asamblea aprueba proyecto en tercer debate

Aprueban la ley ‘tres en uno’

El proyecto fue catalogado como 3 en 1 porque toca el récord policivo, la revocatoria de mandato y modifica el ‘Código Penal’.

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tercer debate. La bancada oficialista rechazó varias propuestas para devolver el proyecto a segundo debate, a pesar de las críticas del presidente, Ricardo Martinelli, al artículo que establece hasta dos años de prisión por cerrar calles. LA PRENSA/David Mesa tercer debate. La bancada oficialista rechazó varias propuestas para devolver el proyecto a segundo debate, a pesar de las críticas del presidente, Ricardo Martinelli, al artículo que establece hasta dos años de prisión por cerrar calles. LA PRENSA/David Mesa
tercer debate. La bancada oficialista rechazó varias propuestas para devolver el proyecto a segundo debate, a pesar de las críticas del presidente, Ricardo Martinelli, al artículo que establece hasta dos años de prisión por cerrar calles. LA PRENSA/David Mesa

A pesar de las fuertes críticas de amplios sectores de la sociedad panameña, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer, en tercer debate y en sesión permanente, el proyecto número 110 que vuelve a hacer de acceso público el récord policivo, reforma el procedimiento para la revocatoria de mandato, y establece pena de prisión para quienes protesten en las calles.

Según lo aprobado, para que los partidos políticos puedan aplicar la revocatoria de mandato, la decisión de su Directorio Nacional deberá ser unánime; luego, ser adoptada por dos tercios de los miembros de su congreso general y, por último, ser aprobada por dos terceras partes de los electores del circuito electoral correspondiente.

En el mismo proyecto de ley, los diputados adicionaron otro artículo, mediante el cual aprueban sancionar con prisión de seis meses hasta dos años a quienes protesten en las vías públicas.

El proyecto original se refería únicamente a la restitución del récord policivo como un documento de acceso público que, al expedirse con fines laborales, solo consignará información registrada referente a sentencias condenatorias por delitos, dentro de los 10 años anteriores a la expedición del certificado.

Durante el debate, los ánimos estuvieron caldeados debido a las airadas intervenciones de los diputados de la oposición y alguno que otro del gobierno.

Por una parte, el diputado panameñista Osman Gómez, contrario a la línea de su bancada, propuso que la iniciativa se bajara a segundo debate para eliminar el artículo que establece sanciones de prisión para los protestantes, recibiendo los aplausos de los diputados opositores.

El presidente de la Asamblea, José Luis Varela, tuvo que decretar un receso para calmar los ánimos pues, además, algunas personas desde las gradas portaban pancartas y gritaban consignas en contra de la propuesta. Entre los espectadores estaba el representante de San Francisco, el perredista Carlos Pérez Herrera.

Sin embargo, el pleno se manifestó en contra de bajar el proyecto a segundo debate así: 23 diputados (Gómez y los de la oposición) votaron en contra, 36 a favor y uno se abstuvo (Jorge Alberto Rosas).

El diputado de oposición Leandro Ávila sostuvo que este proyecto fue enviado directamente por el presidente, Ricardo Martinelli. “Con esta propuesta se les impedirá protestar a las personas que estén molestas porque no reciben agua, no tienen calles en buen estado o carecen de otros servicios básicos”, agregó el político.

Ávila calificó esta situación como una “dictadura civil”, en la que Martinelli se ha apoderado de todas las instituciones del Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea.

En contraste, el diputado oficialista José Blandón calificó el discurso de la oposición como “demagógico”, y defendió el proyecto argumentando que para ser sancionado con prisión, el protestante debe haber usado la violencia, impedido el libre tránsito y causado daños a la propiedad pública o privada. Además, dijo, el Código Penal contempla penas “mucho más fuertes” para quienes protestan. “Todas las muertes de obreros en Panamá se han dado durante las administraciones del Partido Revolucionario Democrático, tanto en dictadura como en democracia”, agregó.

La mayoría de los diputados hizo uso de la palabra como táctica legislativa para retardar el debate, pero al final este se aprobó por la “aplanadora” oficialista.

Abogados rechazan carcelazo Como un exabrupto jurídico calificó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, la intención de la bancada oficialista “de penalizar la expresión de libertad y el derecho a protestar”. Rodríguez, quien se refería a la norma para castigar hasta con dos años de prisión los cierres de calle, opinó que la intención también dice mucho de la “ignorancia y del poco respeto que algunos” [diputados] tienen por la libertad individual.

Agregó que Panamá ha ratificado tratados de derecho internacional, que son parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto no se pueden aprobar leyes que violen aspectos tan fundamentales.

También señaló que el Colegio Nacional de Abogados tendrá que pronunciarse si el proyecto se convierte en ley de la República, porque no pueden transigir en cuestiones fundamentales. Añadió que están obligados a apoyar cualquier iniciativa que propenda a su anulación y hacerse oír en los espacios internacionales.

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