[EL PODER CUESTIONADO]

Liberados de obedecer

En la ´Constitución´ francesa de 1793, se selló la aspiración de alzarse contra los gobiernos tiránicos, ilegítimos por su origen o por la violación del pacto en virtud del cual se constituyeron.
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Nadie puede hacerse rey por sí mismo. Un pueblo pone a un hombre sobre sí a fin de que los gobierne rectamente, dé a cada uno lo suyo, ayude al bueno y sujete al malo; en una palabra, para que haga justicia frente a todos.

Si ese hombre infringe el convenio sobre cuya base fue elegido; si perturba lo que tenía que conservar en orden, entonces la justa razón reclama que quede liberado del deber de obediencia, especialmente cuando fue el príncipe quien primero rompió el vínculo de fidelidad que le unía al pueblo. Así se expresaba Mangoldo de Lautenbach, en 1083; su reflexión es válida para todo régimen político basado en el consenso, en la participación y en la justicia.

En la Constitución francesa de 1793, quedó sellada la aspiración a alzarse contra los gobiernos tiránicos, ilegítimos por su origen o por la violación del pacto en virtud del cual se constituyeron: “Cuando un gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada uno de sus componentes, el más sagrado derecho y el más indispensable de los deberes”.

En países del sur de Europa los poderes democráticos son arrumbados por fuerzas opacas pero feroces: mercados e imposiciones, por ejemplo los de la troika: Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, que no proceden de elecciones libres y legítimas.

La prueba es la corrupción, el derribo del estado de bienestar, de los derechos universales y constitucionales a la educación, sanidad, libertades, trabajo y a un estado de sobriedad compartida. Rige algo peor que la ley de la selva, la anomia o falta de ley (o su conculcación), el desconcierto, la inseguridad, el miedo que llevan a la desesperanza y que legitimarán la insurrección contra los poderes establecidos. Ya que no fueron suficientes ni la resistencia ni la indignación ni las manifestaciones de los ciudadanos, ni siquiera los suicidios.

Los detentadores del poder se preguntan por qué nos alzamos ante las leyes establecidas. La respuesta es porque no tienen como objeto principal de su cometido el bienestar y la felicidad de los ciudadanos.

Y si no hay leyes aprobadas por auténticos representantes del pueblo, si estos se han convertido en marionetas de espurios intereses, si las instituciones producen sufrimiento y rechazo, es justo y conveniente que los ciudadanos se alcen contra los poderes establecidos y aún contra la más alta magistratura del Estado, pues “estos fueron los primeros que han roto el vínculo de fidelidad”.

La lex regia fue la expresión del pacto recogido en la cláusula en la que los señores del reino de Aragón dicen al rey Alfonso III, en 1287: “Nos, que valemos tanto como vos y que juntos somos más que vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que nos guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no”. Al igual que en la tradicional cláusula que garantizaba el poder delegado por los representantes del pueblo: “Serás rey mientras actúes con arreglo a derecho, si no lo haces, dejarás de serlo”. Ni habrá que deponerte, dejarás de serlo.

Los poderes cuestionados deben recordar que este camino en la indignación tal vez no conduzca a ninguna parte, pero alguien viene por él. Y, en palabras de Roosevelt, no es el crítico quien cuenta; no es aquel que muestra cómo el fuerte se tambaleó o dónde el bienhechor pudo haberlo hecho mejor. El crédito le pertenece al hombre que está en la arena; cuyo rostro está pringado de polvo, sudor y sangre; que lucha valientemente; que yerra y queda corto una y otra vez; que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, y gasta su vida por una causa justa; aquel que, en la cúspide, conoce el triunfo de los grandes logros, y que en el peor de los casos, si es que falla, por lo menos falla atreviéndose a mucho, para que su lugar nunca esté entre aquellas frías y tímidas almas que no conocen ni la victoria ni la derrota.

Esa necesidad de legitimidad en el derecho de resistencia y en el deber de rebelarse es comprensible, pues trata de la lucha contra la arbitrariedad.

Según Locke, el derrocamiento de un gobierno que abusa de la confianza depositada en él, puede ser considerado más bien como una disolución de sí mismo, que como una revolución.

Esta es la realidad originaria que deben tener presente los gobernantes. Pues si no lo hacen, el pueblo se la recuerda mediante la revolución.

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