes estaban compuestos de 259.14 kilos de cocaína.
Cortesía/Ministerio Público

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Detención provisional para extranjeros tras el decomiso de cocaína

INVESTIGACIÓN POR TIERRAS EN BOCAS DEL TORO Estado panameño se defiende de demanda millonaria

En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras.
Archivo

PROCESO Comienzan los trámites para lograr la canonización de la panameña Ana Moreno

Anita Moreno nació en Macaracas y falleció en La Villa de Los Santos el 11 de noviembre de 1977.
Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

18 Oct 2017

Primer premio

3 2 8 1

ABAD

Serie: 12 Folio: 5

2o premio

3063

3er premio

2981

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código