DIETILENE GLYCOL.DEMANDAN A EMPRESA ESPAÑOLA RASFER INTERNACIONAL S.A.

Detalles de un negocio mortal

Abogados de los familiares de las víctimas afirman que Rasfer no solo mintió, sino que además fue negligente.

REPRESENTANTES. Alejandro Sanvicente y Michael Pierce lideran la acción ejercida en la fiscalía española. REPRESENTANTES. Alejandro Sanvicente y Michael Pierce lideran la acción ejercida en la fiscalía española.
REPRESENTANTES. Alejandro Sanvicente y Michael Pierce lideran la acción ejercida en la fiscalía española.

Desde que comenzaron las investigaciones por las muertes a causa del dietilene glycol, las autoridades y sindicados en el caso –incluso las víctimas y sus familiares– coincidieron al advertir la responsabilidad de la empresa española Rasfer Internacional, que le vendió a la panameña Medicom la sustancia contaminada con el tóxico. Pero no es sino hasta ahora cuando se revelan detalles de su implicación.

Los pormenores están en una demanda elaborada por abogados de Panamá, España y Estados Unidos, en representación de los familiares de las víctimas, la cual fue entablada el 23 de este mes en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General española.

El abogado Alejandro Sanvicente, del equipo español, y Michael Pierce, del grupo de Panamá y Estados Unidos, advirtieron que lo que subyace detrás del negocio de Rasfer es la mentira y la negligencia.

En otras palabras, aseguran que si Rasfer hubiera hecho el negocio como se debe, no habría 100 vidas perdidas, que son las que el Ministerio Público reconoce en Panamá hasta ahora, aunque según los abogados son 119 los muertos.

Revelaciones

Para entender lo que hizo Rasfer, es necesario regresar hasta el 7 de mayo de 2003, cuando el Seguro Social licitó la compra de glicerina.

Vista la oferta, Medicom pidió a Rasfer un presupuesto y esta le remitió el 6 de junio el "escandallo de ofertas", documento en el que le ofrecía el litro de glicerina en 0.795 de dólar y colocaba como proveedor a la también ibérica Quimidroga, de reconocida trayectoria en España.

Luego de que Medicom ganó la licitación con esas especificaciones, Rasfer cambió al proveedor por uno chino, la CNSC Fortune Way Company.

Y es aquí donde comienzan a surgir las dudas, según los abogados, pues el negocio con ese proveedor resultaba más caro, ya que litro de glicerina subía a un dólar con 27 centésimos, incluyendo el flete.

Sea como fuere, el producto fue embarcado y enviado a Barcelona, ciudad donde está radicada Rasfer desde 1985. Contrario a lo dicho hasta ahora, entre los objetos sociales de la empresa sí figura la fabricación de productos químicos y farmacéuticos, entre otros.

Por ello extraña a los abogados que, aunque el Seguro Social solicitó glicerina de farmacopea USP (Estados Unidos), y Medicom dejó claro que el producto sería para consumo humano, Rasfer pidió a la empresa china glicerina pura (a secas sin precisar que era USP).

Control de calidad

Cuando la mercancía llegó a España, Rasfer no analizó sus especificaciones. Su administradora, Ascensión Criado Marín, se limitó a traducir el protocolo, lo avaló con el logotipo de la compañía, le puso el sello y lo firmó.

Lo más grave, según los abogados, es que dicho análisis no explica el método usado por el proveedor chino y reconoce una glicerina tipo TD, cuyo uso se desconoce hasta ahora.

Más aún, el documento habla de valores de plomo y arsénico, superiores a los permitidos en Estados Unidos y Europa.

Además, ignora el análisis de parámetros necesarios para considerar que la glicerina era para el consumo humano, con lo que también obvió la norma E-422, que regula la materia.

"Todo lo anterior nos lleva a concluir que Rasfer debió reanalizar el producto, pero no lo hizo, y el resultado es el que todos conocemos", concluyen los abogados.

La demanda

Según explicó Sanvicente, la Fiscalía General española ya designó un fiscal para que defina la competencia del caso, que puede ser Barcelona, donde se radica Rasfer, o Madrid, donde fue planteada la demanda.

Luego de que se defina la jurisdicción, la fiscalía local tendrá que hacer las averiguaciones preliminares y, una vez que determine si hubo o no hechos constitutivos de delito, deberá remitir el expediente a un tribunal luego vendrá el juicio.

Según la experiencia del jurista español, el caso puede demorar de cuatro a cinco años, tomando en cuenta apelaciones e, incluso, una casación ante el Tribunal Supremo.

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