Tres ‘pinchadoras’ están desaparecidas

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La administración de Ricardo Martinelli

no escatimó dineros ni recursos del Estado para tener acceso a las conversaciones de adversarios políticos, dirigentes sindicales, empresarios, periodistas y dirigentes de la sociedad civil organizada. Tres fueron los equipos o programas que se adquirieron para tal fin.

El primero se compró en 2010 a través del Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones. Este equipo tenía la capacidad de operar en tres áreas: vigilancia informática, sistema de posicionamiento e infiltración a redes telefónicas y captura e interpretación de voz. El artefacto se encuentra desaparecido desde mayo de 2014. En diciembre pasado, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, interpuso una denuncia en el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de peculado contra los exsecretarios ejecutivos del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. También están sindicados los subalternos de ellos, Ronny Rodríguez y William Pittí.

En esta investigación resaltan los testimonios de los agentes del CSN, Julio Graell y Javier Quiroz, quienes detallaron cómo trasladaron el equipo espía hasta las oficinas del Súper 99, en Calle 16, Río Abajo.

Luego, en 2011, el gobierno de Martinelli en una operación de triangulación, en la que presuntamente se utilizaron sociedades privadas, pagó $8 millones a la empresa israelí NSO Group por otro sistema conocido en el mundo del espionaje como Pegasus. Este sistema tenía un rango de vigilancia de largo alcance, con el que podía no solo intervenir a la persona objeto de seguimiento, sino también a sus contactos. Además, permitía el acceso a la cámara del dispositivo, tomar fotos y filmar.

El sistema también está desaparecido y el miércoles pasado, el jefe del CSN interpuso una querella criminal en el Ministerio Público contra los exsecretarios ejecutivos del CSN Julio Moltó, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.

También involucra a directivos de la sociedad Caribbean Holding Services LTD, vinculada al empresario Aaron Ronny Mizrachi, cuñado de Martinelli.

También en 2011, el gobierno de Martinelli suscribió con la empresa italiana Hacking Team un contrato para la obtención de programas y equipos de computadora para permitir la intervención de teléfonos móviles y fijos, así como ordenadores. La trama de esta compra quedó al descubierto, luego de que la empresa italiana sufriera un ataque cibernético y se obtuvieran datos de la transacción realizada por estos exfuncionarios.

Según las datos obtenidos por los hackers, el Gobierno de Panamá pagó la suma de $750 mil por espacio de tres años por la adquisición de material informático para ejecutar intervenciones telefónicas a terceras personas. Este tercer sistema de espionaje también se encuentra desaparecido, por lo que el Ministerio Público ha ordenado una investigación de oficio sobre este equipo.

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