JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

En las manos del Legislativo

La sociedad civil pide que la Asamblea Nacional separe inmediatamente a Moncada Luna para que inicie su investigación.

Cuarenta y seis movimientos ciudadanos, encabezados por el Colegio Nacional de Abogados (CNA) y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, presentaron ayer una denuncia en la Asamblea Nacional contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna por un supuesto enriquecimiento injustificado en el ejercicio de su cargo.

Los firmantes piden que el Legislativo separe del cargo al magistrado, le impida salir del país, le secuestre los dos apartamentos que compró en Coco del Mar en $1.7 millón sin justificar, y que disponga lo pertinente para la investigación criminal a María del Pilar de Moncada Luna, su esposa.

A eso de las 10:00 a.m., varios de los demandantes estaban alrededor del Palacio Justo Arosemena. Unos lucían ansiosos, hablaban por celular, mientras otros conversaban entre risas. Algunos portaban pancartas que calificaban a Moncada Luna de “corrupto”. También miraban sus celulares para seguir en tiempo real las declaraciones del magistrado en conferencia de prensa desde el Palacio Gil Ponce, en Ancón. Los más veteranos preferían seguirla por radio.

Por fin, Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y José Alberto Álvarez, presidente del CNA, emprendieron la marcha hacia la Secretaría General, en el nuevo edificio que le costó casi $30 millones al erario. Eran las 11:10 a.m. cuando se detuvo la llovizna y empezó el chaparrón. Por suerte para la imagen de la sociedad civil, los demandantes ya estaban adentro.

Eran más o menos 50 personas, por lo que optaron subir por las escaleras. La condición física de algunos quedó expuesta enseguida y al llegar al cuarto y último piso algunos lo hicieron jadeando.

“Estamos pidiéndole a la comisión de Credenciales que se declare en sesión permanente a partir de la tarde de hoy –ayer– y que separe del cargo al magistrado Moncada Luna. Eso es lo que pedimos los que venimos y quienes representamos a muchas personas que piden investigar al magistrado Moncada”, dijo Álvarez a la entrada de la oficina de Franz Wever, secretario general del Legislativo.

Wever lo esperaba en su espaciosa oficina de amplios ventanales con vista a la plaza 5 de Mayo y a la bahía de Panamá. Prometió a los que colmaron su oficina que le daría trámite expedito para satisfacer la solicitud de justicia en la opinión pública.

LA DENUNCIA

El documento presentado por los dirigentes de la sociedad civil acusa a Moncada Luna de incurrir en el delito de enriquecimiento injustificado, que, según ellos, utilizó para comprar los dos apartamentos por $1.7 millón, uno de ellos, incluso, pagado al contado.

De acuerdo con el artículo 351 del Código Penal, “el servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de tres a cinco años. La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de $100 mil...”.

Mientras se desarrolle la investigación al magistrado, los denunciantes solicitaron lo siguiente: su separación del cargo, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 227 del Código Procesal Penal, que establece: “en cualquier estado del proceso serán aplicables las medidas cautelares de acuerdo con las siguientes reglas: Cuando existan motivos graves y fundados para inferir que el imputado puede destruir o afectar medios de prueba”.

También exigen que se disponga el impedimento de salida del país, que se le aplique la medida de secuestro penal sobre las fincas mencionadas, y que el Ministerio Público investigue a su esposa por tener participación en las sociedades que creó Moncada Luna para comprar sus lujosos y exclusivos apartamentos.

Para sustentar sus exigencias, presentaron como pruebas la declaración jurada de Ana Bouche, quien durante años fue la mano derecha del magistrado en sus trámites personales y profesionales. Ella niega haber visto alguno de los documentos que según Moncada Luna prueban cómo adquirió sus propiedades.

También incluyeron la declaración patrimonial jurada de Moncada Luna en 2010, en la que el magistrado sostuvo que reside en Coco del Mar, Edificio Ocean Sky, apartamento 26, corregimiento de San Francisco, y reportó como únicos bienes un automóvil Toyota Land Cruiser Prado camioneta, full extras, año 2005 con matrícula No. 020717, y un reloj de oro, marca Rolex, modelo Presidente.

Además, aportaron documentos del Registro Público sobre las propiedades y las sociedades, las ediciones de La Prensa que hacen pública las compras, y la Gaceta Oficial en la que aparece el nombramiento de Moncada Luna en diciembre de 2009, con Ricardo Martinelli como presidente de la República.

Cuando Wever finalizó su promesa de darle trámite expedito al documento, los denunciantes aplaudieron y gritaron consignas.

“Viva Panamá” y “abajo la corrupción”. Un osado vociferó: “afuera Moncada”, a lo que Magaly Castillo rápidamente corrigió: “que lo separen para que lo investiguen”.

“Justicia, justicia, justicia...”, gritaron al unísono todos los presentes, mientras Wever miraba absorto la pared del fondo de su oficina.

PROCESO LEGISLATIVO

La denuncia tendrá ahora que ser evaluada por la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que componen dos diputados del Partido Panameñista, tres del Partido Revolucionario Democrático, tres de Cambio Democrático y una independiente.

“Esta es una Asamblea diferente y por supuesto que esta comisión va a por lo menos entrar a conocer el caso y le corresponderá a los miembros determinar si se admitirá o no la denuncia, que es el primer paso que hay que tomar”, expresó el panameñista Luis Barría, presidente de la comisión.

De acuerdo con el diputado, la comisión que preside dará su opinión esta misma semana.

De hecho, al final de la tarde se conoció que los diputados de la comisión de Credenciales fueron convocados para hoy a las 9:00 a.m. a fin de debatir el caso, después de que el equipo de asesores revisara las dos denuncias.

En caso de que se admita la denuncia, la comisión de Credenciales deberá nombrar a una subcomisión de garantías integrada por tres de sus diputados miembros y automáticamente pedirle al pleno que nombre un fiscal para la causa.

Es el fiscal quien tiene que instruir el sumario y solicitar a los jueces de garantías (miembros de la subcomisión) que accedan o no a cualquier medida cautelar que hayan solicitado con la denuncia o que el fiscal considere pertinente, como por ejemplo la separación del cargo.

De acuerdo con el Código Procesal Penal, debe haber una interacción entre el fiscal de la causa y los jueces de garantías durante todo el tiempo que dure la instrucción del sumario, que se debe extender como máximo por dos meses.

La decisión final, o el veredicto, según dicta el artículo 475 del Código Procesal Penal, “será secreta y requerirá las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para dictar sentencia condenatoria. Si no se logra este número de votos, el imputado será declarado no culpable”.

(Con información de Luis Burón-Barahona, Gustavo Aparicio y Eduardo Mendoza).

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