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[DILEMA]

Muerte digna

Hace un mes, las autoridades de Oakland, California, certificaron que la niña de 13 años Jahi McMath estaba legal y clinicamente muerta. Sus padres se niegan a desconectarla.
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Una niña y una madre embarazada que sufren de muerte cerebral han generado un intenso debate ético, político, científico y legal sobre el derecho a morir dignamente.

¿Qué se debe hacer cuando el cerebro de un ser querido ha muerto y el hospital se niega a obedecer los deseos de los familiares de los pacientes que piden se le desconecte de un respirador artificial? ¿Cuáles deben ser los límites para mantener artificialmente la vida de un paciente? ¿Cuándo termina la vida: cuando deja de palpitar el corazón o cuando el cerebro cesa sus actividades?

Hace aproximadamente un mes, las autoridades de Oakland, California, certificaron que la niña de 13 años Jahi NcMath estaba legal y clínicamente muerta, aunque su corazón sigue palpitando gracias al ventilador al que sigue conectada, y a la voluntad de sus padres que se niegan a desconectarla. Los médicos del hospital quieren desconectarla porque han concluido que no es ético nutrir a una persona ya muerta. Hasta ahora, los tribunales de justicia les han dado la razón y han ordenado que se desconecte a la niña, pero los padres han desobedecido porque creen que la niña puede “despertar en cualquier momento” y por el momento la han trasladado a un lugar secreto.

Y mientras sucede este drama en California, el esposo y los padres de Marlise Muñoz agonizan en Fort Worth, Texas. Marlise, de 33 años, padece también de muerte cerebral tras sufrir un ataque cerebral que la mantuvo inconsciente por más de una hora. El hospital se niega a desconectarla a pesar de la oposición persistente de su marido y su familia porque Marlise se encontraba en la semana 14 de gestación.

El problema en este caso es que en el estado de Texas existe una ley a la que se han acogido los médicos del hospital John Peter Smith, que prohíbe retirar la ventilación artificial porque dañaría el feto, ahora en su semana 20 de gestación. El corazón tanto de la madre como del feto palpitan gracias al ventilador, pero no se sabe cuál es el estado del cerebro del feto.

La situación de ambas mujeres ha abierto un intenso debate sobre los principios éticos, la política, la ciencia, las leyes y las emociones que entran en juego al tener que tomar este tipo de decisiones.

Yo entiendo el dolor de los familiares de estas pacientes, pero desde mi punto de vista es evidente que la familia de Jahi se niega a aceptar que la muerte cerebral implica que ya no podrá recuperar las funciones que la definen como ser humano, por más dolorosa que sea la muerte a destiempo.

En el caso de Marlise Muñoz, me parece infame que en nombre de la vida, un puñado de políticos y fanáticos religiosos tengan permiso legal para conservar un feto en el cuerpo de una mujer muerta cuyo corazón se mantiene palpitando de manera artificial sin mostrar consideración alguna por la víctima, el feto y sus familiares.

Esta no es la primera vez que en Estados Unidos se discute el derecho a la muerte y su subsecuente politización. En 1975, Karen Ann Quinlan vivió en estado vegetativo por una década. Ocho años después, Nancy Cruzan quedó en estado vegetativo conectada a un tubo que la alimentó, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la nación falló a favor de los padres que pedían que no se le mantuviera con vida artificialmente. Terry Schiavo fue alimentada artificialmente durante 15 años y enfrentó a los padres de la paciente que luchaban por mantenerla conectada con el esposo que quería desconectarla. Finalmente los tribunales ordenaron que se le desconectara.

Los padres de Jahi, ha declarado el doctor Joseph Finns al New York Times, “confían en la recuperación de su hija y piden que se revoque una decisión que no está bajo control humano. La familia Muñoz, por el contrario, está pidiendo que se revierta una situación que sí está bajo control humano y cuyo fondo es si una madre querría ser madre bajo esas circunstancias”.

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