INVERSIONISTAS LOCALES Y EXTRANJEROS RECLAMAN DERECHOS A TRAVÉS DE LA LLAMADA LEY DE COSTAS

Empresas acaparan playas de Veraguas y Darién

El Gobierno quiere elevar la tarifa por metro cuadrado de tierra, pero los inversionistas reclaman la titulación gratuita. Embajadas de EU, Canadá e Italia intervienen.

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MERCADO. Luego del auge en Bocas del Toro, las playas de la provincia de Veraguas están entre las más codiciadas. El Gobierno busca vender, pero a buen precio. LA PRENSA/Carlos Lemos MERCADO. Luego del auge en Bocas del Toro, las playas de la provincia de Veraguas están entre las más codiciadas. El Gobierno busca vender, pero a buen precio. LA PRENSA/Carlos Lemos

MERCADO. Luego del auge en Bocas del Toro, las playas de la provincia de Veraguas están entre las más codiciadas. El Gobierno busca vender, pero a buen precio. LA PRENSA/Carlos Lemos

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La mayoría dice tener objetivos ambientalistas, pero detrás del grupo de empresarios que pelea por la titulación a bajo precio o de forma gratuita de propiedades en las costas de Veraguas y Darién se mueve un multimillonario negocio.

Con la aprobación de la Ley 23 de 2009, que permitió la titulación de costas e islas y que fue impulsada en su momento por los diputados del Partido Revolucionario Democrático Pedro Miguel González y Freidi Torres, 14 empresas ahora reclaman a la dirección de Catastro sus títulos de propiedad sobre 734 hectáreas de playa en Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, y otras 349 hectáreas en la costa norte de la misma provincia (ver cuadro).

Basados en esa ley, los inversionistas le ofrecieron al Estado el pago de entre un centésimo y 15 centésimos por metro cuadrado, por titular estas valiosas tierras. En ninguno de los casos el monto total a pagar por tierras con frente de mar pasa de 30 mil dólares, lo que también le otorga a estos propietarios la exoneración del impuesto de inmueble.

Con estas tarifas, la Fundación Isla Canales de Tierra, que tiene el derecho posesorio sobre toda la isla Cébaco (con una superficie de 82 kilómetros), solo pagaría 23 mil 100 dólares por la titulación.

Otra empresa con grandes intereses es Catiland, la cual tiene derechos posesorios sobre 11 playas de Bahía Honda en Veraguas.

En tanto, en el norte de Veraguas, cinco empresas se reparten toda la costa. En esta área una empresa proponía pagar 22 mil dólares por 149 hectáreas de playa.

Detrás de este mismo objetivo está un grupo de inversionistas locales y estadounidenses –liderados por Ovidio Díaz Espino– quienes promueven un proyecto de bienes raíces en la provincia de Darién, aprovechando los bajos precios dictados por la Ley 23. Se trata del proyecto llamado La Reserva de San Miguel, cuya extensión es de 8 mil hectáreas que tienen 50 kilómetros de frente de mar.

Díaz Espino, uno de los principales defensores de la llamada Ley de costas e islas durante su discusión en la Asamblea a principios de este año, aceptó tener participación en este proyecto.

Alegó que este desarrollo sacará a la provincia de Darién de la pobreza, ya que contempla la construcción de 2 mil casas, la generación de 2 mil empleos, y una inversión aproximada de 300 millones de dólares.

Pero el grupo que promueve La Reserva de San Miguel no contemplaba que con el cambio de gobierno se decidiría no aplicar la ley y que se presentaría un nuevo proyecto con la finalidad de elevar la tarifa de las tierras y legalizar, de forma gratuita, los derechos posesorios para personas de escasos recursos hasta un máximo de dos hectáreas.

Según la propuesta inicial para reformar la Ley 23, a los proyectos turísticos con derechos posesorios se les reconocería un crédito por el 25% de lo pagado. Sin embargo, en medio de las discusiones se recomendó modificar el proyecto de ley para incluir todos los casos.

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