Proyecto. Martín Torrijos recibió ayer el paquete de reformas a los códigos penal y procesal penal.

Comisión propone aumentar las penas

La condena máxima para los que cometan más de un delito podría ser ahora de 35 años de prisión.

La Alianza Pro Justicia pide que el proyecto sea publicado en internet, para que la población lo consulte.

RECOMENDACIÓN. Wilfredo Sáenz, en compañía de otros miembros de la Comisión Codificadora, entregó a Martín Torrijos las propuestas de reformas a los códigos. RECOMENDACIÓN. Wilfredo Sáenz, en compañía de otros miembros de la Comisión Codificadora, entregó a Martín Torrijos las propuestas de reformas a los códigos.
RECOMENDACIÓN. Wilfredo Sáenz, en compañía de otros miembros de la Comisión Codificadora, entregó a Martín Torrijos las propuestas de reformas a los códigos.

Luego de cuatro meses de análisis y consultas, la Comisión Codificadora entregó ayer al presidente de la República, Martín Torrijos, los borradores de los proyectos que reforman los códigos Penal y de Procedimiento Penal.

En la propuesta penal, la comisión recomendó un aumento de 20 a 35 años de cárcel cuando se produzcan dos a más delitos durante el mismo incidente. También se propone aumentar las penas para los delitos de homicidio, blanqueo de capitales, violencia sexual, corrupción de menores, pornografía de menores, terrorismo y tráfico de drogas. (Ver cuadro).

En tanto, en las reformas al Código de Procedimiento Penal, se plantea la creación de la figura de los jueces de garantía, de cumplimiento de penas y de circuitos colegiados. Con esto se pretende "abreviar los procesos y lograr una justicia, pronta, oportuna, transparente, imparcial y sin excesos", según el magistrado del Tribunal Superior (Ramo Penal) y coordinador de la Comisión Codificadora, Wilfredo Sáenz.

El magistrado agregó que la propuesta de reformas al sistema de justicia "está inspirada en el principio de humanidad, de respeto a los convenios sobre Derechos Humanos y la intervención mínima de la justicia penal".

Junto a Sáenz, integran la Comisión Codificadora los abogados Jorge Giannareas, Mercedes Araúz de Grimaldo, Ana Belfon, Silvio Guerra, Jerónimo Mejía, Carlos Muñoz Pope y José Juan Ceballos; los diputados Jerry Wilson y Wigberto Quintero, y el asesor de la Asamblea, José Rigoberto Acevedo.

La entrega del informe de recomendaciones se realizó ayer, durante un acto en la Casa Amarilla del Palacio de las Garzas, en presencia del presidente de la Asamblea, Elías Castillo; la presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixón; la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez; el procurador de la Administración, Óscar Ceville, y la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, una de las organizaciones civiles que participó del proceso, solicitó a Torrijos que coloque las recomendaciones en un sitio en internet, para que éstas sean debatidas y enriquecidas con las opiniones de otros sectores y gremios.

"Tenemos que democratizar el debate de la reforma penal, ya que el cambio de sistema de justicia penal debe ser el producto de un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional se discute en las universidades, los medios de comunicación, los foros y los debates públicos" detalló la Alianza en un comunicado.

Por su parte, Torrijos señaló que hay un "clamor" y un reclamo de la sociedad para que se cumpla con los principios constitucionales de que la justicia tiene que ser "imparcial, expedita e ininterrumpida".

"Esto es que se garantice acceso a la justicia a todos por igual", recalcó.

El Presidente argumentó que se requiere de un sistema que "no discrimine al pobre" y que le haga justicia a todos los que concurran a los tribunales, "que se protejan tanto los derechos de los demandantes como de los demandados, y que haya garantías procesales para los sindicados, así como los derechos de las víctimas y sus familiares".

Génesis de las reformas

La crisis en la administración de justicia surge tras una serie de acusaciones entre los magistrados de la Corte Suprema, lo que llevó a Torrijos ha convocar, en marzo de 2005, a la Comisión de Estado por la Justicia, mediante la firma de un "Pacto de Estado".

La comisión se reunió por seis meses y, en septiembre de 2005, presentó a Torrijos un informe que contenía proyectos –a corto, mediano y largo plazo– para reformar el sistema de justicia.

Posteriormente, Torrijos nombró dos comisiones: una técnica para recopilar todo la información del sistema penal, y otra codificadora, para redactar los borradores de proyectos de reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal.

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