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Magistrados ya fallaron que el estado no tiene ninguna responsabilidad

Corte asesta otro golpe a las víctimas del 8B-06

La Sala III unió dos demandas de indemniza-ción presentadas por los familiares de dos fallecidos en el incendio del autobús en 2006.

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SINIESTRO. 18 personas murieron calcinadas el 23 de octubre de 2006. Otras 25 sobrevivieron. LA PRENSA/Archivo SINIESTRO. 18 personas murieron calcinadas el 23 de octubre de 2006. Otras 25 sobrevivieron. LA PRENSA/Archivo
SINIESTRO. 18 personas murieron calcinadas el 23 de octubre de 2006. Otras 25 sobrevivieron. LA PRENSA/Archivo

La Sala III de la Corte Suprema muestra un comportamiento errático en relación con las demandas presentadas por los familiares de las víctimas del autobús 8B-06.

Si la semana pasada fallaban en contra de una demanda de indemnización y rechazaban otra, ayer se conoció que los mismos magistrados decidieron acumular –unir– dos demandas presentadas por daños y perjuicios, por un monto de 25 millones de dólares cada una, por la muerte de dos pasajeros del autobús incendiado.

Ambas demandas fueron presentadas por el abogado Carlos Gavilanes. Una es en representación de Moisés Santoya, y la otra, de Virgilio Cedeño Herrera.

Santoya es hijo de Melva Sánchez, pasajera que falleció tras sufrir quemaduras en más del 80% del cuerpo.

Cedeño perdió en el accidente a su hija Zuleika y a dos nietos menores de edad.

Como la reclamación de Santoya y Cedeño se origina en el mismo hecho –el incendio del bus 8B-06– y tienen como demandado al Estado, a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y al Banco Nacional de Panamá (BNP), los magistrados decidieron la unión de ambos expedientes, según explica el fallo de Winston Spadafora (ponente), Víctor Benavides y Alejandro Moncada.

La Sala III mantiene en trámite otras siete demandas por daños y perjuicios presentadas por más sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio.

Entre las demandas en trámite están la de Carlos Pinzón, cuya esposa Mayra falleció en el siniestro, y la de César Camargo, padre de Janete Camargo, otra de las víctimas mortales.

Por la muerte de Janete hay otra demanda en curso, presentada por una de sus hermanas quien también perdió ese día a su madre, Agripina Sánchez.

Pero nada augura un desenlace favorable para los demandantes.

El viernes 16 de abril, la Sala III falló que el Estado no tiene responsabilidad alguna por lo ocurrido ese día cerca de La Cresta, y achacan toda la culpa al propietario y conductor del 8B-06, Ariel y Próspero Ortega, respectivamente.

Spadafora, Moncada y Benavides citaron la Ley 14 de 1983, que regula la actividad del transporte público, y que señala que toda la responsabilidad de los daños al usuario son responsabilidad del concesionario del servicio.

Sostiene el fallo que la responsabilidad entre el transportista y el usuario “surge de un contrato de adhesión”, en el que las condiciones son fijadas de antemano por el oferente (es decir, el concesionario del transporte público), “y en ellos no hay cabida para discusión de reglas y condiciones”.

Agregan que el solo hecho de subirse a un vehículo de transporte público de pasajeros, “implica por parte del usuario la aceptación tácita del contrato”.

La semana pasada, los mismos magistrados no admitieron una demanda presentada por un familiar de una sobreviviente.

Familiares, molestos por falloLos familiares de las víctimas del bus 8B-06 –que se incendió el 23 de octubre de 2006– reaccionaron con disgusto y frustración al conocer el fallo de la Corte Suprema, que libera de responsabilidad al Estado por lo sucedido. Noemí Castillo, quien perdió a su madre y a su hermana, dijo que en Panamá, “el pueblo está expuesto a todo”. Tanto Castillo como David Ramírez –quien perdió a su hijo homónimo– reaccionaron señalando que en el país “no hay justicia”. Luis Contreras, quien sufrió serias quemaduras en el cuerpo durante el siniestro, manifestó que el fallo era, “sencillamente, una aberración”.

La Corte determinó que los únicos responsables por el accidente que costó la vida a 18 personas fueron el dueño y el conductor del autobús, Ariel y Próspero Ortega, quienes cumplen 40 meses de prisión. En consecuencia, el Estado y la Autoridad de Tránsito resultaron exentos de responsabilidad, descartándose la demanda de indemnización de 10 millones de dólares.

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