MINISTERIO PÚBLICO SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR.

Corte reparte casos de denuncias a diputados

PYCSA denunció a Blandón por extorsión, y Robinson está demandado por un litigio de tierras en Bocas del Toro.

José Blandón José Blandón
José Blandón

La Corte Suprema de Justicia designó a los magistrados que se encargarán de ser ponentes en casos penales donde se involucra a diputados de la Asamblea Nacional que han sido presentados ante el Ministerio Público.

Fuentes del Palacio de Justicia informaron que el magistrado Winston Spadafora deberá decidir si existen méritos legales para que se investigue al diputado arnulfistaJosé Blandón Figueroa, por la denuncia que por el delito de extorsión le interpusieron los abogados de la empresa PYCSA-Panamá.

Aníbal Salas es el magistrado sustanciador de la querella penal que presentó el actual director de la Lotería Nacional, Omar Chen, contra su copartidario y diputado del PRD, Benicio Robinson, por un litigio de un globo de terreno en Bocas del Toro.

Esta denuncia fue presentada el 11 de abril pasado por los hermanos Omar y Ricardo Chen Chang, y en ella se acusa a Robinson, a su hijo Jaime Raúl y a otros directivos de la sociedad Transporte y Edificaciones del Atlántico, S.A. (TEASA), en la que el director de la Lotería Nacional posee la mitad de las acciones en circulación.

Mientras que la magistrada Esmeralda de Troitiño fue encargada de la denuncia de contrabando de mercancía que pesa sobre el diputado del partido Liberal Nacional, Rogelio Alba.

El magistrado Arturo Hoyos deberá resolver si hay evidencias legales que involucren a Alba en un caso relacionado con narcotráfico en la comarca Kuna-Yala.

Esta investigación fue iniciada de oficio en mayo pasado por la Fiscalía Primera deDrogas, luego de que un ciudadano kuna, detenido por la venta de un cargamento de cocaína en la comunidad de Uchutupu, declaró que le había entregado a Alba parte del dinero de esa transacción ilegal para que le comprara una casa en la ciudad capital.

Al magistrado Adán Arnulfo Arjona le correspondió ser el ponente en el caso que implica a la diputada suplente de Solidaridad en el PARLACEN, Victoria Ríos de Robolt, quien fue vinculada a la exoneración de un auto Ferrari valorado en 147 mil dólares con una exoneración de 45 mil dólares, sin estar juramentada en su puesto.

Con la última reforma constitucional se eliminó el término inmunidad de la Carta Magna y se quitó la facultad a la Asamblea de autorizar las investigaciones a los diputados. Ahora, la Constitución otorga a la Corte la atribución de investigar y procesar a los diputados de la Asamblea y del PARLACEN. La carta política también faculta a la Corte para comisionar a un agente de instrucción para que realice las investigaciones en los actos delictivos o policivos de los diputados.

Con el voto de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió, en junio de este año, delegar a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, las investigaciones de los actos delictivos o policivos que se imputen a los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Las denuncias en las que se implica a los diputados fueron remitidas por la procuradora Gómez a la Corte para que esta la autorice instruir estas las sumarias.

Hasta el momento ningún magistrado se ha pronunciado sobre estas peticiones.

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