Donaciones

TI se pronuncia contra la impunidad

Según Transparencia Internacional, no hubo voluntad en investigar la denuncia de presunto peculado en donaciones de la Asamblea Nacional.

Finalista al premio Gabo 2017

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Olga de Obaldía, directora de TI. Olga de Obaldía, directora de TI.
Olga de Obaldía, directora de TI. Archivo

Como una “oportunidad desperdiciada para demostrar su empeño en luchar contra la corrupción” , calificó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), la solicitud que hizo el Ministerio Público al Órgano Judicial para que dicte un sobreseimiento provisional –por falta de información– en la investigación de las donaciones otorgadas por la Asamblea Nacional.

“La falta de voluntad del Ministerio Público de utilizar todas las herramientas investigativas que le concede la ley y la complicidad de la Asamblea en proteger a sus funcionarios son la combinación perfecta que consigue un solo resultado: la impunidad”, dijo TI en un comunicado divulgado ayer.

En tanto, la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, dijo que tenía entendido que la entidad colaboró con el caso y que “verificaría con asesoría legal” qué sucedió.

Este medio consultó al Ministerio Público sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga en el caso, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

SOCIEDAD CIVIL: ‘IMPUNIDAD RAMPANTE EN LA ASAMBLEA’

Entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017, la AN gestionó $14 millones en donaciones. Expandir Imagen
Entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017, la AN gestionó $14 millones en donaciones. LA PRENSA/Archivo

Miembros de la sociedad civil cuestionaron que la Asamblea Nacional (AN) no haya proporcionado información requerida por el Ministerio Público (MP) sobre el manejo de donaciones y contratos por servicios profesionales en este órgano del Estado.

Esto ocasionó que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitara al Órgano Judicial el sobreseimiento provisional (archivo) de la investigación seguida a funcionarios de la AN y de un Municipio de Veraguas por este caso.

Para la dirigente del Movimiento Independiente de Panamá, Annette Planells, es “inaceptable” que la AN no entregue toda la información al Ministerio Público.

“Esto debe llevar una sanción por obstruir la justicia a los responsables en la Asamblea de entregarla [...] el MP tiene que ser enérgico en su obligación de perseguir el delito y presentar cargos contra aquellos que obstruyan la justicia”, dijo Planells.

Carlos Lee, miembro de Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró que definitivamente la clase política y particularmente la AN reflejan “la falta de compromiso con las prioridades que tiene con la población, que fortalecen primordialmente la lucha contra la impunidad”.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Esmeralda Arosemena de Troitiño indicó que el Legislativo, que por excelencia implica la representación del pueblo, “si no asume una actitud de transparencia y de rendición de cuentas, es contrario a lo que la representatividad democrática significa”.

Mientras que el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Rubén Castillo señaló que la misma Asamblea debe estar interesada en aclarar esta situación

Asimismo, dijo que hay que terminar con las prácticas de las donaciones, porque, a pesar de que se prohibió, “siempre buscan la manera para que las donaciones se mantengan”.

El abogado Ernesto Cedeño dijo que en la AN “hay una impunidad rampante” y que los diputados pertenecen a una casta privilegiada”. “Los diputados tienen un blindaje en todos los aspectos investigativos”, dijo.

DESDE LA ASAMBLEA

Sociedad civil: ‘impunidad rampante en la Asamblea’ Expandir Imagen
Sociedad civil: ‘impunidad rampante en la Asamblea’

La diputada y presidenta de la AN, Yanibel Ábrego, señaló que “tenía entendido” que el Órgano Legislativo “colaboró en todo”.

Ábrego indicó que verificaría este tema con la secretaría general y asesoría legal del hemiciclo legislativo.

Mientras que el diputado panameñista y segundo vicepresidente de la AN, Gabriel Soto, expresó que “entendía” que ya la AN había sido “auditada” por este caso.

FISCALÍA PARALIZA PESQUISAS

El fiscal Javier Mitre Burgos solicitó información en julio pasado a la Asamblea Nacional sobre los contratos del personal por servicios profesionales y donaciones, pero no la ha entregado, razón por la cual se vio forzado a solicitar el sobreseimiento provisional del proceso mientras obtiene la data.

La investigación de este caso se inició a partir de una denuncia presentada el 22 de abril pasado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), contra cinco funcionarios de la AN y uno del Municipio de Veraguas, a quienes acusó de la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

En ese sentido, TI señaló a través de un comunicado emitido ayer que un fiscal que genuinamente quiere obtener información, “no la solicita amablemente”. La obtiene mediante todos los mecanismos legales disponibles.

Es una burla a la ciudadanía pretender que la información sobre actos delictivos se obtendrá a las buenas y que si no se obtiene de esa manera, debemos conformarnos”, indicó la misiva.

Según la organización, la falta de voluntad del Ministerio Público de utilizar todas las herramientas investigativas que le concede la ley y la complicidad de la Asamblea Nacional en proteger a sus funcionarios, “son la combinación perfecta que consigue un solo resultado: la impunidad”.

Finalista al premio Gabo 2017

La periodista de la Unidad de Investigación del diario La Prensa  Mary Triny Zea Cornejo  es una de los 12 finalistas en la quinta edición del premio Gabo 2017, que entrega la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Zea Cornejo, quien tiene tres premios nacionales de periodismo en sus 13 años del ejercicio de la profesión, es finalista en la categoría Cobertura con
su trabajo “Dudosa  filantropía desde la Asamblea”.

La investigación documentó que entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017 la AN gestionó $14 millones en donaciones que, en buena parte, no fueron a parar a sus beneficiarios originales. Asimismo, que entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, la entidad destinó $68  millones a contratos por servicios profesionales, pero la mayoría de estos trabajos no se realizó.

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