BATALLA. magistrada logra triunfo en el seno de una de las redes más COMBATIVAS.

Candidatura de Dixon provoca disputa en Alianza Ciudadana

La organización busca consenso para un comunicado que no aludirá directamente a Dixon.

El asesor presidencial Ramiro Guerra fue uno de los mayores opositores a que se criticaran las aspiraciones.

ELECCIÓN. En Nueva York, entre el 30 de octubre y 14 de noviembre se escogerá a los magistrados de la Corte Penal Internacional. ELECCIÓN. En Nueva York, entre el 30 de octubre y 14 de noviembre se escogerá a los magistrados de la Corte Penal Internacional.
ELECCIÓN. En Nueva York, entre el 30 de octubre y 14 de noviembre se escogerá a los magistrados de la Corte Penal Internacional.

Tras emprender el viaje por los Países Bajos, que aprovecharía para buscar votos a favor de su candidatura a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia panameña, Graciela Dixon, dejó atrás una estela de posiciones contrapuestas sobre su postulación a ese organismo.

La escalada de posturas ubicadas en la acera de enfrente unas de las otras, llegó al seno de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una red de organizaciones no gubernamentales que impulsa reformas al sistema judicial en Panamá.

En su más reciente reunión, el pasado martes 18 de septiembre, la Alianza trajo al tapete del debate la posibilidad de que se hiciera público un comunicado en torno a la postulación de Dixon a ese cargo internacional, de la mano de actual gobierno.

El asesor presidencial Ramiro Guerra, quien representa al Colegio Nacional de Abogados en la directiva de la Alianza, fue uno de los más fervientes opositores a que la red hiciera un comunicado de rechazo abierto a tal designación, confiaron varios de los participantes en la cita. Su postura no provocó extrañeza en el seno de la Alianza, dijeron otros. Dixon se ha movido dentro de grupos de la sociedad civil en busca de apoyo.

Tras la asunción de la nueva directiva, de la que Guerra forma parte, el Colegio de Abogados no solo salió a respaldar las aspiraciones de Dixon a la Corte Penal, sino que también criticó la reciente auditoría ciudadana elaborada por Alianza sobre el cumplimiento del Pacto de Estado por la Justicia.

Guerra recibió el respaldo en su posición de Aida Selles, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, también integrante de la Alianza. Este diario no puedo ubicar a ninguno de los dos.

Pero en la reunión del pasado martes estaban presentes representantes de otros gremios, como Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, y Otilia de Koster, del Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá, que ya habían anunciado su posición sobre la nominación de Dixon.

Koster reconoció a este diario que ella pidió un pronunciamiento en contra de esa candidatura, pero su voz no tuvo el respaldo de la mayoría.

Tras pujas y repujas, la Alianza resolvió elaborar un comunicado más general.

En uno de los borradores que ha circulado se cuestiona que el Gobierno no consultara la referida candidatura, y expresó su oposición sobre los fallos de la Corte que ordenan la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada.

A través de la misión permanente en las Naciones Unidas, el Gobierno postuló el 21 de agosto pasado a Dixon. La elección se hará entre el 30 de octubre y 14 de noviembre, cuando los países firmantes del Estatuto de Roma –documento que creó la Corte Penal– se reúnan en Nueva York.

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