RESULTADOS DEL PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA.

Buscan mecanismos para juzgar a magistrados

La subcomisión de reformas constitucionales propuso un Tribunal Constitucional y un Consejo de la Judicatura.

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Una propuesta que busca romper con el juzgamiento recíproco entre el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional figura entre las iniciativas que requieren cambios a la Constitución y que se conocerán esta semana como parte de los resultados del Pacto de Estado por la Justicia.

La propuesta, elaborada por la subcomisión de reformas constitucionales, consiste en la creación de un Tribunal Constitucional que, entre otras tareas, tenga el juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los tres miembros de ese Tribunal, a su vez, serán juzgados por los diputados de la Asamblea Nacional. Los magistrados de la Corte tendrán la potestad de juzgar a los miembros de la Cámara de Diputados.

En la actualidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia juzgan a los diputados de la Asamblea Nacional, quienes, a su vez, tienen la facultad de investigar y juzgar a los magistrados de la Corte.

La referida subcomisión, que fue coordinada por la Defensoría del Pueblo, estableció asimismo que los magistrados del Tribunal Constitucional, al igual que los de la Corte Suprema, pueden ser juzgados y sancionados no solo por la comisión de delitos, sino también por "faltas gravísimas" contra la ética judicial, explicó el abogado y académico Jorge Giannareas, uno de los miembros de esa subcomisión.

Por otra parte, las subcomisiones de Transparencia y Rendición de Cuentas elaboraron una modificación al Código Judicial que contiene una lista de aquellas conductas que se consideran como "faltas gravísimas".

Giannareas, Salvador Sánchez, asesor de la Asamblea; Rigoberto González Montenegro, secretario general de la Procuraduría, y James Bernard, secretario de la Defensoría, son los padres de esta iniciativa. En la propuesta se faculta expresamente a la Procuraduría General de la Nación para investigar, sin ninguna limitación, a los magistrados y a los diputados.

Actualmente, la facultad de investigar es del pleno de la Corte; es decir, que para instruir un sumario se necesita discutirlo en el pleno de esa alta corporación judicial y resolverlo por la mayoría de sus nueve magistrados.

La Constitución vigente faculta al pleno de la Corte a comisionar a un agente de instrucción para practicar alguna diligencia que se requiera durante el proceso.

El Tribunal Constitucional propuesto estaría facultado para resolver la constitucional de las leyes y otras acciones de protección como los amparos, hábeas corpus y hábeas data, hoy en manos del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Los tres miembros de este Tribunal serían escogidos de la misma forma que los magistrados del Tribunal Electoral: uno por cada órgano del Estado.

La propuesta también incluye la creación de un Consejo de la Judicatura, como la entidad que gobierne el Órgano Judicial. Su tarea estará enmarcada en la administración de la carrera judicial y la fiscalización de los magistrados de los tribunales superiores y jueces. Ahora esa potestad está en manos del superior jerárquico del investigado.

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