APLICACIÓN DE LA PENA MÁXIMA EN PANAMÁ

Una vida tras los barrotes

Además de dos sentencias a 50 años de cárcel, los tribunales de justicia han dictado desde 2009 otras nueve condenas de entre 28 y 30 años de prisión.

Los panameños Víctor De Gracia, Keneth Nelson y Martín Wrigth Coto tienen algo en común: son los únicos reos en el país, de los más de 14 mil que hay en las cárceles, que cumplen la pena máxima de 50 años de prisión por la acumulación de crímenes, como lo permiten las últimas reformas al Código Penal de 2009.

De Gracia y Nelson, de 24 y 27 años, respectivamente, fueron condenados en febrero pasado por el Segundo Tribunal por dos homicidios y el intento de un tercero, ocurridos en enero de 2010 en El Crisol, San Miguelito.

Ambos fueron sentenciados a 30 años por homicidio doloso, más 10 años por tentativa de homicidio y otros 10 años por asociación ilícita y posesión de armas de fuego.

Wrigth Coto, de 28 años, por su parte, fue condenado por el mismo tribunal en septiembre de 2009 a 20 años de prisión por el asesinato de Damaris Mendoza, en 2006, y a otros 30 años de cárcel por el crimen de Ana Mercedes Medina en 2007. Este último fallo es de 2011.

Acumulación de penas

Las reformas al Código Penal fueron aprobadas en noviembre de 2009 y tuvieron como motivación esencial el aumento de la criminalidad, sobre todo de los homicidios.

Las modificaciones al texto legal incluyeron, entre otros aspectos, un aumento de la pena máxima de 35 a 50 años, tomando en cuenta la acumulación de delitos.

Además, se endurecieron las penas por la comisión de delitos como el homicidio por remuneración o encargo, secuestro, tráfico de personas, tráfico de drogas, robo agravado, blanqueo de capitales, asociación ilícita, pandillerismo, desaparición forzada y terrorismo.

Con la reforma se derogó la norma anterior, según la cual una persona que hubiese cometido varios delitos en un mismo hecho solo pagaría por el más grave de estos, más un porcentaje por los demás ilícitos, aunque en ningún caso la pena máxima superaría 35 años.

Hasta 2005, la pena máxima en Panamá era de 20 años de prisión.

A favor y en contra

De acuerdo con el criterio de algunas organizaciones de la sociedad civil, el aumento de penas por acumulación -tal como se contempla en las reformas de 2009- no resolverá por sí solo el problema de la criminalidad y, más bien, agravará el hacinamiento carcelario.

La población penitenciaria del país subió de unos 10 mil hombres y mujeres en 2005 a más de 14 mil 200 hoy en día.

En esa opinión coinciden, por ejemplo, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Comisión de Justicia y Paz.

El exfiscal primero superior James Bernard, por su parte, señaló que promulgar leyes para que los reclusos condenados pasen más tiempo en la cárcel no resuelve el problema de la delincuencia, para lo cual, en cambio, es necesario estudiar las causas de los delitos.

“El endurecimiento de las penas solo puede garantizar que se necesiten cárceles más grandes o que se construyan más prisiones”, dijo.

Aclaró que tampoco está probado científicamente que las penas más altas disuadan a los criminales para incurrir en delitos.

“Nada garantiza que un joven de 20 años que cumple 30 ó 35 años en prisión, salga y esté preparado para adaptarse a la sociedad. Sin resocialización, seguro volverá a delinquir”, acotó.

Pero para el fiscal tercero superior, Sofanor Espinoza, el endurecimiento de penas no solo ha ayudado a disminuir los índices de criminalidad, sino que ha provocado temor entre los maleantes.

“Por eso es que los criminales actúan en forma furtiva y tratan de no dejar pistas que los identifiquen. Lo que buscan es evitar ser llevados a juicio y una eventual sanción”, dijo.

Según su criterio, lo que más produce temor a los maleantes es a la certeza del castigo; es decir, “estar frente a un Órgano Judicial contundente, una policía de investigación efectiva, un funcionario de instrucción eficaz”.

La opinión de Espinoza coincide con estadísticas del Ministerio de Seguridad, que dan cuenta de que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 11 casos en 2005 a 18.8 casos en 2008 y a 23.2 casos en 2009. Pero en 2011 disminuyó a 20.8 y hasta septiembre pasado era de 17.5 casos.

A su vez, el director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, consideró que con estas modificaciones al Código Penal se hace necesario reformar la ley penitenciaria para acoplar las prisiones a este tipo de condenas severas.

Y es que, según explicó, el programa penitenciario no está preparado para reclusos que van a envejecer y hasta morir en las cárceles.

Al ser condenados por delitos graves, no pueden optar a libertad condicional ni a rebajas de penas por trabajo y estudio.

Según Calderón, estos reos serán llevados a celdas de máxima seguridad, debido a la peligrosidad que representan, pues pueden cometer otros delitos y no se les puede castigar por ello.

Y al factor riesgo se suma el gasto que representan para el Estado. Según estadísticas del Sistema Penitenciario, un detenido le cuesta hoy día al Estado un promedio de $9 diarios en concepto de alimentación, custodia, medicamentos, servicios básicos e infraestructura.

Es decir, la manutención de un reo suma unos $270 mensuales, o lo que es lo mismo cerca de $3 mil 240 al año, o $162 mil en 50 años.

OTRAS CONDENAS

Desde 2009, cuando empezó a regir este último aumento de penas por la acumulación de delitos, se han registrado en el país unos 2 mil 800 homicidios, por los cuales unas mil 500 personas esperan juicio, según fuentes judiciales.

Otros antisociales, sin embargo, ya fueron condenados y entre estos destacan nueve, quienes fueron sentenciados a penas de prisión de entre 28 y 30 años.

Entre esos criminales están las colombianas Melany Narváez y Blanca Maldonado (esta última prófuga tras evadirse de la cárcel de mujeres a principios de este mes), quienes fueron condenadas en 2010 a 30 y 28 años de cárcel, respectivamente, por el homicidio agravado del exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Dudley, ocurrido en un casa de ocasión en diciembre de 2007.

Por su parte, Enderé Antonio Peralta, Edelmiro Rodríguez, Mario Jones, Luis Enrique Ramírez, Javier Alberto Ureña y José Villarreal fueron condenados a 30 años de prisión, en distintas sentencias dictadas entre 2010, 2011 y 2012, todas por homicidios agravados. En el caso de Villarreal, la víctima fue un infante.

Ricardo Castillo fue sentenciado a 28 años de prisión en julio pasado como cómplice primario e instigador de un grupo de menores que acribilló a tiros a una joven, solo para robarle su celular en enero de 2011.

Mientras, Fabián Machado y Eduardo Barrios pasarán 25 años presos por homicidios que cometieron en 2010; y José Alberto Bryan y Eric Omar Escala estarán 22 años en prisión cada uno por el mismo delito, tras una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Chiriquí en 2011.

A LA ESPERA

Otro caso que puede llevar a sus imputados a pasar una vida tras los barrotes es el del estadounidense William Dathan Holbert, alias Wild Bill, y de su pareja Laura Michell Reese, acusados por cinco homicidios ocurridos en Bocas del Toro durante el año 2010.

En igual circunstancia se encuentra el español Javier Martín, acusado de los asesinatos del francés Jean Pierre Bouahard y del estadounidense Don North.

Por su parte, los dominicanos Gilberto Ventura, Alcibiades Méndez y Félix Rosario, y los panameños Keny Bendiburg, Mario Vega, Gisel Bendiburg Salazar y Roberto Antonio Mariscal están sindicados por los secuestros y asesinatos de cinco jóvenes en La Chorrera entre octubre de 2010 y septiembre de 2011.

Pena máxima de 70 años

Dos proyectos de ley reposan actualmente en la Asamblea, con los que se busca endurecer aún más las penas de cárcel por homicidios atroces y en los que las víctimas sean menores de edad.

En octubre de 2011, a causa de los secuestros y asesinatos de cinco jóvenes en La Chorrera, una comisión especial presentó ante la Asamblea un informe en el que se descartó la aplicación de la pena de muerte o cadena perpetua, pero recomendó que se aumentara la pena máxima en el país para crímenes atroces de 50 a 70 años de cárcel, y además solicitó establecer de 30 a 35 años de cárcel para los menores de edad que cometan asesinatos múltiples.

El documento, elaborado por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, y por los juristas José Acevedo, Neftalí Jaén, Agapito González, Renato Pereira y Julio Miller está en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

En tanto, el diputado de Cambio Democrático Mario Miller anunció a principios de este mes que presentará un proyecto de ley que propone un aumento de penas de hasta de 60 años de cárcel para quienes cometan delitos graves contra menores de edad.

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