CRÍMENES DE LA DICTADURA. FALLOS DE LA SALA PENAL.

Corte se contradice

Los magistrados de lo penal anteriormente opinaban que los crímenes de la dictadura no prescribían.

Los fallos de los crímenes de la dictadura militar siguen siendo polémicos. El escenario es la Sala Penal de la Corte Suprema, en la que surgen criterios jurídicos contrapuestos entre sus integrantes en torno a su prescripción.

Tras la llegada de la magistrada Esmeralda de Troitiño –el 25 de octubre de 2004– en reemplazo del hoy desaparecido César Pereira Burgos, el criterio mayoritario de la Sala (compuesta por tres magistrados) ha variado respecto a la reapertura de las investigaciones de los asesinatos cometidos bajo aquel régimen.

Troitiño sostiene que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Panamá en la Ley 32 de 1995, no contempla que la imprescripción de los crímenes alcance a los que se cometieron antes de entrar en vigencia la norma.

Su planteamiento lo esboza, en un fallo del 3 de octubre de 2006, en el que el Ministerio Público apela una resolución del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en el que niega la apertura de las investigaciones por el asesinato, en 1977, de Gerardo Olivares.

"El hecho que los delitos de lesa humanidad estén reconocidos desde mitad del siglo XX, no lleva necesariamente a determinar que a estos se les haya otorgado en el derecho panameño la condición de imprescriptibles...", dice Troitiño.

La magistrada confirmó así la decisión del Tribunal de no reabrir la investigación. Pero esa no es la opinión de todos sus colegas en la sala.

(Vea Fallos controversiales)

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