Balbina: Martinelli y los ‘narcoempresarios’

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PRESIDENCIA. Balbina Herrera busca mantener al PRD en el poder. LA PRENSA/Archivo PRESIDENCIA. Balbina Herrera busca mantener al PRD en el poder. LA PRENSA/Archivo
PRESIDENCIA. Balbina Herrera busca mantener al PRD en el poder. LA PRENSA/Archivo

La candidata a la Presidencia por el oficialismo, Balbina Herrera, echó mano al viejo artilugio que reza “la mejor defensa es el ataque” para contrarrestar la revelación de David Murcia Guzmán, quien dijo que le entregó 3 millones de dólares para financiar su campaña política.

La estrategia de Herrera fue de manual: en vez de dedicarse a rechazar las acusaciones, se concentró en atacar a su principal competidor, Ricardo Martinelli. Y lo hizo el mismo día en que se daban a conocer los señalamientos de Murcia.

La ex ministra de Vivienda acusó al postulante de Cambio Democrático (CD) de ser un “narcocandidato” porque el Súper 99 fue proveedor de Comercializadora Virtual S.A., la empresa de Murcia en Panamá.

“Este país ha sido tomado por el narcotráfico”, gritó en los medios, un día después de que Murcia revelara que aportó dólares a su campaña presidencial.

Herrera pidió a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, que investigue al empresario a raíz del acuerdo comercial de la empresa de Murcia con el Súper 99. Sin embargo, ese pacto no era diferente a los otros 134 acuerdos comerciales que tenía el colombiano con diferentes empresas del país.

Este diario accedió al documento que le presentó Herrera a la Procuradora. Y, según reconocidos juristas, la denuncia que aportó al Ministerio Público dista mucho de lo que dijo: Herrera acusó a Martinelli de ser un “narcocandidato” y, lo más importante, dijo que tenía “pruebas” que involucran al candidato de CD en el supuesto delito de lavado de activos.

El escrito presentado por la candidata presidencial del PRD, de escasas cuatro páginas y unos anexos de “prueba”, no es una denuncia contra Martinelli ni tampoco una querella. Se pide que se incluya dentro de las investigaciones que se le siguen a Murcia una serie de ambiguas aseveraciones genéricas.

¿Cuáles son esas “pruebas”? Herrera dice en su denuncia que el Súper 99 era proveedor de Murcia dentro de una “vasta red de comercios”. Según el razonamiento de Herrera –explicó un jurista– esa “vasta red” debería entonces, siguiendo su lógica, incluir además a 17 bancos, todos los comerciantes que aceptaban los bonos de Murcia para vender, y una cadena de proveedores, tales como las empresas distribuidoras de energía eléctrica, de telefonía, el Idaan y hasta la empresa que le vendió los muebles, por ejemplo.

¿Se puede tildar de narco y lavador de dinero a un empresario, solo porque la cadena de supermercados de su propiedad vendió certificados de compra para ser gastados por los clientes afiliados con Murcia? La respuesta la deberá dar el Ministerio Público.

Hay otro punto: en la denuncia se afirma que Alma Cortés es abogada de Ernesto Chong Coronado –tesorero de DMG, según Murcia– y que además ocupa el cargo de vicepresidenta de CD. Y nada más.

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