FINCAS EXCARCELARIAS

¿El ‘negocio’ de la libertad o negligencia judicial?

El Órgano Judicial guarda silencio sobre las fianzas que están otorgando jueces del país, que aceptan fincas en estado deplorable para excarcelar personas.

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Caminos improvisados son el punto característico en los terrenos aceptados por jueces y fiscales en procesos judiciales, como el de Reforestadora San Cristóbal. Caminos improvisados son el punto característico en los terrenos aceptados por jueces y fiscales en procesos judiciales, como el de Reforestadora San Cristóbal.
Caminos improvisados son el punto característico en los terrenos aceptados por jueces y fiscales en procesos judiciales, como el de Reforestadora San Cristóbal. Gabriel Rodríguez

Más de un centenar de personas investigadas por diversos delitos ha salido de la cárcel, utilizando como fianzas fincas que valen poco dinero, un negocio redondo que se ha hecho robusto frente a la mirada casi indiferente de la justicia.

De haberse verificado la condición de estos terrenos, el Estado no habría dejado de percibir, al menos, 5.1 millones de dólares en fianzas de excarcelación entre 2016 e inicios de este año, según una muestra aleatoria que contabilizó La Prensa de 100 fianzas a políticos, empresarios y personas investigadas por delitos como narcotráfico, blanqueo de capitales y hasta homicidio.

Detrás de estas fincas se encuentran las sociedades Reforestadora San Cristóbal, Inversiones La Auxiliadora, Juan Palito, Ysidro, Inversiones Kristian, Ioannis y terrenos a nombre de Rodrigo Muñoz, todas ubicadas en Coclé y Herrera.

El director de Información Catastral y Avalúo de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Franklin Jiménez, confirmó que ninguna de las fincas que poseen estas sociedades “ha sido objeto de avalúo específico”, como lo exige la ley, por lo que “no pueden ser utilizadas como fianzas hipotecarias en procesos judiciales”.

A pesar de ello, Jiménez confirmó que el Órgano Judicial no está solicitando a esa entidad la verificación de los documentos que los fiadores entregan para liberar a una persona.

La Prensa fue en busca de los apoderados de las sociedades y surgieron más interrogantes. Ninguno se encuentra en las direcciones que aportaron en juzgados y fiscalías, pero asisten sin problemas a estas dependencias judiciales.

NEGOCIADO DE TIERRAS, EN LAS NARICES DE LA JUSTICIA

Apoderados legales de las sociedades dan la dirección de una casa en Betania convertida en local de reparación de computadoras, pero no se ubicaron allí. Expandir Imagen
Apoderados legales de las sociedades dan la dirección de una casa en Betania convertida en local de reparación de computadoras, pero no se ubicaron allí. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

La minería ilegal de oro no es lo único que atrae a muchos a Las Lajas, en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, un sector ubicado en la cordillera central que, aunque está en medio de la nada, fincas ubicadas allá son utilizadas como prenda hipotecaria o garantía para excarcelaciones tramitadas ante el Órgano Judicial.

Para llegar hasta allá, hay que hacer una larga caminata desde muy temprano y rogar por cruzar a salvo dos ríos que, en época lluviosa, se tornan caudalosos y crecen repentina y peligrosamente.

Algunos de sus pobladores son amistosos; otros, desconfiados. No suelen ver a extraños en esa zona, donde residen unas 60 familias, muchas de ellas inmersas en la pobreza.

Desconocen que dos globos de tierra –allí donde viven– aparecen con avalúos millonarios, utilizados para excarcelar a personas o como fianzas hipotecarias en procesos civiles, a través de siete sociedades, entre ellas Ysidro, S.A. e Inversiones La Auxiliadora.

Una de las fincas –de 24.2 hectáreas, perteneciente a esta última sociedad– está totalmente aislada, pero de su valor catastral de 150 dólares en 2006 saltó a 2.9 millones de dólares en 2008, tras lo cual fue segregada en 65 lotes.

Nueve fincas comparten los mismos directivos o tramitadores ante las autoridades, como Ioannis, S.A., que cuenta con tierras inhóspitas cerca de El Valle. Expandir Imagen
Nueve fincas comparten los mismos directivos o tramitadores ante las autoridades, como Ioannis, S.A., que cuenta con tierras inhóspitas cerca de El Valle. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

En los archivos de la finca madre se observa que en 2006 el tramitador de la propiedad ante el Registro Público fue Edwin Guerrero, nombre que se repite en varias otras gestiones ante el Registro con otras fincas que se utilizan para los fines ya descritos.

Este coclesano está vinculado a las sociedades que tienen posesión de las fincas excarcelarias, ya sea como tramitador o como directivo.

En abril de 2007, un año antes de dispararse su valor, se registró una supuesta compraventa de la finca entre Ysidro, S.A. e Inversiones La Auxiliadora, por 2 mil dólares. Ysidro, S.A., precisamente, posee dos fincas más en la misma zona, de las que se segregaron 46 lotes que, en su conjunto, sus dueños los avalaron en casi $1 millón.

Estas dos sociedades se suman a otras –como Reforestadora San Cristóbal, Inversiones Kristian, Juan Palito, Ioannis, así como una finca a nombre de Rodrigo Muñoz– que se utilizan para el rentable negocio de las fianzas.

Para llegar a los terrenos de Inversiones La Auxiliadora, de $2.9 millones, y a otros de Ysidro, S.A., de más de medio millón de dólares, hay que atravesar hasta ríos por vados. Cortesía Expandir Imagen
Para llegar a los terrenos de Inversiones La Auxiliadora, de $2.9 millones, y a otros de Ysidro, S.A., de más de medio millón de dólares, hay que atravesar hasta ríos por vados. Cortesía

Las compañías parecen vinculadas entre sí a través de personajes que se repiten en una y otra, así como en los planos. Estos últimos poseen certificaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente –hoy Ministerio de Ambiente–, en las que consta que las fincas se parcelaron con destinos muy distintos: estos “globos de terrenos serán utilizados para fines agrícolas y forestal, únicamente”.

Pero en el Ministerio de Ambiente, Carmen Prieto, directora de Administración de Sistema de Información Ambiental, confirmó que ninguno de los inmuebles de las sociedades mencionadas “tiene registro de inscripción en el Libro de Registro Forestal”.

VÍNCULOS

La investigación dio con documentos fechados en 2003, en los que se observa que Guerrero –el tramitador– participó activamente en las sociedades como uno de los primeros directivos en Ysidro, S.A., que, incluso, tuvo un poder de esta para tramitar a su nombre. En las otras sociedades aparecía como tramitador en el Registro Público.

Guerrero se negó a hablar con La Prensa, con el argumento de que la gente podría pensar que tiene mucho dinero, y “no es así”, aseguró.

Pero antes de terminar la breve plática, dijo que nada sabía sobre las fincas mencionadas y que hace siete años tuvo “suerte” de que las autoridades le dieron seguridad, pues lo habían vinculado a otras fincas sobrevaloradas, usadas para sacar presos.

En cambio, el abogado de Guerrero fue menos reservado.

Melquicedec Bernal aceptó conocer posibles irregularidades en el uso de fincas en Coclé para excarcelar a personas, pero se desvinculó de los hechos. Aceptó que hace poco utilizó uno de los lotes perteneciente a Inversiones La Auxiliadora en un caso de Guerrero, aunque nada dijo sobre el hecho de que su cliente conoce bien esta sociedad.

Melquicedec Bernal Expandir Imagen
Melquicedec Bernal

Y es que Guerrero inscribió el terreno en el Registro Público en 2004, así como el pacto social de Inversiones La Auxiliadora, en 2007, según los documentos a los que este medio tuvo acceso.

¿Cómo conoció usted sobre estas fincas?

Yo tenía el caso [de Guerrero], y una persona que conozco me recomendó este sistema y al representante legal de estas fincas.

¿Usted tramitó directamente con Luis Noriega, el apoderado de las fincas? De ser así, ¿cómo fue el trato?

El apoderado de la sociedad me atendió y me dijo que no me preocupara por nada. A mí, todos los documentos me llegaron [a Panamá] por Utrapep (Unión de Transportistas de Penonomé-Panamá), y yo los presenté y listo. Yo presenté eso ante el juzgado con un escrito diciendo que quería consignar esto y ya. El juez la tomó, verificó la documentación y la aprobó.

Cuando dice que el juez verificó la información de la finca, ¿exactamente qué hizo? ¿Solo leer los papeles?

“Ellos leen y verifican”, dijo, sin brindar detalles.

Pero, ¿ustedes conocen el terreno?

“Yo, por mi parte, no lo conozco. Sé nada más la ubicación que me dice el Registro Público, y ya”, respondió con una sonrisa nerviosa.

Tres meses después, este medio detectó que Bernal recurrió a la sociedad Ysidro, S.A., en la que su cliente fue directivo. ¿También desconoce la condición de la finca? La duda no fue aclarada, ya que Bernal no volvió a responder las llamadas de este medio para concretar una entrevista.

Los habitantes de Las Lajas ignoran que las tierras adyacentes a sus empobrecidas casas estén valoradas en millones de dólares. Lo que sí saben es que, de la noche a la mañana, allá–en medio de la montaña– han aparecido compradores de tierras por las que pagan precios irrisorios.

“La producción de minerales es grande en el área y la gente va a vender al que traiga el dinero en la mano, porque los trámites con los bancos demoran, es decir, el que lleva el efectivo los convence rapidito”, expresó un residente que nada sabe sobre peritos visitando el área para ubicar los terrenos usados para sacar de la cárcel a los imputados.

Aunque Guerrero trató de desvincularse de las fincas, hay quienes lo señalan como intermediario de estas transacciones y hasta de “negociar” para conseguir más terrenos.

El MONTE DE LOS MILLONES

Otro terreno fue para excarcelar –con fianzas de 150 mil cada uno– a los exministros de Educación Salvador Rodríguez y Belgis Castro, entre 2009 y 2011, así como a otros acusados desde noviembre de 2009.

La finca que sirvió de fianza fue valorada en $7 millones, reportó en el Registro Público su propietario, Rodrigo Muñoz, cuyo nombre se repite en, por lo menos, cuatro de las sociedades en las que también aparece Guerrero.

Un topógrafo consultado sobre el posible valor del terreno calculó que, considerando sus características, como su desnivel, una elevación en uno de sus extremos, la falta de acceso a servicios públicos y las condiciones socioeconómicas del área, su valor no superaría los 600 dólares.

La finca registrada a nombre de Muñoz –de 2.3 hectáreas– fue adquirida en mil dólares el 12 de noviembre de 2009; es decir, que pagó 5 centésimos por metro cuadrado. Pero 5 días después, su valor se disparó.

El terreno fue dividido en 3 parcelas: 2 de 1 hectárea cada una, otorgándole un valor de $3 millones por hectárea. A los restantes 3 mil 3 metros cuadrados le dio un valor de $1 millón.

El 26 de noviembre de 2009, Muñoz reportó en el Registro Público que había “invertido en la siembra de 700 plantones de árbol maderable, teca, por un millón de balboas”, es decir, que el costo promedio por sembrar cada plantón fue de $1,428.

Pero si el Órgano Judicial hubiese hecho una inspección, habría constatado que en el lugar no hay un solo árbol de teca. Lo que sí abunda son matorrales que llegan hasta la calle de tierra y tosca que usan los residentes.

También se habría dado cuenta de que se requiere de media hora para llegar al terreno desde la calle principal. Por la noche, nada alumbra la zona, pues no hay luminarias ni cuenta con ningún otro servicio público.

Los residentes manifestaron su disgusto por la desproporcionada valorización del terreno, pues es una zona claramente rural. Uno de ellos se preguntó: “¿quién regula el abuso? Aquí no ha venido ninguna autoridad para ver si es cierto lo que dicen de este terreno, que no tiene ni un palo de teca”.

Otro residente deseó que “ojalá dieran ese valor a los terrenos de nosotros, para ver si salimos de la pobreza, porque de eso sí hay por aquí, ni siquiera hay transporte, y los chiquillos tienen que caminar mucho para ir a la escuela, y en la noche, ni salga, esto es una boca de lobo”.

Allí, en esa zona, varios residentes consultados por este medio coincidieron en que “el que compró eso fue Win [el apodo de Edwin Guerrero en el Copé]”.

Y las anomalías en estos terrenos no parecen tener fin.

SIN CERTIFICACIONES

El director de Información Catastral y Avalúo de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Jiménez, confirmó que ninguna de las fincas que poseen las sociedades antes mencionadas “han sido objeto de avalúo específico, por lo que dichas propiedades no pueden ser utilizadas como fianzas hipotecarias en procesos judiciales”. Pero el hecho es que sí se usan con ese fin.

Franklin Jiménez Expandir Imagen
Franklin Jiménez

Sobre las “costosas” fincas de Muñoz, el funcionario indicó que cada una tiene “un valor de 800 dólares”, el cual fue otorgado mediante resoluciones de junio de 2016 por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales. Nada hay por escrito sobre los $7 millones alegados en el Registro Público.

NEGOCIO REDONDO

El ex juez penal Raúl Olmos indicó que es competencia de los fiscales revisar las ejecutorias de los jueces en los casos que manejan y hacer las respectivas apelaciones en caso de que no estén de acuerdo con las fianzas entregadas.

Olmos contó que muchas veces las excarcelaciones se manejan a discreción del juez, aunque esto está cambiando con el sistema penal acusatorio (SPA) –incorporado en septiembre de 2016 en la capital–, en el que que se aplican otras medidas cautelares.

¿Quién verifica la veracidad de esos documentos?

Nadie. Se confía en lo que se entrega.

¿Cómo se sabe que son papeles originales?

Bueno, ahí ellos tienen experiencia. El secretario judicial o el juez verifican. (Pero aclaró que ninguno se traslada a los terrenos).

¿Qué delitos se podrían estar cometiendo contra la administración pública?

Aquí habría varios delitos, entre ellos, falsedad de documentos públicos.

¿Acaso se está en presencia de un negocio redondo, frente a la mirada indiferente de la justicia? La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, no accedió a una entrevista sobre el tema, pero envió respuestas a un cuestionario.

En cuanto a las medidas otorgadas por los fiscales, indicó que “cada fiscal, en cada caso, tiene su criterio frente a la medida, evaluando si es viable o no viable, y si el monto [de la fianza otorgada por el juzgado] es cónsono con los medios de convicción de cada expediente. Por eso es que ellos apelan o no y esbozan su criterio”.

Se intentó entrevistar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pero no hubo respuesta.

Aunque solo se observan matorrales, el terreno a nombre de Rodrigo Muñoz, que excarceló a exministros, subió su valor catastral de $18 a $7 millones, al reportar mejoras como siembra de árboles de teca inexistentes. Expandir Imagen
Aunque solo se observan matorrales, el terreno a nombre de Rodrigo Muñoz, que excarceló a exministros, subió su valor catastral de $18 a $7 millones, al reportar mejoras como siembra de árboles de teca inexistentes. LA PRENSA/Alexander Arosemena

El Libro Tercero del Código Judicial establece en su artículo 2162 que, al momento de inscribirse la fianza hipotecaria en el Registro Público, “la finca que sirva como garantía de una fianza hipotecaria deberá tener un valor equivalente al doble del monto de la fianza, libre gravámenes”.

Con la entrada en vigencia del SPA, se omite lo del doble del valor, pero se resalta en el artículo 245 del Código Procesal Penal que “la finca que sirva como garantía en una fianza hipotecaria deberá estar libre de gravámenes”. Además, se resalta que el fiador deberá presentar al tribunal una certificación de la Dirección de Catastro (Anati), en la que “conste el valor de la finca, su ubicación, condiciones y la existencia de mejoras”.

¿Se cumple esta norma antes de dar libertades? Cientos de autos de fianzas revelan anomalías. Entre ellas, que los jueces recibieron certificaciones de paz y salvo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y de la Dirección General de Ingresos, así como avalúos oficiales de Anati. Sobre esta última, sería imposible, ya que esa entidad no ha realizado avalúos a las fincas de las sociedades mencionadas.

GANANCIAS

Para tener un panorama más claro de lo lucrativo del negocio de las fianzas, el abogado penalista Carlos Carrillo explicó que conoce dos formas de pago a los fiadores: “Cuando a ellos le autorizan la finca [para darla en prenda], entonces uno le paga. Hay algunos que piden el pago por anticipado, pero regularmente se paga en dos partes, cuando sale la orden de libertad”.

Mencionó que “uno los contrata y se llega a un acuerdo de pago en porcentajes, el que sea, ya que varía de acuerdo con el valor de la finca y el tipo de delito”. Los montos van del 10% hasta el 30%, pero depende del caso, recalcó el abogado.

LOS APODERADOS

Este medio fue en busca de las personas que aparecen como apoderadas legales de las sociedades propietarias de los terrenos, entre ellas, Luminado Flores, Luis Noriega y Rodrigo Muñoz.

Los primeros contactados fueron Flores y Noriega, cuyos documentos vinculados a las fianzas dicen que ambos se pueden ubicar en una casa en Betania. (Ver foto inferior izquierda).

Ubicado diagonal al centro comercial El Dorado, está un local comercial que anuncia un taller de reparación de computadoras. Nada dice de actividades de abogados, aunque aquella era la dirección de los apoderados.

Una persona en el lugar aseguró que ni Flores ni Noriega residían ni laboraban en el lugar y que desconocía por qué proporcionaban esa dirección a los juzgados.

¿Son amigos suyos?

Los conozco, no son mis amigos ni sé dónde viven. A veces me visitan, pero a saludar.

¿Han venido del juzgado para verificar información?

“Han venido como dos veces y se les ha dicho lo mismo. Yo no sé lo que está pasando, a mí no me dicen nada”.

Este medio también buscó otra dirección reportada por Noriega y Muñoz. Se trata de un edificio en una concurrida zona de El Carmen.

Al llegar al lugar, no se encontró el edificio reportado y, al llamar al número de teléfono de la oficina aportado a los juzgados, el teléfono estaba desconectado.

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