AUDITORíA. IRREGULARIDADES EN FALLOS DE MAGISTRADOS.

Alianza Ciudadana cuestiona a la Corte

Piden cambios urgentes en la administración de justicia y la selección de los magistrados.

Un análisis de varios fallos revela selectividad a la hora de impartir justicia. Cinco casos son la prueba de ello.

Magistrados bajo la lupa. La imparcialidad es su "talón de Aquiles", según un análisis de sus sentencias. Magistrados bajo la lupa. La imparcialidad es su "talón de Aquiles", según un análisis de sus sentencias.
Magistrados bajo la lupa. La imparcialidad es su "talón de Aquiles", según un análisis de sus sentencias.

Parece que los repetidos salvamentos de voto del magistrado Adán Arjona en los fallos de la Corte Suprema no eran solo para molestar a sus colegas, como se ha insinuado. Una auditoría de esos fallos de la Corte, realizada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, revela que hay "suficientes elementos para crear las dudas razonables de que algo no anda bien en el sistema de justicia".

Tras el análisis, la Alianza Ciudadana concluye que, o bien "existe una incapacidad manifiesta para el ejercicio del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia" o bien "existe un indicio grave de que tales decisiones responden a criterios selectivos al margen del derecho".

Tan graves son los resultados de la auditoría, que la Alianza sugiere que algunos magistrados –de actitud condescendiente– sean investigados por la Asamblea Nacional. También recomienda hacer "cambios urgentes" al sistema de administración de justicia, en especial a la selección de los magistrados.

¿Cuáles son esos hallazgos que obligan a la Alianza a hacer semejantes advertencias?

El secreto de Mar del Sur

El caso comenzó cuando el ciudadano Ramón Arias solicitó a Carlos Ramírez, coordinador de la Fundación Mar del Sur, los precios y el contrato de inspección del hospital José Domingo de Obaldía, que se construía en David (Chiriquí).

La solicitud fue negada. La fundación alegó que era privada, por lo que no estaba sujeta al alcance de la Ley de Transparencia, postura compartida por el magistrado Arturo Hoyos –ponente– y los votos favorables de sus colegas Aníbal Salas, José Troyano, Alberto Cigarruista, César Pereira Burgos, Winston Spadafora y Graciela Dixon, que negaron un hábeas data promovido por Arias.

La Alianza señala, sobre este fallo, que el análisis de la Corte "es incompleto", pues se limitó a analizar la naturaleza de la fundación y no la de los fondos que constituyen su patrimonio, "los cuales eran fondos públicos, por ser el producto de una donación de Taiwan, lo cual la obligaba a rendir cuentas sobre dichos fondos", sostiene la Alianza.

Una persona peligrosa

Julio César Espinoza fue detenido cuando despojaba de su arma de reglamento a un paramédico de la Policía Técnica Judicial, "lesionándolo gravemente". Espinoza confesó que pretendía ayudar a la fuga de Fernando Requena –detenido e investigado por tráfico de drogas– y que a cambio recibiría 40 mil dólares.

Con la ponencia de Aníbal Salas, y los votos a favor de sus colegas Rogelio Fábrega, Hoyos, Spadafora, Troyano, Cigarruista, Dixon y Pereira Burgos, el pleno decidió que la detención de Espinoza era ilegal.

Según la Alianza, la Corte debió "decretar legal" la detención de Espinoza por ser un sujeto de "alta peligrosidad" –lo cual es un agravante para considerar su detención– y porque había confesado su participación en el intento de fuga de un narcotraficante.

Pero lo más grave es que "el pronunciamiento [de la Corte] resultó selectivo", pues en otros casos "de menor o igual gravedad o donde se repiten los mismos elementos", la Corte "ha considerado el elemento de peligrosidad para decretar la legalidad de la detención".

Drogas, otro libre

En una operación de organismos de seguridad de Panamá, Estados Unidos y Colombia fue descubierta una organización criminal de narcotraficantes –vinculada a la guerrilla colombiana–. En Panamá se allanó un edificio en el que se encontraron 27 paquetes de cocaína. Resultó vinculado a la investigación Carlos Baloy Caicedo, quien fue visto en compañía de la persona encargada de la logística de la organización criminal y de uno de los residentes del edificio en donde se encontró la cocaína. Baloy asegura que no conocía a los sujetos de la organización criminal, pero la Fiscalía no le creyó y ordenó su detención.

Con la ponencia de Aníbal Salas y los votos favorables de los magistrados Spadafora, Hoyos, Troyano y Roberto González, se ordenó su libertad, condicionada a una prohibición de abandonar el país y presentarse todos los viernes ante la autoridad competente.

De acuerdo con la Alianza, el fallo de la Corte "es contradictorio e incoherente". Por un lado reconoce que "existían graves indicios contra Baloy", que lo vinculaban a un delito grave, pero, por el otro lado, le otorga una medida cautelar, que podía facilitar su fuga, agravada por el hecho de que su domicilio en Panamá se ignoraba.

Y otra vez, lo más grave: "el pronunciamiento [de la Corte] es selectivo, ya que le concede al imputado dos medidas cautelares distintas a la detención preventiva en circunstancias que en la mayoría de los casos por delitos relacionados con droga no le conceden a ciudadanos panameños".

DROGAS, MÁS LIBERACIONES

La colombiana Lorena Henao Montoya fue acusada de delitos vinculados con drogas y contra la economía nacional y la fe pública. Además, tenía procesos abiertos en Colombia por lavado de dinero y narcotráfico. Y se le encontró documentos que detallaban cómo se ejecutaban sus órdenes en una red criminal, así como actos de soborno de funcionarios judiciales de Colombia.

Con la ponencia de Troyano y los votos a su favor de Hoyos, Salas, Cigarruista, Pereira Burgos, Roberto González, Rogelio Fábrega y Jacinto Cárdenas, la Corte decretó ilegal la detención de Henao Montoya.

En este caso, la Alianza considera que hay "elementos suficientes que la vinculan [a Lorena Henao Montoya] a una organización familiar dedicada a actividades ligadas a delitos relacionados con droga".

Pero, según la costumbre, "el pronunciamiento de la Corte resultó selectivo, pues en procesos relacionados con drogas –como éste– y en similares supuestos se mantiene la detención del imputado mientras se realiza la investigación pertinente". Por ello, la Alianza dice que "consideramos impropio concederle libertad".

Henao Montoya fue liberada, viajó a Colombia y al llegar fue detenida de inmediato por el hallazgo en Panamá de los documentos en los que se explicaban los sobornos a las autoridades colombianas.

DROGAS, DE NUNCA ACABAR

La Fiscalía de Drogas detuvo a Luis Carlos Herrera y a Mario Arango por delitos vinculados con drogas. Se le aprehendieron provisionalmente 330 mil dólares. El juzgado primero de lo penal dicta sobreseimiento provisional y ordena devolver el dinero aprehendido.

El Ministerio Público, inconforme con la decisión, interpuso un amparo de garantías constitucionales, el cual no fue admitido por el primer Tribunal de Justicia. Pero el Ministerio Público apeló esa decisión ante la Corte Suprema.

Bajo la ponencia de Arturo Hoyos y todos los magistrados –salvo el de Adán Arjona– se confirmó el dictamen del primer Tribunal Superior, que no admitió el amparo.

Según la Alianza, el Juzgado Primero Penal cometió una infracción al devolver un dinero vinculado a un ilícito, pero se queja de que la Corte no ordenó su investigación, pese a que los magistrados están obligados a remediar y sancionar actos procesales irregulares.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia presentará el estudio completo de seis fallos el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana, en el Colegio de Abogados. Los magistrados también pueden ir.

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