BRASIL. justicia encara masacre de presos 21 años después.

El regreso a Carandirú

Si bien el juicio fue pospuesto hasta la próxima semana, el caso revive la polémica sobre el tratamiento a los privados de libertad.
MEMORIA. Cruces con los nombres de los 111 reclusos muertos por la represión policial en 1992 fueron plantadas por activistas frente a un edificio universitario en Sao Paulo. AFP/Nelson Almeda. MEMORIA. Cruces con los nombres de los 111 reclusos muertos por la represión policial en 1992 fueron plantadas por activistas frente a un edificio universitario en Sao Paulo. AFP/Nelson Almeda.
MEMORIA. Cruces con los nombres de los 111 reclusos muertos por la represión policial en 1992 fueron plantadas por activistas frente a un edificio universitario en Sao Paulo. AFP/Nelson Almeda.

Todo empezó con una pelea en el pabellón 6 del Centro de Detención de Carandirú, situado en el barrio de Santa Ana, en la zona norte de Sao Paulo, Brasil.

Ese 2 de octubre de 1992, las facciones comandadas por Coelho y Barba se enfrascaron en una riña que pronto se volvió incontrolable.

Con una población carcelaria de 8 mil internos, Carandirú era en ese momento el centro penitenciario más poblado de América Latina.

Los custodios fueron superados rápidamente por los reclusos, que eran quienes realmente controlaban el penal.

Aparentemente, luego de los enfrentamientos más graves, algunos internos mediaron para calmar los ánimos entre los grupos rivales y evitar un choque con las autoridades, ansiosas por las elecciones estatales que tendrían lugar al día siguiente.

Sin embargo, la policía militarizada ya había decidido que se tomaría el penal. No había un motín. Los presos no intentaban escapar. Era solo una reyerta a punto de finalizar.

Cuando los uniformados entraron, ya muchos internos habían regresado a sus celdas. Otros se habían rendido. Sin embargo, los policías les dispararon a mansalva. El resultado: 111 reclusos muertos por balas policiales. Ni una sola baja entre los agentes armados.

Veintiún años después, la masacre de Carandirú, que sacudió a la opinión pública brasileña, vuelve a los estrados judiciales.

El juicio contra 26 de los 79 policías que participaron en la operación fue retomado el pasado lunes, y tras la lectura de las acusaciones debió ser aplazado hasta la próxima semana, porque una integrante del jurado de conciencia debió ser evacuada al sufrir un repentino desvanecimiento.

El caso de Carandirú revive la polémica sobre la tolerancia hacia la violencia policial contra los delincuentes. Un dicho popular de la época sentenciaba: “Es mejor un delincuente muerto que un delincuente preso”.

El 80% de las víctimas se encontraba en espera de que se les comunicara la sentencia de sus respectivos juicios, casi todos por robos.

Los expertos dicen que las condiciones penitenciarias no han mejorado en estos 20 años en Brasil. Más bien, han empeorado, aseguran. Y la policía sigue siendo violenta.

264 efectivos de la policía militar participaron en el operativo. La defensa alega que después de tanto tiempo y sin las pruebas de balística, es imposible determinar responsabilidades.

Ubiratán Guimaraes, el comandante que dirigió la operación, fue condenado en 2001 a 632 años de prisión. Sin embargo, nunca pisó la cárcel y se postuló a un cargo político que le otorgó inmunidad.

Aunque se dice que fue su amante la que lo mató de un disparo en el pecho, en 2006, tras un episodio meramente pasional, afuera de su casa apareció una pintada: “Aquí se hace, aquí se paga”. (Con servicios internacionales)

Testimonio de la brutalidad

Drauzio Varella era un médico especializado en el tratamiento del sida.

Trabajó con los reclusos del penal de Carandirú y conoció de primera mano sus historias.

Fue este conocimiento el que le ayudó a escribir Estación Carandirú, un libro en el que da cuenta de la masacre ocurrida en el mes de octubre de 1992.

La cruda y conmovedora historia de Varella le sirvió como base al director de cine argentino-brasileño Héctor Babenco para su filme Carandirú, del año 2003. La película, que fue un éxito internacional, ayudó además para sensibilizar al público latinoamericano sobre el tema del hacinamiento carcelario y la brutalidad policial.

La cinta fue filmada en las locaciones reales donde acontecieron los hechos, antes de que el Gobierno brasileño decidiera su demolición.

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