la asamblea anunció que hoy debatirá el proyecto de ley en tercer debate

Acceso sin límite al récord

La reforma permitirá que cualquiera pueda solicitar –sin costo– un certificado sobre antecedentes penales en la DIJ.

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VIGENCIA. De 1990 a 2001 estuvo vigente la expedición del récord policivo para todos los ciudadanos. LA PRENSA/Jorge Fernández VIGENCIA. De 1990 a 2001 estuvo vigente la expedición del récord policivo para todos los ciudadanos. LA PRENSA/Jorge Fernández
VIGENCIA. De 1990 a 2001 estuvo vigente la expedición del récord policivo para todos los ciudadanos. LA PRENSA/Jorge Fernández

Victorio Domínguez lleva cinco años cumpliendo una condena de siete por tráfico internacional de drogas, en la cárcel La Joya. Desde hace tres años realiza estudios en el penal y es uno de los mil reos que dedican su tiempo tras las rejas a aprender una profesión.

Pero tiene una creciente preocupación: la pronta aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de una ley que vuelve a hacer de acceso público el récord policivo. “Cuando empecé a estudiar, creí que una vez obtuviera la libertad podría laborar y reinsertarme en la sociedad, como el resto de la población panameña”, dijo. Ahora es consciente de que su pasado lo perseguirá cuando salga de La Joya.

Domínguez fue detenido en el año 2003 con 15 kilos de cocaína, en un taxi en el que viajaba de Chilibre a Vía España. Teme que cuando sus potenciales empleadores se enteren, lo discriminen. “Esa es la realidad”, dijo.

El récord policivo dejó de expedirse a todo el mundo en el año 2001. Ahora solo está al alcance de investigadores o de las autoridades.

El ministro de Gobierno y Justicia y proponente del proyecto de ley, José Raúl Mulino, quiere que el documento –que formalmente se llama “certificado de información de antecedentes penales”– vuelva a ser de acceso a todo aquel que lo solicite ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Y, además, “libre de costos”.

En la exposición de motivos de su propuesta, Molino dijo que muchos delitos ocurren “por el desconocimiento de los antecedentes reales de las personas a las que se les da un empleo”.

Ese desconocimiento cuesta vidas, alega citando casos: en el año 2007, Ana Mercedes Medina fue estrangulada en su apartamento por Martín Wright Coto, el guardia de seguridad de su edificio. Wright Coto tenía cuatro casos criminales en su haber y estaba libre gracias a una medida cautelar. Sus empleadores no sabían cuando lo contrataron.

Sobre los efectos que tendrá su propuesta en los ex convictos que intenten incorporarse al mercado laboral, Molino comentó que “quedará en manos de los empresarios, que sabrán de antemano si depositan la confianza en sus empleados, pero teniendo pleno conocimiento de a quién están contratando”.

Javier Justiniani, de la Fundación de Apoyo al Detenido, dijo que se trata de una propuesta hipócrita, porque en vez de buscar mecanismos para resocializar a los detenidos, limita las oportunidades de reinserción. “Es mentira que un empresario –si tiene que elegir a un empleado para que realice un trabajo de programar computadoras– vaya a seleccionar al que tiene prontuario delictivo, por uno que nunca en su vida ha estado detenido”, concluyó.

De antecedentes penales y carcelazos por protestar El proyecto de ley 110 sobre el récord policivo modifica la Ley Orgánica de la DIJ (Ley 6 de 2007). El documento recoge los antecedentes penales, incluyendo sentencias, resoluciones sobre libertad condicional, penas sustitutivas a la prisión, suspensión, reemplazo o aplazamiento de la ejecución de la pena. Todo eso se almacena en el Gabinete de Archivo e Identificación Personal de la DIJ.

Hasta ahora, el récord policivo o certificado de información de antecedentes penales no puede exigirse en las solicitudes de empleo, salvo que se trate de servicios bancarios, financieros, valores, transporte aéreo, seguridad privada, manejo de explosivos, domésticos, docencia y de transporte colegial.

Con la reforma legal, cualquiera persona podrá pedirlo.

El diputado Marcos González propuso una modificación al proyecto original, para que no consten las infracciones cuando la pena tiene 10 años de haberse cumplido. Además, solicitó que el Sistema Penitenciario certifique si el reo se rehabilitó o no.

A la propuesta también se le sumó el camarón relativo a la penalización –con una pena de hasta dos años de cárcel– por el cierre las calles.

El rigor de la sanción ha sido rechazado públicamente, tanto por el presidente, Ricardo Martinelli, como por el vicepresidente, Juan Carlos Varela. Para el también canciller, “dos años es un tiempo excesivo”.

Por ello, solicitó que se modifique la sanción a “días multa”.

Se anunció que hoy, previo al inicio del tercer debate del proyecto, habrá una reunión con las diferentes bancadas.William Salaflor Mizrachi

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