TRANSPARENCIA. EFECTO EN LOS POBRES.

Corrupción nos cuesta 2 mil millones

El cobro de coimas reduce en 1.98% el costo de oportunidad de los 2.8 millones panameños, según Transparencia Internacional.

Hoy entra en vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que fue ratificada por Panamá recientemente.

La corrupción le cuesta a cada panameño un promedio anual de 767 dólares, es decir, 2 mil 147 millones de dólares, si se toma en cuenta que el país tiene, según cifras oficiales de Contraloría, 2.8 millones de habitantes.

El dato se desprende de un estudio realizado por el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) dado a conocer ayer en la víspera de la entrada en vigencia hoy de la Convención de las Naciones Unidas contra este flagelo.

El pago de coimas y sobornos causa una merma de 1.98% en el crecimiento de los ingresos, según el economista Patricio Mosquera, quien condujo la investigación.

En el caso de Panamá la disminución de la Corrupción a niveles de países como Costa Rica, permitiría un crecimiento económico destacable.

Todo lo anterior puede interpretarse como un costo de oportunidad de los ingresos que se dejaron de percibir por no reducir los niveles de corrupción, indicó.

Se ha comprobado que los países con mayores niveles de este flagelo tienden a disminuir su crecimiento económico a largo plazo.

Los resultados, a juicio de Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional de Panamá, permiten establecer sin duda, que "la corrupción y la pobreza no son temas disímiles y, además, la experiencia ha demostrado que menos corrupción está asociada a menos mortalidad infantil, y que las variables sociales y de desarrollo tienden a ser considerablemente mayores".

Los costos de la corrupción representan aproximadamente tres meses de sueldo para alguien que gana el salario mínimo, según el estudio.

Maytín informó que lospaíses que hayan ratificado la convención de las Naciones Unidas se beneficiarán de asistencia para repatriar bienes robados por dictadores y otros funcionarios públicos, así como la prevención del lavado de dinero y la persecución de empresas extranjeras e individuos corruptos..

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