$2.6 millones recibirán gunas de Madungandí

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Ante el pleno de la Corte, el cacique Benjamín García (izquierda), de la comarca guna Madungandí, da testimonio de las violaciones del Estado, en abril de 2014. Ante el pleno de la Corte, el cacique Benjamín García (izquierda), de la comarca guna Madungandí, da testimonio de las violaciones del Estado, en abril de 2014.
Ante el pleno de la Corte, el cacique Benjamín García (izquierda), de la comarca guna Madungandí, da testimonio de las violaciones del Estado, en abril de 2014.

El Estado panameño cumplirá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre de 2014 lo condenó a indemnizar a los indígenas de la comarca guna de Madungandí, como a los emberás de Ipetí y Piriatí, en Bayano, Chepo.

Ambos grupos fueron desalojados en 1972 para construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz siendo afectados en sus derechos humanos y territoriales. El monto a pagar, según la Gaceta Oficial de ayer, es de 2.6 millones de dólares.

Estado ordena pagar compensación a gunas

El Consejo de Gabinete aprobó el decreto No.23 de 11 de agosto de 2015, por el cual el Estado panameño reconoce como parte de la deuda nacional las obligaciones económicas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 14 de octubre de 2014, y que hace justicia a los perjuicios sufridos por la comarca guna de Madungandí y a la emberá de Bayano.

El monto adeudado por el Estado suma $2 millones 624 mil 525, para lo cual se instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas a tramitar el pago sin reducción por carga fiscal.

El monto a cancelar se detalla así: $250 mil por daño material para las comunidades emberás de Ipetí y Piriatí y de $1 millón para la comarca guna de Madungandí, las cuales deberán ser pagadas en plazo de un año.

La Corte también fijó una compensación total de $250 mil por daño inmaterial para las comunidades emberás de Ipetí y Piriatí, mientras que $1 millón será para la comarca guna de Madungandí.

Otros pagos fijados por la Corte fue el de $120 mil repartidos en $60 mil para la comunidad emberá de Ipetí y Piriatí, y $60 mil para los gunas de la comarca Madungandí por las labores asumidas en este litigio.

No obstante, la sentencia incluye adoptar medidas para dejar sin efecto el título de propiedad otorgado al ciudadano Carlos Cortés Melgar, dentro del territorio de las comunidades emberás de Piriatí e Ipetí, en un año.

Así mismo, reconocer el pago de $4 mil 525 con 49 al Fondo de Asistencia de Víctimas de la Corte por gastos incurridos.

La historia

En 1972, el Estado desalojó a varios pueblos indígenas establecidos en el lugar donde hoy se encuentra la represa hidroeléctrica Ascanio Villalaz, en la zona del Alto Bayano. Según manifiesta la Corte en su sentencia, el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Además del desalojo, no las delimitó, lo que propició invasiones a sus territorios.

La Corte manifiestó además que el Estado también incumplió el deber de adecuar su derecho interno, contenido en la Convención Americana, por no haber dispuesto a nivel interno normas que permitieran la delimitación, demarcación y titulación de tierras colectivas anteriormente al año 2008, lo que repercutió en perjuicio de los pueblos gunas de Madugandí y emberá de Bayano y sus miembros.

La sentencia manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en la Convención Americana, en perjuicio de las comunidades indígenas emberás, por considerar que los recursos incoados por estas no contaron con una respuesta que permitiera una adecuada determinación de sus derechos y obligaciones”, añade el documento.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomó el 14 de octubre de 2014.

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