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Un problema sucio

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La falta de un acuerdo sobre dónde depositar los desechos sólidos ha llevado a conflictos entre los diferentes distritos chiricanos. Se sigue buscando una solución. La falta de un acuerdo sobre dónde depositar los desechos sólidos ha llevado a conflictos entre los diferentes distritos chiricanos. Se sigue buscando una solución.
La falta de un acuerdo sobre dónde depositar los desechos sólidos ha llevado a conflictos entre los diferentes distritos chiricanos. Se sigue buscando una solución.

En junio de 2004, el entonces alcalde electo del distrito de David, Francisco Vigil, propuso realizar su acto de toma de posesión en el vertedero de la ciudad.

El gesto, decía él, obedecía a su intención de hacer conciencia del grave problema de la basura en el distrito y la provincia.

Por aquellas fechas, Chiriquí generaba más de 200 toneladas de basura diarias, y la disposición última de los desechos se había convertido en un dolor de cabeza para varios municipios. David no escapaba de esa realidad.

El relleno sanitario de David se había convertido en un simple vertedero, pues el municipio arrastraba un déficit de medio millón de dólares y no podía hacer frente al compromiso con el Servicio Municipal de Aseo (Sema).

Bugaba, en tanto, debía asumir también los desechos del distrito de Barú. Y en tierras altas apenas se daban abasto.

En 2005, el distrito de Boquerón cumplía seis años buscando un terreno adecuado para un relleno sanitario, sin éxito, debido a la oposición de los residentes que no querían esta instalación cerca de sus casas.

En 2006 se produjo un conflicto entre el distrito de Bugaba y el de Alanje, por la pretensión de las autoridades del primero de utilizar un globo de terreno de 60 hectáreas en el segundo distrito, para arrojar sus desechos.

Para 2007, los desechos de David y Bugaba se depositaban en el relleno controlado de San Pablo Viejo y ya se contemplaba que se asumieran los de Boquerón, Alanje y Barú. Esto, pese a que el relleno no había realizado una auditoría ambiental, tal como lo exigía la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

En febrero de ese año, el Consejo Municipal de Bugaba había aprobado que por 12 años prorrogables la empresa Servicios Ambientales de Chiriquí (Sach) recogería y trasladaría la basura generada en ese distrito, y acuerdos similares con los municipios de Boquerón, Alanje y Barú esperaban ser refrendados por la Contraloría General de la República.

Pero el alcalde Vigil se oponía a recibir más basura en David. El relleno ya no aguantaba más.

Se planteó, incluso, la construcción de un relleno regional.

En 2009, la situación se agravaba. Por ello, cinco municipios chiricanos pidieron al gobernador Enrique Fernández que elevara a “problema de Estado” el tema de la recolección y depósito de la basura en estas regiones.

En febrero de 2010, el gobernador de Chiriquí, Enrique Fernández, tachó de “egoísta e intransigente” la actitud del alcalde Vigil, de impedir que se depositen los desechos de otros municipios en el vertedero de David. Vigil ripostó entonces que no era posible seguir recibiendo más desechos por los riesgos a la salud de los pobladores.

En mayo, la Anam y las autoridades de salud clausuraron el vertedero de El Chumical en Dolega, agravándose así el problema. Se declaró allí una emergencia sanitaria.

En agosto, alcaldes de los 13 distritos de la provincia, junto con el entonces administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Enrique Ho, se comprometieron a buscar fondos para construir, al menos, tres plantas de transferencia de basura y dos rellenos sanitarios.

En enero de 2014, ante el grave problema de los desechos, la Alcaldía de Alanje autorizó que la comunidad pudiera quemar los desechos en sus casas, una vez a la semana.

Un año más tarde, personal de la AAUD realizó una gira por la provincia. La institución había anunciado que se haría una evaluación de los vertederos para poder encontrar una solución definitiva. Por el siguiente año y medio se utilizaría el sistema de trinchera en los vertederos existentes.

El pasado 9 de septiembre, los alcaldes de la provincia decidieron aceptar la propuesta de la empresa canadiense Aquiline Renewable Energy, para realizar un estudio que determine la factibilidad de reciclar toda la basura de la región.

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