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45 MILLONES DE DÓLARES EN PRÉSTAMOS IRREGULARES.

Carlos Piad será investigado

La investigación sobre fideicomisos de la CA en la pasada administración está en manos del MP.

ACCIÓN. Durante todo el proceso, Piad ha sostenido su inocencia y señalado que los procedimientos fueron legales. ACCIÓN. Durante todo el proceso, Piad ha sostenido su inocencia y señalado que los procedimientos fueron legales.
ACCIÓN. Durante todo el proceso, Piad ha sostenido su inocencia y señalado que los procedimientos fueron legales.

Bajo la ponencia del magistrado Aníbal Salas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por el ex gerente de la Caja de Ahorro (CA) Carlos Raúl Piad, que buscaba frustrar una decisión de un tribunal inferior en el que se resolvió no archivar una investigación sobre la entrega de siete globos de terreno estatal a un grupo de promotores privados.

La historia tuvo su génesis en una querella penal interpuesta el 18 de diciembre de 2004 por Eudoro Jaén, quien en ese momento era gerente de la CA, y Cristóbal Arboleda, entonces ‘zar anticorrupción’, que alcanzaba a Piad y a miembros de la directiva de la entidad bancaria en la pasada administración (1999-2004) por supuestos delitos de corrupción, perpetrados a través del otorgamiento de más de 45 millones de dólares en préstamos irregulares.

ANTECEDENTES

El Juzgado Primero de Circuito Penal, bajo la responsabilidad de Rolando Quezada Vallespi, ordenó archivar el expediente debido a que las diligencias se iniciaron en momentos en que Piad gozaba de fuero electoral como secretario general del Partido Arnulfista, hoy Panameñista.

La decisión del juez fue apelada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que revocó la sentencia y ordenó reactivar las investigaciones en la Procuraduría General de la Nación.

FUERO ELECTORAL

Aura E. Guerra de Villalaz, apoderada judicial de Piad, atacó la citada decisión ante la Sala Penal de la Corte, basada en que la Fiscalía tenía que solicitar al Tribunal Electoral la autorización previa para investigar a Piad, porque gozaba de la protección que otorga el proceso electoral, que concluía tres meses después de los comicios generales.

Al resolver la controversia, el magistrado Salas dijo que durante el periodo en que Piad se encontraba amparado por el citado fuero electoral no se le formularon cargos en su contra. Este hecho, según Salas, no ubica a Piad en la categoría de procesado, cualidad que solo se adquiere cuando existe un llamamiento a juicio.

Ante ello, la Corte resolvió remitir el caso al Ministerio Público para que continúe las investigaciones.

La denuncia de Jaén y Arboleda consistió en que la CA, en la administración de Piad, entregó valiosos globos de terreno, pertenecientes a la institución, a siete promotores particulares para su desarrollo urbano, administración y posterior venta. La operación fue la siguiente: la entidad recibió varias propuestas de los diferentes promotores y nombró una comisión formada por personal de la CA que analizó las propuestas. Los proyectos fueron seleccionados y aprobados, tras lo cual se constituyó un fideicomiso por cada uno de ellos.

La Caja traspasó al promotor la administración de la parcela o lote que le tocaba, a fin de que este último la desarrollara "a su propia cuenta y riesgo", conforme a la zonificación obtenida (que pudo ser comercial o residencial).

La CA aprobó el plan maestro de cada proyecto y, en su calidad de banco, se comprometió a financiar la compra de las futuras unidades habitacionales, comerciales o terrenos a terceros.

A cambio, la CA recibiría el 12% de plusvalía sobre cada dólar que se obtuviera sobre el precio de venta establecido en el plan maestro, más el valor de las tierras.

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