La ley y el desorden

Eran las 5:00 de la mañana, como en la canción de Juan Luis Guerra. Pero nadie estaba haciendo fila para conseguir una visa para un sueño. Eran más bien funcionarios del Municipio de Panamá que venían a efectuar un desalojo.

Esto ocurrió el 24 de septiembre de 2011, cuando el corregidor de Calidonia, Luis Morales, procedió, acompañado de agentes de la policía municipal y funcionarios del departamento de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, a desmantelar varios locales en los que funcionaban barberías improvisadas que habían estado por más de un año funcionando en espacios de áreas peatonales contiguas a las avenidas 3 de Noviembre, Justo Arosemena y avenida Perú, entre otros puntos del corregimiento.

Los locales se encontraban ocupando áreas de servidumbre, “en incumplimiento de los pagos de impuestos municipales” y además habían proporcionado direcciones incorrectas sobre su ubicación, según informó el Municipio.

Se trataba de un acto de recuperación del espacio público invadido, uno de los principales problemas de la urbe capitalina desde hace varios años.

Toda clase de actividades, como el comercio informal, la buhonería o talleres automotrices, mantienen ocupadas innumerables áreas públicas de la ciudad, como aceras, plazas, parques, zonas de estacionamiento y áreas verdes, en contravención a una serie de leyes y decretos destinados, precisamente, a definir y salvaguardar el uso adecuado de estos espacios. El mal uso de estos contribuye a su inevitable deterioro.

En tanto que otras normas establecen que estos espacios (principalmente las aceras) deben ser construidos por los desarrolladores de inmuebles con ciertas especificaciones y recibir el mantenimiento adecuado.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Normas para construir, mantener y regular el uso adecuado de aceras y espacios públicos ha habido casi desde el principio de la República.

El Código Administrativo de 1917 señalaba que las aceras eran bienes “de uso público” que debían ser construidas y mantenidas en buen estado por los propietarios de las edificaciones.

De esa norma derivan otras disposiciones y acuerdos, como el Acuerdo No. 116 de 26 de noviembre de 1954, “por el cual se reglamenta el uso de aceras y ocupación transitoria de vías públicas, y se imponen los gravámenes correspondientes”.

O el Acuerdo No. 33 de 18 de marzo de 1975, “por el cual se actualizan los reglamentos que rigen las disposiciones vigentes sobre la reparación y construcción de aceras en lotes baldíos y toda clase de construcciones”.

En 1991 se emitió el Decreto No. 551 de 24 de julio, “por el cual se ordena a los propietarios de inmuebles la reparación de las aceras”.

ESPACIO PÚBLICO

La Ley 6 del 1 de febrero de 2006, reglamentada posteriormente por el Decreto Ejecutivo No. 23 de 16 de mayo de 2007, define en su capítulo X lo que es el espacio público.

Entre otros, la ley determina como espacios públicos protegidos por el Estado, “las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, el mobiliario urbano, los parques, las plazas, las zonas verdes, y similares”.

Entre tanto, el Acuerdo Municipal del 1 de diciembre de 2006 reitera la obligatoriedad de los urbanizadores de construir aceras uniformes, con una medida mínima de 2.20 metros de ancho.

Basada en la Ley 6 se creó la Dirección de Planificación Urbana, a través del Acuerdo Municipal No. 99 de 28 de julio de 2009, entidad destinada a velar por el cumplimiento de las normas que rigen los espacios de la ciudad y su ordenamiento territorial.

Pese a esta normativa, no es infrecuente que se incumpla y se abuse. Un ejemplo de esto es el problema de los buhoneros, que suelen ocupar de forma indebida espacio público.

Según el Municipio de Panamá, hay poco más de mil 500 buhoneros en la ciudad, de los cuales, menos de un tercio tienen sus permisos en regla. La actividad está regida por el Decreto Municipal 25 de 14 de enero de 1999, que toma en cuenta el aspecto cultural y social de la actividad e impone sanciones por su incumplimiento.

Talleres: el problema y la ley

Los talleres de mecánica automotriz se constituyen en uno de los más frecuentes dolores de cabeza de los vecinos que viven en sus alrededores. El funcionamiento de este tipo de negocios está regulado por la ley, pero –como siempre– muchas veces se incumple.

El Decreto 23 de 21 de mayo de 1970 dice en su artículo segundo que “todo taller de mecánica debe estar cercado en tal forma que contribuya al ornato y al buen aspecto de la ciudad”. Según el Municipio, está prohibido reparar y pintar automóviles en calles, aceras peatonales o lugares de tránsito, y quienes violen estas medidas serán sancionados con multa de 25 a 100 dólares.

Y el Decreto 4113 de 26 de junio de 2006, que regula las actividades que produzcan ruidos o vibraciones que afectan la salud y tranquilidad de las personas, señala que su violación implica multas de hasta 3 mil dólares.

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