CHILE. PIÑERA TERMINA CON PRISIÓN PRIVILEGIADA PARA MILITARES

El fin de las jaulas de oro

Comodidades, asistencia de nutricionista y la celebración de fiestas, obligaron finalmente al cierre de un centro penal militar en Santiago.

El Penal Cordillera era un resort. No lo era solo por las condiciones holgadas que disfrutaban los apenas 10 altos militares chilenos recluidos allí y que provocaron, a lo largo de años, protestas y reclamos de las víctimas de la dictadura militar y ayer el anuncio de su cierre definitivo. Es que realmente era un resort, una instalación para el esparcimiento, antes de ser convertido hace menos de una década por un Presidente socialista de la Concertación en un centro penitenciario “de lujo” para violadores de los derechos humanos.

El Cordillera fue un centro vacacional que estaba ubicado justo al lado del Comando de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, en el campo militar de Peñaloén, al este de Santiago.

El 22 de noviembre de 2004, a través del Decreto 956 de la Secretaría de Justicia del gobierno de Ricardo Lagos, lo convirtió en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, su nombre oficial. Dicha medida se tomó debido al aparente congestionamiento en el penal militar de Punta Peuco, que albergaba a antiguos colaboradores del régimen de Augusto Pinochet.

En realidad, habría sido la necesidad de trasladar a Manuel Contreras, exjefe de la temible policía secreta de Pinochet, lo que motivó la creación de un nuevo penal, según algunas versiones.

Punta Peuco también estuvo envuelta en escándalos. Se dijo que allí los presos tenían privilegios, como celulares y computadores personales, según informes de la época. Un contraste violento, si se toman en cuenta las condiciones en las que los detenidos durante la dictadura fueron recluidos, hacinados, sujetos a tratos degradantes, torturas o incluso la muerte y sin la posibilidad de exigir el respeto de ningún derecho.

Pero Cordillera también se convertiría en un centro de privilegios. Enclavado en una instalación militar, desde sus inicios disponía de casas individuales, que incluían dormitorios, baños, cocinas, sala de estar, parque con jardines, salas de juego, cancha de tenis, además de teléfono y TV cable, entre otros.

Estas condiciones de reclusión habrían sido defendidas con vehemencia por los abogados de los recluidos, y también por sectores de las fuerzas armadas.

Un informe de la Corte Suprema de Justicia de Chile, entregado hace unos días, parece haber precipitado la decisión, ya estudiada por el presidente Sebastián Piñera de terminar con esa reclusión lujosa y costosa para el Estado chileno.

En el informe se dice que los internos “tienen acceso a radio, música, televisión, a lectura, actividades deportivas y religiosas”, aparte de asistencia de médicos y un nutricionista.

La organización de un “asado” entre los internos (algo que aparentemente era habitual) el pasado miércoles, para festejar a uno de los “reclusos”, Miguel Krassnoff Martchenko, parece haber rebosado la copa.

“No es una medida contra las fuerzas armadas”, se apresuró a decir Piñera, ante la airada protesta de familiares de los reclusos, sectores militares y de su propio partido, el derechista Renovación Nacional.

Pero para los familiares de las víctimas y de detenidos-desaparecidos, la medida trajo cierto alivio. Uno que irónicamente no habían hallado en gobiernos anteriores, supuestamente más afines a su causa.

La negación y el berrinche

El 17 de noviembre próximo se llevarán a cabo elecciones generales en Chile, apenas dos meses después de cumplirse 40 años del golpe militar de Augusto Pinochet. El cierre del penal militar de Cordillera ocurre con este telón de fondo.

Poco antes del aniversario, Manuel Contreras, exjefe de la policía secreta de Pinochet, recluido en Cordillera, dijo categóricamente a CNN que en Chile no había “detenidos-desaparecidos”. Un psicólogo que atendió a los reclusos ha dicho que estos “no tienen conciencia de los delitos que han cometido”. Algunos sectores del país afines a los militares tendrían posturas similares, lo que explicaría su reacción ante la noticia del cierre del penal.

“El presidente Piñera ha torturado psicológicamente a los presos que cumplen sus condenas tranquilamente en Cordillera”, afirmó por ejemplo el abogado René López, quien defiende a Contreras.

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