LEY 2 DE 2006. PESE A LA OPOSICIÓN DE MORADORES Y AMBIENTALISTAS, LA NORMA FUE SANCIONADA.

Concesiones de islas por 90 años

El término de la adjudicación es a 60 años con opción a una prórroga por 30 años más.

CONTADORA. Ahora a los inversionistas les será más fácil desarrollar proyectos turísticos en islas y costas de Panamá. CONTADORA. Ahora a los inversionistas les será más fácil desarrollar proyectos turísticos en islas y costas de Panamá.

CONTADORA. Ahora a los inversionistas les será más fácil desarrollar proyectos turísticos en islas y costas de Panamá.

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La recién sancionada "ley insular", promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha encontrado una férrea resistencia de moradores e inversionistas de las áreas costeras de Bocas del Toro y de Colón, quienes alegan que perderán las tierras que han ocupado por generaciones, debido a que carecen de títulos de propiedad. Además, manifiestan que tal y como está concebida la ley no deja claro cómo queda el tema de tierra firme. Otros alegan que el período de la concesión es muy largo.

LA NUEVA LEY

La Ley 2 de enero de 2006 establece que las concesiones serán por un término de 60 años con la opción de prórroga por 30 años más. Este trámite requiere de convocatoria pública conforme a la reglamentación que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, estipula que las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea, pero en aquellos casos en que las servidumbres no puedan ser de 22 metros, la Dirección de Catastro con el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad Marítima de Panamá harán la determinación de la distancia.

La norma también crea la Ventanilla Única y Especial en la Dirección de Catastro, exclusiva para el trámite y la aprobación de solicitudes de concesión, con la facultad de fiscalizar que se cumplan las leyes correspondientes.

Señala la ley que la enajenación de las áreas declaradas de desarrollo especial, no podrá exceder del 50% de la superficie total del territorio de cada isla, ni podrá ser traspasada al dominio de otro Estado. Los proyectos turísticos que se ejecuten en las áreas declaradas como de desarrollo especial, no podrá exceder del 30% de la superficie total de cada isla. En todo caso, los proyectos turísticos deberán conservar el 30% de la visión paisajística de la zona costera insular.

El tema de la tenencia de la tierra no es el único que preocupa. La discusión también gira en torno a la protección del ambiente. Los ecologistas califican el proyecto de "nefasto y antipatriótico porque privatiza las costas y las islas, y provocará daños a la naturaleza".

Este proyecto "desata la especulación de tierras y la consecuente destrucción del ambiente (...) sabemos que detrás de este nefasto proyecto ha habido triquiñuelas y se demuestra corrupción por un lado y oportunismo de los allegados del Gobierno por el otro", detallaban comunicados distribuidos durante las sesiones en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional.

La nueva ley encontró un peculiar opositor. El diputado bocatoreño Benicio Robinson, miembro del oficialista Partido Revolucionario Democrático se opuso férreamente durante el primer debate del proyecto, pero al final votó a su favor.

El proceso de discusión del proyecto también se vio empañado por los escándalos de falsificación de las firmas del representante de Cuango, Ginés Góndola y de la alcaldesa de Santa Isabel, Yira Molinar, en la resolución en que se anunciaba el apoyo de la iniciativa gubernamental .

A pesar de todos los cuestionamientos, el director de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, Benjamín Colamarco, argumenta que la norma "es un instrumento que garantiza la tenencia de la tierra, estimula la inversión turística y desarrolla otras leyes".

El Ejecutivo piensa igual y lo demostró ayer, ya que en medio del paradisíaco paisaje de Bocas convirtió en ley de la República el "proyecto insular".

Ahora, la Dirección de Catastro y los municipios deben levantar un estudio de propiedad de las tierras estatales que han sido declaradas áreas de interés turístico nacional y delimitar las áreas que podrán darse en concesión, respetando títulos y derechos posesorios.

(Vea Voces de la calle)

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