debate.puntos opuestos en ley que norma territorio insular.

Concesiones a prueba legislativa

Ya se aprobaron los 13 primeros artículos del polémico documento en la Comisión de Hacienda.

Algunos expertos estiman que el proyecto no contempla términos para la protección ambiental.

Explicaciones. El inversionista francés Gerard Boyer (Izq.) y el director de Catastro, Benjamín Colamarco, durante la discusión del proyecto. Explicaciones. El inversionista francés Gerard Boyer (Izq.) y el director de Catastro, Benjamín Colamarco, durante la discusión del proyecto.
Explicaciones. El inversionista francés Gerard Boyer (Izq.) y el director de Catastro, Benjamín Colamarco, durante la discusión del proyecto.

Tras aprobar un primer bloque de 13 artículos, la comisión legislativa de Hacienda se apresta esta semana a tocar la parte sensitiva del proyecto que regula las concesiones para inversión turística y la enajenación de territorio insular para aprovechamiento del sector turismo.

El documento consta de 35 artículos. Es, en opinión del director de Catastro, Benjamín Colamarco, un instrumento que garantiza la tenencia de la tierra y estimula la inversión turística, para beneficio de las áreas declaradas zonas turísticas, en especial en la región insular del país.

OPOSICIÓN

Al margen de estos señalamientos, el proyecto encuentra férrea resistencia en sectores ambientalistas, inversionistas extranjeros y el Consejo Provincial de Colón. En esta última instancia, el representante Ginés Góndola solicitó el retiro del proyecto. "La aplicación de esta ley promoverá la arbitrariedad y la corrupción, porque se le otorgará a determinadas instituciones la potestad de expropiar las tierras que deseen, ya sea territorio insular o continental, y tenga o no título de propiedad", aduce el quejoso.

Al respecto, Colamarco insiste en que la norma "no es ni será una herramienta para la expropiación de tierras insulares ni continentales".

Según el funcionario, el proyecto tiene "propósitos centrales", que son, a su juicio: "poner orden, apoyar el desarrollo económico y social regional y promover la inversión turística en áreas declaradas como zonas de desarrollo turístico".

En el plano ambientalista, el arquitecto Brooke Alfaro advierte que aunque especialistas y científicos consideran necesaria esta ley; paradójicamente, desprotege las islas. "Si esta ley se aprueba como está, será un consultor contratado por quien vaya a hacer la inversión el que determine la categoría del estudio de impacto ambiental, dejando fuera de este trámite a la Autoridad Nacional del Ambiente. Por otro lado, el proyecto se enfoca más en la tenencia de la tierra, y deja por fuera aspectos como la biodiversidad existente en las cercanías de las islas, en donde se reproduce gran cantidad de vida marina. Si el proyecto no mejora los aspectos ambientales, por buscar ganancias rápidas, haremos un grave daño, un irreversible y criminal daño bioecológico", sostiene Alfaro.

La explicación que da Colamarco es que el proyecto sí tiene aspectos ambientales, y que estos están bien definidos. "El capítulo tercero del proyecto de Ley establece que las áreas declaradas de desarrollo especial para aprovechamiento turístico en territorio insular no podrán estar ubicadas a menos de 10 kilómetros de las fronteras; ni podrán ser áreas declaradas de patrimonio histórico nacional, patrimonio de la humanidad, dedicadas a la conservación del medio ambiente, a fines de conservación forestal o científicos, y que no formen parte de las comarcas indígenas".

PREOCUPACIÓN

Otro de los sectores preocupados es el de los tenedores de derechos posesorios en estas tierras, extranjeros sobre todo.

Los esposos Boyer, Michelle y Gerard llegaron a Panamá desde Francia hace nueve años como turistas, y decidieron que este país era un buen lugar donde pasar el resto de sus días. Compraron tierras en territorios insulares de Colón con derecho posesorio; pero ante el proyecto que discute la Asamblea, creen que su inversión corre peligro.

"Me siento decepcionada", confiesa la señora Boyer, quien sostiene que está haciendo trámites de naturalización panameña "por gusto", debido a que sus derechos de posesión se ven afectados. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Pedro Miguel González, considera que existe un compás abierto para conciliar aquellos puntos donde existe descontento. El documento camina así hacia su discusión esta semana en un segundo bloque, desde el artículo 14.

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