[LEYES SOBRE EL ABORTO]

Un derecho ganado a pulso

México tiene la legislación más progresista. El aborto es legal por tres razones: violación, cuando se pone en riesgo la vida de la madre y por malformaciones genéticas graves del feto.
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“Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”. Por regla general, en aquellos países donde el aborto es legal, dentro de ciertos parámetros razonables, su incidencia es menor y su práctica más segura, es decir, presenta menos consecuencias negativas al practicarlo. No obstante, en países donde las leyes que hasta ahora han permitido que sean las mujeres quienes decidan cuántos hijos quieren y deben tener, otra vez con ciertas limitaciones razonables, están hoy bajo ataque, sobre todo en España y en Estados Unidos.

La nueva ofensiva no se sustenta con argumentos que tienen que ver con la salud de las mujeres, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, “promulgar leyes de aborto muy restrictivas no trae como resultado tasas de aborto más bajas. En África, por ejemplo, la tasa de aborto es de 29 por cada 1,000 mujeres en edad fértil y de 32 por cada 1,000 en América Latina, regiones en las que el aborto es ilegal en la mayoría de las circunstancias y en la mayoría de los países. Mientras que en Europa occidental, donde el aborto es generalmente permitido, la tasa es de 12 por 1,000”.

En México, la legislación más progresista está en la ciudad de México, donde abortar es legal hasta los tres meses por varias causas: violación, cuando se pone en riesgo la vida de la madre, por malformaciones genéticas graves del feto, y por otras causas. El problema, sin embargo, es que el tratamiento a las mujeres no es igual en todos los estados. En Colombia, el aborto está permitido en caso de violación; cuando existe peligro para la salud de la mujer, en caso de malformaciones o problemas graves de salud del feto. En Panamá el aborto es ilegal salvo en caso de amenaza a la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es el resultado de una violación.

En Estados Unidos, el aborto o interrupción voluntaria del embarazo es legal en todo el territorio nacional desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia del caso Roe contra Wade, el 22 de enero de 1973. En dicha sentencia, el máximo tribunal de justicia estableció que el aborto podía practicarse dentro del primer trimestre del embarazo.

Desafortunadamente, en los últimos tres años los movimientos contra el aborto, alentados por grupos archi conservadores y algunas Iglesias, han logrado restringir de hecho el acceso a clínicas donde se hacen abortos. También han hostigado a los médicos que lo practican, y apoyados por las legislaturas y los tribunales estatales luchan por establecer nuevos límites al mandato legal vigente en por lo menos la mitad de los estados del país.

El último reto al derecho de las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo y en qué términos planificar su entorno familiar lo ha planteado una orden de monjas católicas al demandar ante la Suprema Corte de Justicia a eximir a la orden de la obligación de proporcionar un seguro médico a sus empleadas que incluya el costo de los anticonceptivos que exige la nueva ley de salud. En total suman ya más de 100 los grupos que se han manifestado en contra de esta provisión de la ley aduciendo que va en contra de sus creencias religiosas.

En el caso de las órdenes religiosas su argumento carece de validez porque los grupos religiosos ya están exentos de pagar anticonceptivos a sus empleadas si consideran que viola su misión religiosa. Las mujeres que trabajan para estos grupos pueden tener acceso a los anticonceptivos sin tener que recurrir a sus empleadores. El litigio, sin embargo, seguirá su curso pues lo que quieren los grupos religiosos es restringir el derecho al aborto.

En España, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto un anteproyecto de ley de reforma del aborto que no solo elimina la posibilidad de que las mujeres puedan decidir libremente sobre su embarazo hasta las 14 semanas de gestación, como rige en la mayor parte de los países europeos, sino que hace mucho más restringida la regulación.

Tanto es así, que el proyecto de Gallardón ha suscitado un amplio rechazo de mujeres, doctores y políticos dentro y fuera de España. Pero quizá ningún comentario ha sido tan elocuente como el del Presidente de Extremadura, conservador y miembro del partido en el poder, José Antonio Monago, quien refiriéndose al proyecto de ley ha dicho, “Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”.

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