ancón. LA VENTA DE ÁREAS BOSCOSAS PONE EN PELIGRO UNA RESERVA FORESTAL.

Ciudad Los tropiezos legales de un parque

A pesar de las normas que protegen el Parque Camino de Cruces, al menos 100 hectáreas han sido vendidas.

Asociaciones ambientalistas se unen para defender la reserva forestal ubicada en el corazón de la capital.

EXTENSIÓN. El parque Camino de Cruces tiene, según ley, una superficie de 4 mil 876 hectáreas, de las cuales 326 corresponden a los bosques de Clayton que revirtieron en 1999, cuando el gobierno comenzó a administrar el Canal. EXTENSIÓN. El parque Camino de Cruces tiene, según ley, una superficie de 4 mil 876 hectáreas, de las cuales 326 corresponden a los bosques de Clayton que revirtieron en 1999, cuando el gobierno comenzó a administrar el Canal.
EXTENSIÓN. El parque Camino de Cruces tiene, según ley, una superficie de 4 mil 876 hectáreas, de las cuales 326 corresponden a los bosques de Clayton que revirtieron en 1999, cuando el gobierno comenzó a administrar el Canal.

Quince años después de su creación como una zona de reserva forestal, el Parque Nacional Camino de Cruces (PNCC) está perdiendo áreas boscosas protegidas.

Un análisis del comité Pro defensa de los bosques urbanos y del Parque Nacional Camino de Cruces sobre las áreas cedidas a la industria inmobiliaria concluye que, desde la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), ahora Unidad Administrativa de las Áreas Revertidas del Ministerio de Economía y Finanzas, se han vendido alrededor de 100 hectáreas de bosques del parque. Además de que no todas las zonas que, por ley, forman parte del parque han sido incluidas dentro de él.

Todo empezó en 1992, cuando la Asamblea Legislativa (ahora Asamblea Nacional) aprobó la Ley 30 del 30 de diciembre, que creó el parque con una extensión de 4 mil 286 hectáreas de bosque.

Tres años después, mediante la Ley 29 de 1995, se incorporaron 590 hectáreas, por lo que –en total– el PNCC tendría actualmente una superficie de 4 mil 876 hectáreas, de las cuales 326 serían anexadas de los bosques de Clayton cuando estos revirtieran al país.

Sin embargo, de las 326 hectáreas de los bosques de Clayton, solo 280 hectáreas han sido incluidas al PNCC según un estudio de los límites del parque –establecidos tanto en la Ley 30 de 1992 y la Ley 29 del 23 de junio de 1995– que hizo Alexis Baúles, miembro del comité. (Ver infografía)

LA LUCHA CIUDADANA

El comité Pro rescate de los bosques urbanos y del Parque Camino de Cruces empezó su lucha cuando se conoció, en 2004, la adjudicación de los lotes CL35 y CL43 al empresario Carlos Pasco quien pretendía desarrollar en ellos proyectos residenciales de lujo en supuesta armonía con el ambiente.

La Corte Suprema suspendió provisionalmente el acto de adjudicación de los lotes, al acoger una demanda del comité que pedía declarar ilegal el cambio del uso de suelo. La demanda sigue sin resolver.

"Después de esa lucha, la ARI suspendió las ventas de las áreas boscosas y ahora vemos que se vuelve a comercializar con esas zonas que por ley sirven de amortiguamiento del parque", dijo Raisa Banfield presidenta del comité.

La alerta se dio cuando el pasado 24 de abril apareció publicada en Gaceta Oficial la venta de un globo de terreno al colegio Javier y se autorizaba la venta, mediante subasta pública, a la Asamblea Nacional, de otra área boscosa del parque.

Según Banfield, el problema radica en que las autoridades no han cumplido con las leyes que establecieron las áreas que pertenecen al bosque.

No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo, señala que hay que diferenciar las zonas del parque que por ley le pertenecen, de los bosques que lo rodean, que son del Estado, y por tanto son sujeto de adjudicación, siempre y cuando –aclara– se cumplan las normas ambientales para su desarrollo.

Castillo explicó que en el caso de las casi 15 hectáreas que la Asamblea subastará el próximo 16 de julio, estas fueron, por ley, sustraídas del parque para su comercialización, por lo que no pertenecen a esa reserva.

LEYES NO ESTÁN EN PIEDRA

El argumento de Castillo es una de las preocupaciones del comité. "Además de que no se incluyen las áreas boscosas de Clayton en el parque, se sustraen áreas para su comercialización", dijo Banfield.

Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la Autoridad Nacional del Ambiente, se une a la preocupación del comité y resume el problema de manera matemática: Sobre el PNCC se han aprobado cuatro leyes, una que lo crea, otra que le añade áreas boscosas y dos que le extraen terrenos.

Fue así que el espíritu de la ley 30 de 1992, de no permitir obras civiles dentro del parque y en sus áreas de amortiguamiento, fue desvirtuado tres años después. En 1995, mediante la Ley 29 del 23 de junio, se modificó para permitir la construcción del Corredor Norte.

Mitchell afirma que ha sido una cadena de errores, que va desde modificaciones de las normas hasta establecer linderos sin ningún estudio en campo. "Lo que pasa es que cuando se creó la Ley 30 se fijaron linderos que no correspondían", recalcó.

Banfield señala que lo que más sorprende es que la ley 21 del 2 de julio de 1997, que dicta el Plan Regional y General del uso de las áreas del Canal, prohíbe la venta de las áreas destinadas por sus características a la protección del ambiente.

Frente al riesgo de que el PNCC, uno de los dos pulmones que tiene la ciudad, siga perdiendo cobertura boscosa, el comité formó la Asociación de Amigos del Parque integrada, además, por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación Natura, la Alianza Pro ciudad y la Junta Comunal de Ancón, las cuales harán el próximo viernes una jornada de reforestación en áreas de pajonales de Avenida de la Amistad.

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