PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA.

Defensoría investigará a servidores judiciales

Las reformas a la Constitución le dan esa facultad al defensor del Pueblo.

Juan Antonio Tejada Juan Antonio Tejada
Juan Antonio Tejada

Como parte de los cambios recomendados en el Pacto de Estado por la Justicia, la Defensoría del Pueblo contará con un delegado especial en materia de administración de justicia, que se encargará de tramitar las quejas administrativas contra los servidores judiciales.

Para tal efecto, mediante resolución se nombró a Rodrigo García para el nuevo cargo y se dejó claro que esa figura diligenciará las querellas que se presenten ante la institución.

Juan Antonio Tejada, defensor del Pueblo, informó que se da basamento constitucional a la iniciativa, mediante el acto legislativo No. 1 de 27 de julio de 2004, por medio del cual se adoptaron reformas a la Constitución Nacional y se elevó a rango constitucional a la Defensoría del Pueblo.

Tejada explicó que conforme a la reforma constitucional, resulta claro que el defensor del Pueblo puede ejercer sus controles no jurisdiccionales sobre los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos, sin distinción alguna.

Con ello, el defensor podrá adoptar acciones más específicas e inmediatas, sin invadir en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, así como su independencia.

En 1998, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 23 de la Ley No. 7, por el cual se permitía a la Defensoría del Pueblo recibir e investigar quejas por "deficiente prestación del servicio por parte de la administración de justicia".

En aquel momento, la Corte Suprema de Justicia consideró que el defensor del Pueblo no tenía potestades asignadas por la Constitución, para controlar o para fiscalizar al Órgano Judicial ni al Ministerio Público.

Tejada expresó que las fallas en la prestación de ese servicio público resultan graves y demandan la pronta implementación de las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia.

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