Consultoría para el programa de protección de víctimas y testigos

Acusan de ‘atropello’ a Bonissi

El Procurador suplente considera elevado el pago de las remuneraciones a los consultores locales, pero una fuente dijo que el monto es razonable.

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decisión. El procurador suplente, Giuseppe Bonissi, anunció que no firmará la consultoría con Aguilar y Asociados, y otras cuatro más relacionadas con el nuevo sistema penal acusatorio, por considerar elevados sus montos. LA PRENSA/Eric Batista decisión. El procurador suplente, Giuseppe Bonissi, anunció que no firmará la consultoría con Aguilar y Asociados, y otras cuatro más relacionadas con el nuevo sistema penal acusatorio, por considerar elevados sus montos. LA PRENSA/Eric Batista
decisión. El procurador suplente, Giuseppe Bonissi, anunció que no firmará la consultoría con Aguilar y Asociados, y otras cuatro más relacionadas con el nuevo sistema penal acusatorio, por considerar elevados sus montos. LA PRENSA/Eric Batista

La disputa entre el Ministerio Público (MP) y la Consultora Internacional Multidisciplinaria Aguilar y Asociados, con sede en Bolivia, ha puesto en entredicho la ejecución del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

La consultora boliviana había sido contratada para ejecutar el programa y formar a los 30 funcionarios del MP que estarían al frente de este, dentro de lo que será el nuevo sistema penal acusatorio, pero hace una semana, el procurador suplente, Giuseppe Bonissi, dijo que no firmaría el contrato y dio por finalizada la relación con Aguilar y Asociados, alegando que la consultora local Magaly Castillo cobraría una remuneración demasiado alta.

Los ejecutivos de Aguilar y Asociados calificaron como un “atropello” de Bonissi el pretender desconocer un contrato que se ganaron en septiembre de 2009, a través de una licitación internacional convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo monto fue por 251 mil 181 dólares. La consultoría se realizaría en siete meses.

El socio principal de la firma, Oscar F. Aguilar, explicó que luego de ganar la licitación , en octubre de 2009, firmaron un “contrato de trabajo” con la Procuraduría de la Nación, donde entregaron los documentos legales y una póliza de garantía de cumplimiento por 25 mil dólares.

Aguilar contó que, en diciembre pasado, el Ministerio Público les comunicó que por el “cierre de la vigencia fiscal” la consultoría sería incluida en el presupuesto de 2010. En enero de este año se firmó el contrato por segunda vez.

Pero el 5 de febrero se dan los cambios en la jefatura del MP. La procuradora, Ana Matilde Gómez, fue suspendida de su cargo y, por esa razón, entró Giuseppe Bonissi como procurador suplente.

El 16 de marzo, representantes de la consultoría se reunieron en el Ministerio Público con Neftalí Jaén, asesor de Bonissi y coordinador de Proyectos Especiales del Área Judicial “para afinar detalles de la consultoría”. El grupo se volvió a encontrar el 18 de marzo, solo que en esta ocasión Aguilar recibió una carta de Bonissi en la que le comunica que la consultoría “no será considerada ni firmada” por el Ministerio Público.

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