Las dos versiones sobre el acuerdo con Moncada Luna

La defensa del magistrado separado de la Corte Suprema habría desistido del acuerdo firmado la semana pasada, pero no se ha confirmado.

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Alejandro Moncada Luna

En el acuerdo del 23 de febrero, el separado magistrado Alejandro Moncada Luna se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y falsedad de documentos. En el acuerdo del 23 de febrero, el separado magistrado Alejandro Moncada Luna se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y falsedad de documentos.

En el acuerdo del 23 de febrero, el separado magistrado Alejandro Moncada Luna se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y falsedad de documentos.

Versiones encontradas surgieron anoche en torno al acuerdo pactado entre el magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna y el fiscal de su caso, Pedro Miguel González. Fuentes extraoficiales aseguraron que Moncada Luna habría declinado aceptar el acuerdo que firmó el pasado 23 de febrero con el fiscal, mientras que este último manifestó que no ha recibido comunicación oficial del rechazo de lo pactado por parte de la defensa del separado magistrado.

Expectativa por acuerdo pactado en caso Moncada

El caso que el Legislativo le sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna una vez más está en el ojo de la tormenta.

Anoche fuentes extraoficiales aseguraban que Moncada Luna habría declinado aceptar el acuerdo que firmó la semana pasada con el fiscal designado Pedro Miguel González y en el que aceptó declararse culpable de los delitos de falsedad ideológica y enriquecimiento injustificado.

Pero González informó de que no ha recibido comunicación oficial del rechazo de lo pactado por parte de la defensa de Moncada Luna.

El abogado Gonzalo Moncada, primo del magistrado separado y quien hasta hace poco formó parte de la defensa de Moncada Luna, expresó que tenía información desde horas de la mañana de ayer de que eso podía suceder, pero no confirmó el rechazo de este acuerdo.

Otras fuentes aseguran que esta podría ser una medida de presión por parte del magistrado y su defensa para ver si antes de mañana miércoles, cuando se tiene prevista la realización de la audiencia de acuerdo de pena, le garanticen algunas condiciones favorables que no están en el acuerdo.

Estos puntos, que no quedaron por escrito, tienen que ver con que no se sigan causas penales en el Ministerio Público en contra de personas allegadas al magistrado separado y el lugar en donde este debería cumplir su condena de cinco años de prisión, pactada con el fiscal.

Se intentó conocer la versión de Ramiro Jarvis, abogado principal de Moncada Luna, pero este no respondió a los mensajes enviados ni las llamadas efectuadas a su celular.

Enrique Domínguez, quien funge como abogado sustituto del caso, tampoco respondió las llamadas.

PROCESO

Ayer en la mañana, la diputada panameñista Katleen Levy, presidente de la subcomisión de garantías del proceso que le sigue al magistrado separado, había asegurado que la fecha y hora de la audiencia se realizaría mañana miércoles a partir de las 9:00 a.m. “Seguiremos todo el procedimiento establecido en el artículo 220 del Código Procesal Penal, pero antes, el fiscal [Pedro Miguel González] deberá explicar muy bien cómo se dio el acuerdo”. Según lo establecido en este artículo, una vez aprobado el acuerdo, el juez de garantías procederá a dictar la sentencia, y de ser condenado, el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que correspondería por el delito.

En el acuerdo firmado el pasado lunes 23 de febrero, Moncada Luna se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad. Aceptó pagar una condena de cinco años de prisión, en vez de ir a juicio en la Asamblea Nacional.

También aceptó el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco. Como pena accesoria, quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ.

El resto de los bienes que le fueron aprehendidos, $4.6 millones y tres automóviles valorados en $63 mil, quedaría liberado. En el arreglo se excluyeron los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, por los cuales también era investigado.

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