CASO DE LOS ‘DURODÓLARES’.

DRP confirma el caso de enriquecimiento injustificado

EVIDENCIA. Casa veraniega de Dalvis Sánchez en Costa Esmeralda. EVIDENCIA. Casa veraniega de Dalvis Sánchez en Costa Esmeralda.
EVIDENCIA. Casa veraniega de Dalvis Sánchez en Costa Esmeralda.

Cuando Dalvis Xiomara Sánchez, directora administrativa de la Presidencia durante el mandato de Mireya Moscoso, denunció por hurto a sus empleados domésticos aquel agosto de 2002, no se imaginó que daba inicio a uno de los más grandes escándalos de la administración Moscoso: el caso de los "durodólares".

En aquella ocasión, Sánchez alegó la pérdida de dinero en efectivo que guardaba en la nevera de su casa. El hurto se aclaró tras la confesión de los implicados, pero no el origen del dinero.

La extraña situación provocó una denuncia penal que, como tantas otras durante el período del procurador José Antonio Sosa, fue archivada cuando Sánchez alegó que el dinero constituía el "ahorro de toda una vida".

Las novedades

El caso fue reabierto con la llegada al Ministerio Público de Ana Matilde Gómez, correspondiéndole a la Contraloría General la comprobación de un posible caso de enriquecimiento injustificado.

Finalmente, el 3 de marzo pasado, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría emitió una resolución determinando la existencia del enriquecimiento injustificado por parte de Dalvis Xiomara Sánchez Vergara, por la suma de 220 mil 390 dólares con 57 centavos.

Además, esta semana el caso será remitido al Ministerio Público, para que "realice las investigaciones sobre responsabilidad penal a que haya lugar".

Según la resolución de la DRP, Sánchez no pudo acreditar el incremento patrimonial durante el periodo de pruebas que justificase la existencia del dinero guardado en la nevera de su casa.

La DRP también decidió reformar el monto de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes de Sánchez hasta la suma de 220 mil 390 dólares con 57 centavos y remitir la Resolución a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para su ejecución mediante el trámite de jurisdicción coactiva.

Originalmente, la Contraloría había establecido un posible enriquecimiento injustificado por 383 mil 472 dólares con 37 centavos, durante el periodo que laboró en el Ministerio de la Presidencia, como directora Administrativa y después como asesora económica y financiera.

Sin embargo, en el periodo de pruebas, tanto ella como sus abogados aportaron una gran cantidad de pruebas que redujo la cuantía del enriquecimiento injustificado.

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