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PROYECTO.CONCESIONES EN LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Agua, nuevo debate ambiental

En la Asamblea Nacional se analiza una norma que busca regular el uso del líquido. Ambientalistas están alerta.

PREOCUPACIÓN. Ambientalistas temen que la propuesta legislativa, de ser aprobada, termine restringiendo el acceso a los recursos hídricos. PREOCUPACIÓN. Ambientalistas temen que la propuesta legislativa, de ser aprobada, termine restringiendo el acceso a los recursos hídricos.
PREOCUPACIÓN. Ambientalistas temen que la propuesta legislativa, de ser aprobada, termine restringiendo el acceso a los recursos hídricos.

Una iniciativa legislativa que busca regular el uso del agua es la nueva preocupación de los ambientalistas. Se trata del proyecto de ley número 278 que establece el marco regulatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos.

La regulación no es nueva. De hecho, el Decreto Ley número 35 del 22 de septiembre de 1966 establece las concesiones de agua.

No obstante, la nueva propuesta inquieta a los ambientalistas porque temen que se trate de una privatización de los recursos hídricos.

Por su parte, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) considera que el proyecto busca actualizar la vieja norma y descarta el término privatización.

POSICIONES ENCONTRADAS

La abogada y ambientalista Susana Serracín dice que el artículo 50 del proyecto es claro. "La concesión de uso de aguas es un acto administrativo a favor del solicitante, mediante el que se le garantiza el derecho al uso con carácter transitorio o permanente...".

La palabra "permanente" aterra a Serracín y así lo hizo saber cuando revisó el documento que todavía es objeto de discusión en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.

Concesionar el agua de forma permanente a terceros es crear la misma figura de terrateniente en cuanto a la tenencia de tierra, aunque en el caso de los recursos hídricos serían " aguatenientes" porque permite que personas se apoderen del recurso, dijo.

"Esto es muy peligroso. Es abrir las puertas a una injusticia social porque está limitando el libre acceso a las fuentes hídricas", recalcó.

El último párrafo del artículo 50 del proyecto establece que las concesiones transitorias se concederán por un plazo no mayor de 30 años prorrogables y el artículo 51 les da el derecho a los concesionarios a ampliar la concesión por el mismo periodo solicitado.

Ariel Rodríguez, biólogo y ambientalista, no se opone a la creación de una regulación sobre los recursos hídricos, pero se suma a la preocupación de otorgar concesiones permanentes. "Se debe contar con una ley que busca la protección de este recurso natural", sostuvo.

Estas críticas en contra del proyecto se agregan a la de la organización Consumo Ético, que preside Yakarta Ríos, quien fue la primera voz que salió públicamente a oponerse a la iniciativa legislativa.

Entre las consideraciones de Ríos está el hecho de que la norma no es más que la entrega de las fuentes de agua a manos privadas y, en consecuencia, una afectación a "la vida de los ciudadanos".

DOMINIO PÚBLICO

La Anam reconoce que el agua es un bien de dominio público, descarta la privatización de los recursos hídricos y defiende el proyecto de ley. La entidad, de acuerdo con el proyecto, será la responsable de otorgar las concesiones "transitorias o permanentes".

Un comunicado de la institución explica que el proyecto de ley busca actualizar y ampliar el marco regulatorio que rige para los recursos hídricos.

La propuesta, señaló el comunicado, incorpora principios para la política hídrica que reconocen que el agua es un recurso finito y vulnerable.

La iniciativa también es apoyada por el ex administrador de la Anam Ricardo Anguizola, quien dijo que se requiere de una nueva norma de esos recursos porque la actual no contempla su uso sostenible ni muchos menos hace referencias al problema de las cuencas hidrográficas del país.

"Desde hace 41 años se vienen dando concesiones de agua y era hora de que se creara una nueva norma", precisó.

Serracín, en tanto, recomendó que antes de aprobar el proyecto se observe el caso de México, que según dijo, mantiene normas similares.

El diario La Jornada, en su edición del 3 de julio de 2005, publica un estudio de Public Citizen para el Banco Mundial en el que se cuestiona la norma, al crear sistemas de aguas que quedaron controlados por empresas transnacionales.

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