MINISTERIO PÚBLICO

$370 millones en demandas contra el Estado

La mayoría de estas acciones legales guarda relación directa con el mal funcionamiento de las instituciones públicas.

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En 2013, residentes de Betania presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por cambios de zonificación y pidieron una reparación. En 2013, residentes de Betania presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por cambios de zonificación y pidieron una reparación.
En 2013, residentes de Betania presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por cambios de zonificación y pidieron una reparación.

Demandas contra el Estado panameño, cuya cuantía asciende a $370 millones, tramita actualmente el Ministerio Público (MP).

La gran mayoría de estos procesos guarda relación con daños ocasionados a terceras personas por el mal funcionamiento de las instituciones públicas, precisa un informe del MP.

Algunas de las demandas han sido presentadas contra instituciones como la Policía Nacional, hospitales estatales e incluso el propio Órgano Judicial por la prestación de los servicios.

El destino final de todas estas acciones es la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolverlas.

La Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, que instruye los casos, fue creada mediante Resolución No. 17 del 17 de marzo de 2008 y su función es la defensa de los intereses del Estado o municipios en todos los procesos en que figuren como parte demandante o demandada.

Además, puede ejercer demandas para la recuperación del dinero del Estado frente a casos en los que una obra haya sido mal ejecutada o por incumplimiento de contratos.

Según la ley, la fiscalía tiene mando y jurisdicción nacional y requiere de la autorización del Presidente de la República para presentar una demanda civil.

Desde su creación, este despacho atiende un promedio de 200 casos anuales. Antes de su existencia, esas funciones eran asumidas por distintas fiscalías civiles, penales y de familia pertenecientes al MP.

En 2014, este despacho recibió 140 procesos nuevos y otros 349 casos reingresaron tras cumplirse algunas diligencias y apelaciones.

En la actualidad, la fiscalía tramita 140 procesos civiles, en 24 de los cuales el Estado figura como demandante y en 48 como demandado. Asimismo, instruye otros 68 procesos no contenciosos.

En 2014, el Estado presentó demandas por un monto de 856 mil 155 dólares, que en su mayoría están relacionadas con el incumplimiento de contratos por parte de empresas.

La fiscalía también participa en procesos de arbitraje en los que el Estado panameño figura como parte y atiende demandas en la esfera internacional.

Entre los procesos de arbitraje figura uno interpuesto por Mi Bus, radicado en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia, aunque la empresa presentó un desistimiento.

En lo que respecta a las demandas presentadas en la esfera internacional, resaltan las inherentes al pago de compensaciones económicas por violaciones de derechos humanos.

Este es el caso de familiares de víctimas de la dictadura militar, quienes interpusieron una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia.

Después de la notificación de esta demanda, representantes del Estado panameño aceptaron establecer una mesa de entendimiento con los familiares de los desaparecidos, pero no ha habido acuerdo.

Los familiares de las víctimas reclaman la reapertura de los casos y el pago de indemnizaciones, entre otras reivindicaciones.

Magistrados de la Sala Tercera ordenan reintegros

Durante el presente año, los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ordenaron el reintegró y pago de salarios caídos a funcionarios de la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y otras instituciones del Estado, luego de que se estableciera que los procedimientos para su destitución fueran ilegales.

La mayoría de estos procesos ha obligado al Estado a rectificar los procedimientos para las destituciones de los funcionarios, para evitar el pago de salarios caídos e indemnizaciones.

Entre los reintegros ordenados por la Sala Tercera en las últimas semanas se encuentra el del excomisionado de la Policía Mauricio Nelson.

Nelson había sido destituido en 2010, luego de que se hallaran supuestos rastros de drogas en su vehículo oficial.

Juan Manuel Díaz C.

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