PROCESO. FISCALÍA DE VIRGINIA AVERIGUA LO QUE EN PANAMÁ SE ARCHIVÓ.

EU investiga por corrupción al presidente de PECC

Charles Jumet, quien obtuvo una concesión en Panamá, en 1997, enfrenta un proceso en su país.

La Corte Suprema en Panamá ordenó suspender y archivar una investigación sobre este caso.

medida. En octubre de 2003, la Contraloróa ordenó la cautelación de la administración de PECC, así como los bienes, muebles, inmuebles y dineros pertenecientes a la empresa. medida. En octubre de 2003, la Contraloróa ordenó la cautelación de la administración de PECC, así como los bienes, muebles, inmuebles y dineros pertenecientes a la empresa.
medida. En octubre de 2003, la Contraloróa ordenó la cautelación de la administración de PECC, así como los bienes, muebles, inmuebles y dineros pertenecientes a la empresa.

El escándalo por la concesión directa otorgada a la empresa Ports Engineering & Consultans Corp. (PECC) en la administración de Ernesto Pérez Balladares, que la Corte Suprema de Justicia panameña ordenó archivar, resurge, pero ahora en instancias judiciales estadounidenses.

Una Fiscalía Distrital en el este de Virginia, en Estados Unidos (EU), abrió un proceso por supuestas prácticas corruptas en el extranjero [corrupción de funcionarios] a Charles Jumet, quien figura como presidente de la junta directiva de la citada empresa.

ENTRE BOYAS Y FAROS

PECC es una empresa que obtuvo en 1997 una "concesión administrativa" de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN), hoy Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y cuyo director era en ese entonces, Hugo Torrijos Richa, y donde Rubén Reyna, fungía como subdirector.

La concesión, que era de 20 años prorrogables, consistía en prestar ayuda a la navegación en aguas territoriales panameñas. Para ello, el Estado le concedía los faros, las boyas, equipo de oficina, transporte terrestre y acuático que eran propiedad de la APN.

La Fiscalía de EU pidió, a su vez, la colaboración en este proceso de las autoridades panameñas. La medida no es casual. En Panamá, una investigación que comenzó la Contraloría en 2003 descubrió que funcionarios relacionados directamente con la concesión –entre ellos, Torrijos Richa y Reyna– eran, a su vez, accionistas de la compañía PECC.

INVESTIGACIÓN

El hallazgo se produjo cuando se revisó el pago de los primeros dividendos de PECC en diciembre de 1997. Warmspell Holding recibió un 30% al igual que Soderville Corp.; John Warwick obtuvo un 10% similar al de Charles Jumet. También había otros tres dueños, con acciones al portador, que cobraron sus dividendos correspondientes al 7.5%; 7.5% y 5% de las acciones.

La Contraloría probó que los rostros detrás de Warmspell Holding eran familiares muy cercanos de Reyna; igualmente ocurría con Soderville, cuyos dignatarios eran figuras del entorno de Torrijos Richa.

Un cheque cobrado por el ex presidente Pérez Balladares equivalía a los cálculos de las ganancias que PECC distribuyó sobre el 7.5% de sus acciones. Todos ellos han negado sus nexos con PECC.

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