Lo que el Estado tiene que hacer

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La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 2014, obliga al al Estado panameño a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional “en relación con los hechos del presente caso”. También le obliga a pagar 120 mil dólares “por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional” a las comunidades gunas de Madungandí y emberás de Ipetí y Piriatí.

También determina que debe demarcar, “dentro de un plazo máximo de un año, las tierras que corresponden a las comunidades Ipetí y Piriatí Emberá y titular las tierras de Ipetí como derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Ipetí Emberá”. De igual modo señala que debe quedar sin efecto la titulación de tierras a particulares dentro de las áreas inadjudicables “El Estado debe, dentro del plazo de un año, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas”, añade.

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