Los privilegios se han tornado en abusos intolerables.

Abogados del continente buscan eliminar la inmunidad

En Lima, se acordó promover una ‘ley marco’ para restringir los fueros y eventualmente eliminarlos por completo.

Las prerrogativas parlamentarias en Panamá sufren de constantes críticas de la opinión pública. Las prerrogativas parlamentarias en Panamá sufren de constantes críticas de la opinión pública.
Las prerrogativas parlamentarias en Panamá sufren de constantes críticas de la opinión pública.

El polémico régimen de las inmunidades en América Latina ha empezado a ser analizado desde un punto de vista crítico por organizaciones de abogados del continente, que la semana pasada se reunieron en Perú, en donde sugirieron medidas que pretenden restringir su amplio alcance.

Abogados, docentes, organismos de la sociedad civil, representantes del gremio abogadil, ex magistrados, ex jueces, e incluso parlamentarios –de Panamá y del Parlamento Centroamericano– analizaron el tema a profundidad. Un documento que recoge las conclusiones de tres días de reuniones sugiere producir una propuesta de "ley marco regional" para ser presentada a la Organización de Estados Americanos, tras haber sido consensuada en cada países de la región.

Abogados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Centroamérica y Panamá acordaron que los encargados de promover la elaboración de la "ley marco" en materia de inmunidades serán los colegios profesionales –en Panamá, el Colegio Nacional de Abogados– y las organizaciones interesadas en el tema.

Al mismo tiempo, se promoverán medidas que buscan combatir la corrupción, entre ellas, el "uso desproporcionado e injustificado de los denominados ‘gastos reservados’ a cuyo amparo suelen ocultarse prácticas corruptas".

En el encuentro –auspiciado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Interamericana de Abogados y el Proyecto de Rendición de Cuentas Anticorrupción en las Américas– también sugirió que, en la primera etapa, se impulse una regulación restrictiva del régimen de las inmunidades a fin de que no se amplíe el número de funcionarios con este tipo de privilegios.

También, que la inmunidad se limite, restringiéndola sólo a actos o conductas ilícitas de los funcionarios relacionados al ejercicio del cargo y no incluya los delitos comunes.

En su segunda etapa, los abogados sugirieron "la supresión de este régimen de inmunidades por considerar que no tiene utilidad práctica al haber perdido legitimidad".

Los abogados llamaron la atención sobre la ilegitimidad de los mecanismos normativos de inmunidad establecidos para burlar la responsabilidad por hechos ya consumados, como leyes de amnistía, perdón o indultos.

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