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[ENCUENTRO CON EL PAPA]

Le pusieron por nombre Caridad

Se prevé que Su Santidad arremeta una vez más, en su afán evangelizador, contra algunas leyes españolas, como la reforma de la ley del llamado divorcio exprés.

Esta semana se celebra en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud, convocada por Benedicto XVI, en Sydney, en el 2008 (la última ciudad que acogió el evento), y a la que asistirán, entre peregrinos, religiosos y voluntarios, casi un millón de personas. El costo asciende a 50 millones de euros [72 millones de dólares], de los que un 70% –según declaran los organizadores– está financiado por los asistentes y un 30% por donaciones privadas y patrocinios de empresas.

De todas las noticias que ha generado el acontecimiento, que han sido muchas, me ha llamado la atención un par de ellas. La primera es que se prevé que Su Santidad arremeta una vez más, en su afán evangelizador, contra algunas leyes españolas, como la reforma de la ley del llamado divorcio exprés; la legalización del matrimonio entre homosexuales (“lo peor que le ha ocurrido a la Iglesia católica en 2000 años”, según la Conferencia Episcopal), la experimentación con embriones, la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la reforma de la ley del aborto de 1985, ahora con el nombre de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Ya en Barcelona, en noviembre pasado, Benedicto XVI comparó la España actual con la de la Segunda República en lo que a despego del catolicismo se refiere, y no se espera que en esta ocasión baje el tono. Curioso, porque resulta tan chocante como la actitud del invitado a una cena que en lugar de agradecer las atenciones de sus anfitriones, se dedica a criticar la vajilla que no coincide con su gusto.

Sin embargo, las relaciones del Estado español y del Vaticano son buenas, y justo es reconocer que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha hecho todo lo posible para lograrlo y para contemporizar con los obispos.

Por ejemplo, en la campaña del 2004, el PSOE prometió que legalizaría la eutanasia, pero en su lugar, se ha presentado recientemente en el Congreso una ley de cuidados paliativos y muerte digna que aún no ha sido aprobada. La eutanasia seguirá penalizada, a pesar de que según estudios especializados, más del 60% de la población está en desacuerdo.

Por otra parte, también está engavetada la reforma a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, vigente desde 1980, que resolvería situaciones paradójicas en un Estado aconfesional, como los funerales de Estado por el rito católico o los símbolos religiosos en las escuelas.

Rodríguez Zapatero consideró que la reforma no era urgente justamente tras una entrevista con el Papa, y tampoco se ha logrado que la Iglesia se autofinancie, pues en la declaración de la renta existe una casilla para aquellos que deseen que un porcentaje de sus impuestos se destine a ella en desmedro de su contribución a las arcas públicas. Aun así, escucharemos sin duda la queja eclesiástica, y qué mejor portavoz que el mismísimo Pontífice. Amanecerá y veremos.

La segunda noticia que llamó mi atención es, digamos, de orden más abstracto. Resulta que el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, ha autorizado a sus sacerdotes a levantar la excomunión a todas aquellas mujeres que se muestren arrepentidas de haberse hecho un aborto. Eso sí, con la consiguiente penitencia, como si fuera poca penitencia la dolorosa decisión de abortar.

El objetivo es que todos los católicos que acudan a los actos de la Jornada Mundial de la Juventud puedan “alcanzar más fácilmente los frutos de la gracia divina, que les abra las puertas de una vida nueva”.

Altisonancia más, altisonancia menos, a las no arrepentidas, que ni siquiera se deben de haber enterado de que están excomulgadas, ni flores. Las historias personales de cada mujer cuentan poco para los obispos. Para ellas la vida vieja, la condena y el desprecio. No es eso a lo que le pusieron por nombre Caridad.

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